Distrito Federal— El Instituto Federal Electoral (IFE), la Suprema Corte y el Infonavit cuentan con los mejores reglamentos en materia de acceso a la información, mientras que el Senado, la CNDH y el Banco de México tienen la mayor opacidad en esa materia.
Al presentar la evaluación de la legislación sobre transparencia en el ámbito federal, auspiciada por Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), los especialistas manifestaron que la Cámara de Diputados obtuvo una calificación intermedia en esa materia.
El IFE alcanzó 8.91 puntos, la máxima calificación; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obtuvo 7.17; el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 6.74 puntos, y la Cámara de Diputados, 5.22 puntos.
En cambio el Banco de México, la Cámara de Senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apenas alcanzaron una calificación 3.91 puntos, abundaron los expertos que elaboraron dicho estudio.
Recordaron que el Congreso aprobó las reformas al Artículo 6 constitucional, para establecer los principios y bases que rigen el ejercicio de derecho de acceso a la información, y estableció el 21 de julio de 2008 como plazo para modificar las leyes federales, estatales y municipales.
Lamentaron que hasta el momento sea precisamente el Congreso de la Unión el que no haya emitido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.
En ese sentido, el académico Miguel Carbonell llamó al Congreso de la Unión "para que se deje de violar la Constitución" y destacó que desde el pasado 21 de julio los legisladores "se burlan" de la ciudadanía, pues no se ha emitido la nueva ley.
Asimismo consideró que valdría la pena alertar sobre la existencia de focos amarillos que podrían convertirse en rojos por el "menosprecio" a ese asunto, pues de no emitirse en la citada ley se corre el riesgo de un retroceso en materia de transparencia.
Isabel Davara, especialista en Derecho, destacó a su vez la importancia de que México cuente con una ley de protección de datos personales; denunció que el cabildeo de empresas privadas ha impedido que se pueda avanzar en la regulación de información de ese tipo .
Comentó que la mayoría de la empresas privadas amagan con que se paralizará el comercio si hay protección a datos personales, cuando en realidad el cliente estaría más satisfecho si le garantizan que no se le molestará al proporcionar su información cuando realiza alguna operación comercial.
En tanto que el especialista en Derecho Sergio López-Ayllón, expuso que en el estudio la CNDH obtuvo una baja calificación por que a pesar de dedicarse a la protección de garantías individuales, no ha realizado el menor esfuerzo para contar con un área de trasparencia y de acceso a la información relativamente independiente de ese órgano.
Sobre la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y una parte de la de Hacienda y Crédito Público detalló que son las entidades gubernamentales que más se han opuesto a la transparencia.
Los expertos aclararon que el estudio se limita a reglamentos de transparencia y acceso a la información de las dependencias gubernamentales, pero no analiza su práctica, pues ese tema será objeto de un segundo estudio que prevén tener listo el próximo año.
