México: Los pobres y miserables pagarán los derroches y robos de la clase política/empresarial
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MEXICO.-Grupos de derechos humanos, feministas y de diversidad sexual, mostraron su rechazo a que el flamante asesor de Marcelo Ebrard, Javier González del Villar; sea nombrado secretario técnico del gabinete de seguridad pública del gobierno capitalino, en sustitución de la también nefasta pejista, Rosa Isela Rodríguez, ya que aseguran el sobrino del exprocurador capitalino, Samuel del Villar tiene un negro pasado no sólo vinculado a la protección del mundo del narcotráfico, sino que tiene aversión por la diversidad sexual ya que es “bipolar y traidor”, acotaron, al tiempo de recalcar: Si traicionó a Obrador y Joel Ortega ¿ que le espera a Marcelo?
Precisaron que durante su paso por Asuntos Internos de la Policía preventiva prosiguió con la política de la Gestapo de su antecesor Manuel Arroyo Hernández, (a) Comandante Tlacoyo, de quien se dice realizó un sinnúmero de extorsiones del barrio de Tepito y mantenía a renta a la mafia coreana e incluso, trascendió que varios clientes del mercado más grande de Latinoamérica, dejaron de realizar sus compras por temor a ser acusados de contrabandistas por la SSPDF.
Subrayaron que si bien es cierto su conocida prepotencia y racismo contra indígenas del doctor karateca Manuel Mondragón, conocido por la tropa como el "Miyagui de la SSP" o "Fiurer hippiteca", contra el grupo de los 400 Pueblos, con el respaldo de González del Villar, peligrarían miles de mexicanos, ya que de la noche a la mañana serían convertidos en peligrosos delincuentes.
Mondragón y Kalb, hace seis meses en relación a los campesinos veracruzanos, espetó que si fuera por el, "los sacaría a patadas".
En cuanto a del Villar, precisaron que está más que comprobada su homofobia, además de que tiene diversas denuncias penales en su contra por perseguir y golpear a gays, de ahí que su posible nombramiento sería perjudicial e iría en contra de los derechos humanos, además de que como entonces funcionario de Asuntos Internos de la SSP-DF, su obligación era constatar que uniformados no cometieran abusos contra la ciudadanía y no encabezar operativos paramilitares para violar derechos ciudadanos.
En su portar del internet, la organización de diversidad sexual www.notiese.org. Precisó que el 5 de septiembre de 2006, tres jóvenes gays fueron golpeados por elementos policíacos vestidos de civiles, al mando de los cuales estaba el director general de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), Javier González del Villar.
Relataron que: “la noche del sábado Víctor Espíndola, periodista; Sergio Téllez-Pon, escritor, y un amigo más, caminaban sobre la calles de Hamburgo, en la Zona Rosa, cuando escucharon el grito de “¡deténganse, pinches putos!”. Al no saber de qué se trataba, echaron a correr, pero Téllez-Pon fue alcanzado por uno de los seis hombres que se bajaron de dos autos con placas particulares. El joven fue tirado al suelo y pateado en el piso mientras sus compañeros intentaban regresar para ayudarlo. Cuando pudo zafarse de su agresor, los tres corrieron hasta perder de vista al grupo que los seguía. Asimismo, González del Villar sigue manteniendo escolta de parte de la SSPDF para su uso personal, al tiempo en que sigue haciendo de las suyas al interior de la corporación policiaca.
Distrito Federal— El Instituto Federal Electoral (IFE), la Suprema Corte y el Infonavit cuentan con los mejores reglamentos en materia de acceso a la información, mientras que el Senado, la CNDH y el Banco de México tienen la mayor opacidad en esa materia.
Al presentar la evaluación de la legislación sobre transparencia en el ámbito federal, auspiciada por Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), los especialistas manifestaron que la Cámara de Diputados obtuvo una calificación intermedia en esa materia.
El IFE alcanzó 8.91 puntos, la máxima calificación; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obtuvo 7.17; el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 6.74 puntos, y la Cámara de Diputados, 5.22 puntos.
En cambio el Banco de México, la Cámara de Senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apenas alcanzaron una calificación 3.91 puntos, abundaron los expertos que elaboraron dicho estudio.
Recordaron que el Congreso aprobó las reformas al Artículo 6 constitucional, para establecer los principios y bases que rigen el ejercicio de derecho de acceso a la información, y estableció el 21 de julio de 2008 como plazo para modificar las leyes federales, estatales y municipales.
