En la cuenta pública de 2004, la ASF detectó gasto incorrecto en estados y municipios en mil 203 observaciones. A pesar de esas irregularidades en 2005 en lugar de bajar la deshonestidad pública se duplicó para alcanzar 2 mil 328, pero en 2006 el número de observaciones se disparó a 5 mil 808, destacó el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
“Para darse una idea de los costos de la corrupción al erario público federal, en 2005 fue superior a los 2 mil millones de pesos, pero en 2006 se elevó a 14 mil 178.1 millones de pesos”, subrayó el diputado del PRD al expresar que la administración pública estatal y municipal, ha sido omisa en la modernización de su administración, y demuestra una grave y creciente deshonestidad en el gasto público.
Las entidades donde se encontraron mayores visos de corrupción oficial, están el estado de México, Baja California, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Puebla.
Señaló que por ejemplo en la entidad donde gobierna Enrique Peña Nieto, del Fondo para los Servicios de Salud, se tomaron 24 mil 74 millones de pesos para el pago de un bono de fin de año, así como un “apoyo” otorgado de manera incorrecta, sin documentación comprobatoria, por 2 mil 503 millones de pesos.
Dentro de las auditorías que realizó el órgano fiscalizador desconcentrado de la Cámara de Diputados en el estado de México, en la administración de Enrique Peña Nieto, se descubrieron pagos irregulares como “compensaciones” a personal comisionado a otras dependencias, con licencia y sin goce de sueldo o bien comisionados al sindicato con goce de sueldo sin autorización o con permiso (amañado) extemporáneo.
Igualmente en la entidad mexiquense dentro del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, se descubrió que no se integraron correctamente los expedientes de personal (posibilidad de aviadores) y se registraron pagos improcedentes en facturas de medicamentos, además de que se pagaron igualmente de manera irregular, fianzas de fidelidad al personal que manejó valores del Instituto de salud en la entidad.
En suma en los recursos federales de apoyo a diversos programas etiquetados para educación, salud, infraestructura y otros para el estado de México, se descubrieron falta o inconsistencia en la presentación de la información presupuestal, contable, fiscal y financiera o realizadas después de manera extemporánea y posiblemente “fabricadas”.
Igualmente se encontraron incumplimiento de contratos, metas, objetivos y proyectos, pago de sueldos que no corresponden al tabulador autorizado, así como egresos efectuados con fines distintos a los establecidos en la legislación vigente.
Por lo que respecta al Distrito Federal, en el proyecto del “Distribuidor Vial San Antonio Tramo San Jerónimo-Las Flores”, no se cumplieron las medidas de mitigación establecidas por la Semarnat, debido a que no se ajustó a los niveles de emisión de ruido máximo permisible, además de que se autorizaron trabajos realizados de manera deficiente por 24 mil 714 millones de pesos, se realizaron pagos en exceso por mil 966 millones y no se aplicaron sanciones por incumplimiento de contratistas por 3 mil 213 millones de pesos.
“La impunidad parece haber sentados sus reales en la administración pública estatal y municipal”, dijo el presidente de la Comisión de Vigilancia, durante las mesas de análisis de revisión de la cuenta pública 2006, después de las auditorías realizadas a los recursos federales que se entregaron a estados y municipios, en donde las irregularidades en el uso de los mismos se multiplicaron de forma preocupante.
Explicó que en el Fondo para la Seguridad Pública, se encontraron graves diferencias, omisiones y deficiencias en el uso de los recursos federales en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Puebla, en las tres últimas entidades se dilapidaron 3 mil 632 millones de pesos en cuestiones que nada tienen que ver con la de resguardar integridad y bienes de los ciudadanos.
En Oaxaca, supuestamente se gastaron 5 mil 856 millones de pesos en nuevo equipo para la policía estatal que nunca fue entregado a los elementos de seguridad pública, en donde incluso se “perdieron” dos patrullas.
| Por otra parte en el Fondo de Aportaciones para la educación Básica y Normal, los estados con mayores irregularidades fueron Chihuahua, Jalisco, Baja California y Chiapas, en donde se descubrieron decenas de “aviadores” que cobraban pero nunca estaban en los centros de trabajo; por ejemplo en Chihuahua y Jalisco se descubrió que se pagaron más de 6 mil millones de pesos a personas que habían sido dadas de baja o personal inexistente en oficinas desaparecidas.
“Nos avergüenza observar que en el Informe de la Auditoría Superior de la federación, existen reportes que señalan la adquisición de vehículos de lujo para funcionarios públicos, y hasta la renta de lujosas suites que responden a excesos de relaciones públicas de funcionarios locales”, expresó Ortega Martínez.
Explicó que el fracaso de muchos de los programas de desarrollo de infraestructura, educación y salud que la Federación respalda con recursos adicionales a estados y municipios, no obedece hoy a la falta de apoyo económico “sino al desvío de recursos para el beneficio personal de servidores públicos en esos niveles de gobierno”, apuntó.
Precisó que el manejo discrecional del presupuesto, o bien la inobservancia de las reglas de operación en el gasto de los recursos federales, sólo ha fomentado la impunidad, pues en varias de las 32 entidades de la República “no se comparte el ánimo de combatir la corrupción”, indicó.
Ante tal situación la Cámara de Diputados, insistirá en la integración de todos los órganos de fiscalización locales con el fin de frenar la creciente corrupción o desvío de recursos supuestamente “etiquetados” para combatir la pobreza, la pésima educación y la creciente inseguridad pública, entre otros.
