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Detienen a implicado en asesinato Le Barón

*Fue presentado José Rodolfo Escajeda Escajeda, ''El Rikín'', sospechoso de participar en el asesinato del líder de la comunidad mormona Benjamín Franklin Lebaron; la cáptura se realizó en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Detuvo a uno de los presuntos responsables de la ejecución del líder mormón Benjamín Franklin Le Barón y su cuñado, Luis Carlos Whitman el 7 de julio pasado, en la comunidad de galeana.
Se trata de José Rodolfo Escajeda Escajeda, alias "El Rikín" lugarteniente y operador del Cártel de Juárez.
En un comunicado la dependencia informó que la captura se realizó en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
La Sedena lo señala como autor de la ejecución de los integrantes de la comunidad mormona, un crimen considerado como un acto de represalia por las movilizaciones que encabezó Le Baron y su comunidad en contra de los grupos del crimen organizado que operan en esa entidad.
Detalló que con esta aprehensión se afecta significativamente la capacidad operativa y de seguridad del cártel de los Carrillo Fuentes.

Condena la Cámara de Diputados asesinato de funcionario de Michoacán

La Cámara de Diputados condenó este jueves el atentado que privó de la vida al subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Manuel Revueltas López, en Morelia, Michoacán.
Durante la sesión de hoy, el diputado perredista, Víctor Manuel Báez Ceja propuso a través de un punto de acuerdo, exigir a las autoridades locales y federales la más profunda y seria investigación y demandó que éste y otros casos semejantes no queden en la impunidad.
Añadió que este hecho ratifica el clima de violencia e impunidad que prevalece, así como la inoperancia e ineficiencia de la estrategia del combate a la inseguridad pública, donde los gobiernos de los estados enfrentan día a día al crimen organizado.
Antes, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Ramírez Acuña, lamentó la muerte del funcionario e indicó que las secretarías de Seguridad Pública federal y local deben tomar “medidas enérgicas” en contra del crimen organizado que ha desatado la violencia en la República.
“Es muy lamentable y tenemos que tomar medidas enérgicas en contra de esta violencia que traemos en todos los estados de la República y se tienen que tomar medidas por la propia Secretaría de Seguridad del gobierno de la República como por los gobiernos de los estados, éstas son tareas que se tienen que ver con una gran profundidad”, subrayó.
Puntualizó que “no es de cuántos caen de un lado y del otro, sino cómo se va dando respuesta para avanzar en generar la seguridad para todos los mexicanos”.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, condenó de igual forma el asesinato del subprocurador de seguridad pública y dijo que es un acto de intimidación y agresión al gobierno de la entidad porque está enfrentando decididamente a la delincuencia organizada.
“La muerte del subprocurador es un hecho condenable, era una persona honorable que estaba prestando un servicio importante en el estado de Michoacán; venía con una carrera desde abajo en el servicio policial y eso es una muestra de cómo el gobierno michoacano está actuando con toda energía contra el crimen organizado”, precisó.
La diputada del PRI, Jeny De los Reyes Aguilar, manifestó la preocupación de su fracción parlamentaria por la escalada del clima de violencia y dijo que los acontecimientos de ayer en Morelia evidencian la falla de los programas en materia de seguridad diseñados por el Ejecutivo, que ha sido incapaz de garantizar la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos.
Sería un grave error, dijo, no reconocer que en todo el país, y principalmente en Michoacán, la ciudadanía queda expuesta y vive la violencia y la ineficacia con la que se han tomado decisiones en materia de seguridad. “Hoy la sociedad es quien paga los platos rotos de la ineptitud”.
Explicó que en Michoacán se han registrado 279 ejecuciones en lo que va del año, “cifra que representa el 15 por ciento de asesinatos en México”. Enrique Ríos Márquez

(INSEGURIDAD) Decomisan casi media tonelada de cocaina procedente de Sudamerica

* La droga se detectó en la Aduana del AICM con el equipo móvil de rayos x y el detector de moléculas phazir confirmó el resultado positivo a cocaína

El Servicio de Administración Tributaria, a través de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informa que gracias a los procesos de revisión implementados en las aduanas se detectó un cargamento de más de 445 kilogramos de cocaína proveniente de Sudamérica.

Los hechos ocurrieron este 26 de agosto, cuando personal de la Aduana escaneó con el vehículo de rayos x, la mercancía que arribó al país en un vuelo de la empresa de paquetería DHL, procedente de Guatemala.

En 20 cajas, declaradas como ropa y embarcada en Panamá —de acuerdo con la guía correspondiente—, se detectaron, con los rayos x, formas irregulares en su interior, por lo que se hizo una segunda revisión con rayos gamma, arrojando como resultado figuras de forma rectangular en el interior de las cajas.