Lamentaron que hasta el momento sea precisamente el Congreso de la Unión el que no haya emitido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.
En ese sentido, el académico Miguel Carbonell llamó al Congreso de la Unión "para que se deje de violar la Constitución" y destacó que desde el pasado 21 de julio los legisladores "se burlan" de la ciudadanía, pues no se ha emitido la nueva ley.
Asimismo consideró que valdría la pena alertar sobre la existencia de focos amarillos que podrían convertirse en rojos por el "menosprecio" a ese asunto, pues de no emitirse en la citada ley se corre el riesgo de un retroceso en materia de transparencia.
Isabel Davara, especialista en Derecho, destacó a su vez la importancia de que México cuente con una ley de protección de datos personales; denunció que el cabildeo de empresas privadas ha impedido que se pueda avanzar en la regulación de información de ese tipo .
Comentó que la mayoría de la empresas privadas amagan con que se paralizará el comercio si hay protección a datos personales, cuando en realidad el cliente estaría más satisfecho si le garantizan que no se le molestará al proporcionar su información cuando realiza alguna operación comercial.
En tanto que el especialista en Derecho Sergio López-Ayllón, expuso que en el estudio la CNDH obtuvo una baja calificación por que a pesar de dedicarse a la protección de garantías individuales, no ha realizado el menor esfuerzo para contar con un área de trasparencia y de acceso a la información relativamente independiente de ese órgano.
Sobre la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y una parte de la de Hacienda y Crédito Público detalló que son las entidades gubernamentales que más se han opuesto a la transparencia.
Los expertos aclararon que el estudio se limita a reglamentos de transparencia y acceso a la información de las dependencias gubernamentales, pero no analiza su práctica, pues ese tema será objeto de un segundo estudio que prevén tener listo el próximo año.
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En entrevista radiofónica, el director de Comunicación Social de la PGR, Fernando Castillo Tapia, dio a conocer que el Reino de España otorgó hoy la autorización para hacer pública la información proporcionada en la solicitud de asistencia jurídica mutua.
Precisó que de esta manera la dependencia se desiste del amparo que a manera personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales de la PGR, Adrián Franco.
El funcionario explicó que esta es una decisión que se toma también en el marco de los propósitos de transparencia que ha subrayado el procurador, y de manera muy marcada en los lineamientos de la Operación Limpieza que se
Castillo Tapia comentó al respecto a la periodista Denise Maerker, en su programa Atando Cabos, que "es evidente que para obtener transparencia, mayor eficacia y una mejor percepción en la opinión ciudadana vamos a actuar en estas dimensiones".
La PGR reiteró que no hay investigación alguna relacionada con actividades de blanqueo de dinero sobre el empresario Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación.
Además no hay elementos constitutivos de delito en que hubiera incurrido y tampoco responsabilidad penal alguna en España o en México, ya que no hay ninguna indagatoria en donde se encuentre considerado.
Entrevistado en el mismo programa, el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparán, externó su beneplácito por la decisión de la PGR de entregar a ese organismo datos sobre la presunta indagatoria al empresario Manuel Carlos Mouriño Atanes.
Más pruebas contra los Bribiesca
MEXICO.-La comisión especial de
Los argumentos: que “se violentaron las disposiciones legales que rigen las subastas”, y se evidenció la intervención de los hermanos Bribiesca Sahagún en las operaciones que favorecieron, ilegalmente, a la empresa Construcciones Prácticas.
En la cuenta pública de 2004, la ASF detectó gasto incorrecto en estados y municipios en mil 203 observaciones. A pesar de esas irregularidades en 2005 en lugar de bajar la deshonestidad pública se duplicó para alcanzar 2 mil 328, pero en 2006 el número de observaciones se disparó a 5 mil 808, destacó el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
“Para darse una idea de los costos de la corrupción al erario público federal, en 2005 fue superior a los 2 mil millones de pesos, pero en 2006 se elevó a 14 mil 178.1 millones de pesos”, subrayó el diputado del PRD al expresar que la administración pública estatal y municipal, ha sido omisa en la modernización de su administración, y demuestra una grave y creciente deshonestidad en el gasto público.
Las entidades donde se encontraron mayores visos de corrupción oficial, están el estado de México, Baja California, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Puebla.
Señaló que por ejemplo en la entidad donde gobierna Enrique Peña Nieto, del Fondo para los Servicios de Salud, se tomaron 24 mil 74 millones de pesos para el pago de un bono de fin de año, así como un “apoyo” otorgado de manera incorrecta, sin documentación comprobatoria, por 2 mil 503 millones de pesos.
Dentro de las auditorías que realizó el órgano fiscalizador desconcentrado de la Cámara de Diputados en el estado de México, en la administración de Enrique Peña Nieto, se descubrieron pagos irregulares como “compensaciones” a personal comisionado a otras dependencias, con licencia y sin goce de sueldo o bien comisionados al sindicato con goce de sueldo sin autorización o con permiso (amañado) extemporáneo.
Igualmente en la entidad mexiquense dentro del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, se descubrió que no se integraron correctamente los expedientes de personal (posibilidad de aviadores) y se registraron pagos improcedentes en facturas de medicamentos, además de que se pagaron igualmente de manera irregular, fianzas de fidelidad al personal que manejó valores del Instituto de salud en la entidad.
En suma en los recursos federales de apoyo a diversos programas etiquetados para educación, salud, infraestructura y otros para el estado de México, se descubrieron falta o inconsistencia en la presentación de la información presupuestal, contable, fiscal y financiera o realizadas después de manera extemporánea y posiblemente “fabricadas”.
Igualmente se encontraron incumplimiento de contratos, metas, objetivos y proyectos, pago de sueldos que no corresponden al tabulador autorizado, así como egresos efectuados con fines distintos a los establecidos en la legislación vigente.
Por lo que respecta al Distrito Federal, en el proyecto del “Distribuidor Vial San Antonio Tramo San Jerónimo-Las Flores”, no se cumplieron las medidas de mitigación establecidas por la Semarnat, debido a que no se ajustó a los niveles de emisión de ruido máximo permisible, además de que se autorizaron trabajos realizados de manera deficiente por 24 mil 714 millones de pesos, se realizaron pagos en exceso por mil 966 millones y no se aplicaron sanciones por incumplimiento de contratistas por 3 mil 213 millones de pesos.
“La impunidad parece haber sentados sus reales en la administración pública estatal y municipal”, dijo el presidente de la Comisión de Vigilancia, durante las mesas de análisis de revisión de la cuenta pública 2006, después de las auditorías realizadas a los recursos federales que se entregaron a estados y municipios, en donde las irregularidades en el uso de los mismos se multiplicaron de forma preocupante.
Explicó que en el Fondo para la Seguridad Pública, se encontraron graves diferencias, omisiones y deficiencias en el uso de los recursos federales en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Puebla, en las tres últimas entidades se dilapidaron 3 mil 632 millones de pesos en cuestiones que nada tienen que ver con la de resguardar integridad y bienes de los ciudadanos.
En Oaxaca, supuestamente se gastaron 5 mil 856 millones de pesos en nuevo equipo para la policía estatal que nunca fue entregado a los elementos de seguridad pública, en donde incluso se “perdieron” dos patrullas.
| Por otra parte en el Fondo de Aportaciones para la educación Básica y Normal, los estados con mayores irregularidades fueron Chihuahua, Jalisco, Baja California y Chiapas, en donde se descubrieron decenas de “aviadores” que cobraban pero nunca estaban en los centros de trabajo; por ejemplo en Chihuahua y Jalisco se descubrió que se pagaron más de 6 mil millones de pesos a personas que habían sido dadas de baja o personal inexistente en oficinas desaparecidas.
“Nos avergüenza observar que en el Informe de la Auditoría Superior de la federación, existen reportes que señalan la adquisición de vehículos de lujo para funcionarios públicos, y hasta la renta de lujosas suites que responden a excesos de relaciones públicas de funcionarios locales”, expresó Ortega Martínez.
Explicó que el fracaso de muchos de los programas de desarrollo de infraestructura, educación y salud que la Federación respalda con recursos adicionales a estados y municipios, no obedece hoy a la falta de apoyo económico “sino al desvío de recursos para el beneficio personal de servidores públicos en esos niveles de gobierno”, apuntó.
Precisó que el manejo discrecional del presupuesto, o bien la inobservancia de las reglas de operación en el gasto de los recursos federales, sólo ha fomentado la impunidad, pues en varias de las 32 entidades de la República “no se comparte el ánimo de combatir la corrupción”, indicó.
Ante tal situación la Cámara de Diputados, insistirá en la integración de todos los órganos de fiscalización locales con el fin de frenar la creciente corrupción o desvío de recursos supuestamente “etiquetados” para combatir la pobreza, la pésima educación y la creciente inseguridad pública, entre otros.