Por lo anterior, se avisó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y en presencia del Agente del Ministerio Público de la Federación, se procedió a la apertura e inspección física de las cajas, encontrando dentro de ellas 391 paquetes envueltos con cinta canela empacados al alto vacío dentro de bolsas de plástico que contenían un polvo blanco, el cual fue analizado con el detector de moléculas denominado phazir, dando resultado positivo a cocaína.

El peso aproximado de los 391 paquetes del estupefaciente es de más de 445 kilogramos de cocaína, misma que se puso a disposición del Ministerio Público de la Federación para los fines correspondientes.

Este tipo de detecciones se hacen gracias al uso de nuevas tecnologías de revisión en las aduanas, con lo cual se fortalece la operación del comercio exterior y se detecta el paso de productos ilegales que afectan el bienestar y la seguridad nacional.

EXIGE CONGRESO DE GUERRERO ACLARAR ASESINATO DEL DIPUTADO ARMANDO CHAVARRÍA


Chilpancingo, Guerrero
20 de agosto de 2009
América Multimedios Agencia de Noticias

Zeferino Torreblanca
Zeferino Torreblanca Galindo se reunió con una comisión de diputados del Congreso local, quienes le exigieron el pronto esclarecimiento del homicidio del presidente de la Comisión de Gobierno, Armando Chavarría Barrera
El procurador de Justicia de Guerrero, Eduardo Murueta, negó que existieran amenazas contra el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de ese estado, Armando Chavarría, y descartó que su asesinato sea una acción del crimen organizado.

Entrevistado en Mérida, Yucatán, en donde asistió a la Conferencia Nacional de Proicuracion de Justicia informó que la Procuraduría General de la República (PGR) coadyuvará en las investigaciones para esclarecer este homicidio, ocurrido la mañana del jueves en Chilpancingo, pero que será la procuraduría local la que estará al frente de las indagatorias.

Los primeros reportes indican que en el asesinato de Chavarría Barrera participaron dos o tres personas que usaron un arma calibre nueve milímetros, "pero será la necropsia la que revele datos exactos sobre su muerte", precisó el procurador de Justicia de Guerrero.

Por su parte, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se reunió con una comisión de diputados del Congreso local, quienes le exigieron el pronto esclarecimiento del homicidio del presidente de la Comisión de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, y justicia expedita. Asistieron los diputados del PRI, Guadalupe Gómez Maganda, Marco Antonio Leyva Mena y Héctor Vicario Castrejón; del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez; de Convergencia, Efraín Ramos Ramírez; del PAN, Antonio Galarza Zavaleta; del PT, Victoriano Wences Real; del Partido Verde, Luis Edgardo Palacios Díaz; de Nueva Alianza, José Natividad Calixto Díaz, además del secretario general de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos.

Estarían vinculadas al crimen casi 1,500 casas de cambio en el país: Ancectd

Culiacán, Sin., 19 de agosto. En México operan alrededor de 3 mil centros cambiarios, de los que mil 500 no cumplen las disposiciones gubernamentales y aparentemente incurren en delitos como lavado de dinero, el cual se estima en cerca de 20 mil millones de dólares, informó Germán Castro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (Ancectd).

Dijo que dicha actividad ilícita se centra en 10 regiones del país, principalmente en ciudades de la frontera norte, como Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, y en urbes de Michoacán, Jalisco y Guerrero.

El dirigente de la Ancectd anunció la realización de la doceava Convención Nacional de esta organización, la cual tendrá lugar del 27 al 29 de agosto en la ciudad de Mazatlán, donde se reunirán especialistas en lavado de dinero, labores de inteligencia y operaciones financieras de México, Estados Unidos y Colombia.

Indicó que en breve entrará en vigor el reglamento que mantiene disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, y antes de fin de año el Senado aprobará las reformas a la Ley General de Organizaciones y Entidades Auxiliares del Crédito, que contienen modificaciones planteadas desde el año pasado por esta asociación. Estos cambios implican mayor control y transparencia en las operaciones de las casas y los centros cambiarios, pero también el registro de estos establecimientos para evitar actividades ilícitas, pero también castigarlas con cárcel, consideró.

Castro Hernández criticó la espectacularidad e ilegalidad de los operativos del Ejército contra el narcotráfico, como el realizado en Culiacán el año pasado, cuando cerraron alrededor de 30 casas de cambio, acusadas de nexos con el crimen organizado.

El gremio –destacó– apoya las acciones de la milicia contra el narco, pero no cuando están plagadas de abusos, robos y homicidios, como ha ocurrido en la zona serrana de Sinaloa, con saldo de varias personas muertas a balazos.

Manifestó que el Ejército se dice víctima del rechazo de la población, pero la ciudadanía está atemorizada por los operativos ilegales y las acciones que parecen más espectáculo mediático, las cuales carecen de estrategia e investigación previa. Es una cobardía llegar encapuchados a un negocio y cerrarlo, pisoteando la Constitución, concluyó.

"Lalo", el informante de la DEA, se queda en EU

EMILIO GODOY

MÉXICO, D.F., 14 de agosto (apro).- Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, un expolicía de Caminos y exinformante de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ganó una nueva batalla en su lucha legal por evitar su deportación a México, mientras que la investigación sobre las narcofosas en Ciudad Juárez, sobre las cuales él entregó información, y la detención de los involucrados en esos crímenes se encuentran estancadas en México.

La Corte de Apelaciones, compuesta por tres magistrados, del Octavo Circuito le enmendó la plana el pasado 4 de agosto al Comité de Apelaciones Migratorias, adscrito al Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), por lo cual no puede, por ahora, regresar a Ramírez Peyro a México, donde estaría bajo la mira de miembros del cártel de Juárez o de policías al servicio de dicha organización criminal.

En su fallo de 21 páginas de extensión, identificado con el número 08-2657, del cual Proceso obtuvo una copia, dicho tribunal determinó que ese comité debe revisar nuevamente el expediente del exinformante, nacido en 1971, y quien permanece en una cárcel federal en Minnesota (centro de Estados Unidos).

La Corte de Apelaciones, integrada por los jueces Diana Murphy, Michael Melloy y Bobby Shepherd, consideró que el Comité de Apelaciones Migratorias no dimensionó adecuadamente las amenazas que penden sobre la vida de quien es conocido como Lalo o José Contreras, código secreto SA-913-EP –como lo identificaban en la ICE-- si regresa a México.

"Mi cliente y yo estamos muy contentos con el lenguaje fuerte que usó el Octavo Circuito para revertir la decisión del Comité de Apelaciones Migratorias. Es una gran victoria en el caso", dijo a Proceso, Jodilyn Goodwin, abogada de Lalo, en entrevista.

Ahora, el caso debe regresar a ese comité, el cual debe emitir una nueva decisión "consistente con el análisis en la decisión del Octavo Circuito", en palabras de Goodwin. Esto significa que la instancia del DHS debe tomar en cuenta la postura de la Corte de Apelaciones, pero puede determinar la deportación de Ramírez Peyro o bien su permanencia en Estados Unidos.

Si ese comité resuelve en contra, se da por descontado que Goodwin, radicada en la localidad texana de Harlingen, volverá a apelar.



Historia de violencia y corrupción

Lalo entró en el narcotráfico luego de abandonar, en 1995, la Policía Federal de Caminos y empezó a trabajar con un traficante llamado Jesús Beltrán, quien movía unas tres toneladas de cocaína mensualmente. La droga procedía de Colombia y entraba por el estado de Colima. Su labor fue la supervisión de la distribución del polvo en Guadalajara desde ese año y hasta 1998.

Fuerzas militares detuvieron el 15 de diciembre de 2006 en Guadalajara a Beltrán, cercano a Ignacio Coronel y el cártel de Sinaloa.



En 1998, Lalo empezó a moverse por la zona de Gómez Palacio, Durango, en donde conoció a Heriberto Santillán Tabares --quien por esa época fue reclutado por Arturo El Chaky Hernández para trabajar a las órdenes de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, según el testimonio del exinformante, al cual Proceso tuvo acceso--, y el 12 de febrero de 2004, a Yuri Sergio Camarillo Martínez, agregado legal de la Procuraduría General de la República en Texas.

Dos años después, Santillán, quien era el número tres dentro del cártel de Juárez, detrás de Humberto Portillo, Sadam, y el propio Carrillo Fuentes, le envió su número telefónico en Ciudad Juárez a través de un mensajero. "Entonces le hablé por teléfono y nos vimos en Ciudad Juárez", contó Ramírez Peyro, quien así empezó a trabajar para él.

En 2000 se convirtió en informante de la ICE y de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), al infiltrarse en el cártel de Vicente Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez.

El espionaje permitió el descubrimiento de las narcofosas, halladas por las autoridades mexicanas el 14 de enero de 2004 en una residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de las cuales exhumaron a 12 personas, cuya tortura, asesinato y sepultura atestiguó a manos de miembros del cártel de Juárez y de policías bajo su nómina.

Su doble tarea le mostró las entrañas corruptas de los sistemas de seguridad tanto en Estados Unidos como de México. En su testimonio del 11 de agosto de 2005 ante el juez de Inmigración Joseph R. Dierkes, Lalo reveló que la corrupción por el tráfico de drogas alcanzó en esta década altos niveles policíacos y gubernamentales en ambos países, y aseguró que el entonces presidente Vicente Fox y los hermanos de Marta Sahagún formaron parte de los tratos para proteger al cártel de Juárez (Proceso 1563).

El 8 de enero de 2004 fueron asesinados en ese lugar el ciudadano estadunidense Luis Padilla, Óscar Rodríguez y otro individuo no identificado, ejecuciones de las que, según Ramírez Peyro, la ICE sabía que iban a ocurrir.

En sus testimonios, el expolicía, quien dejó de ser informante el 12 de marzo de 2004, señaló que las autoridades estadunidenses permitieron que la matanza prosiguiera, a pesar de tener información de lo que sucedía en Ciudad Juárez (Proceso 1563).

Legalmente, la ICE y la DEA se encuentran bajo diferentes fuegos legales. Por un lado, figuran las acciones emprendidas por Lalo para evitar su deportación y, por otro, agentes sancionados o despedidos han demandado a esas agencias estadunidenses, como Raúl Bencomo, miembro de la ICE que tenía bajo su mando a Ramírez Peyro y que fue despedido el 10 de febrero de este año. Bencomo presentó una querella para su reinstalación.

Además, la familia de Padilla enjuició al gobierno de Estados Unidos por su supuesta complicidad en el crimen y procesos judiciales similares (Proceso 1581).

La labor de Ramírez Peyro llevó a la captura de medio centenar de narcotraficantes, como el caso de Santillán Tabares, quien fue condenado a 25 años de prisión en abril de 2005 por tráfico ilícito de drogas, pero no por los asesinatos en Ciudad Juárez.

El gobierno de Estados Unidos le pagó a Lalo unos 220 mil dólares por la información provista y le concedió inmunidad de cualquier acción penal en su contra por su participación en el narcotráfico. Además, trasladó a su familia a territorio estadunidense por razones de seguridad y se encuentra bajo resguardo especial en prisión, pues los registros del caso hablan de unos 45 presos en Estados Unidos que estarían interesados en atacarlo por su labor de informante.

Vía crucis judicial

El fallo de la Corte de Apelaciones es un capítulo de una disputa legal de más de cuatro años de duración. El permiso de residencia de Ramírez Peyro expiró el 14 de enero de 2005, tras de lo cual el DHS empezó el 9 de mayo de ese año el procedimiento para su deportación.

Un juez de inmigración concluyó el 11 de agosto de 2005 que Ramírez Peyro podía acogerse a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, vigente desde 1984. El DHS apeló y el Comité de Apelaciones Migratorias cambió el veredicto. Por ello, Lalo presentó una apelación ante la corte.

La Corte de Apelaciones falló el 23 de febrero de 2007 que debía proseguir el procedimiento de revisión de la decisión del comité.

Un juez de inmigración respaldó nuevamente el 11 de octubre de 2007 la postura de Lalo. El gobierno estadunidense apeló y el comité revirtió esa decisión el 9 de julio de 2008.

Ejecutan a la abogada del narco Raquenel Villanueva Fraustro


MEXICO.-En lo que se presume una vendetta del crimen organizado, ayer fue ejecutada a tiros en un centro comercial de Monterrey, Nuevo León; Silvia Raquenel Villanueva Frausto, a manos de tres sicarios, quienes tras cometer el artero crimen huyeron rápidamente del lugar.
La PGR y la Procuraduría neoleonesa, dieron a conocer que a las 12:35 horas de ayer, en el Centro Comercial conocido como “Pulga Río”, de la capital neoleonesa, fue ultimada de 4 impactos de armas de fuego la litigante, quien acudió de compras a ese lugar, durante el evento era acompañada de su hija. Según testigos presenciales, Raquenel Villanueva fue interceptada entre los pasillos H y principal por 5 sujetos encapuchados y provistos de armas largas, tirando al piso a su acompañante y ejecutando inmediatamente a la licenciada Silvia Raquenel, procediendo de inmediato a darse a la fuga del lugar sin llevar a cabo acción alguna en contra de la hija.
Silvia Raquenel Villanueva Frausto había sufrido cuatro atentados contra su vida, entre los que se encuentra el del 13 de mayo de 1998, cuando le colocaron un artefacto explosivo en la puerta de su despacho, el cual estalló, ocasionando daños a varios hogares en la colonia Mitras Norte, donde vive y tiene sus oficinas. El 23 de marzo del 2000, recibió dos balazos en la ciudad de México, fuera del hotel Imperial, cuando iba en compañía de Cuauhtémoc Herrera, excoordinador de la Unidad Contra la Delincuencia Organizada., resultando herida. Posteriormente el 31 de agosto de 2000, le dispararon en su despacho en la colonia Mitras Norte en Monterrey, recibiendo 13 impactos de bala de los cuales se recupero satisfactoriamente. El 14 de noviembre del 2001, le dispararon al salir del edificio del Poder Judicial Federal en la ciudad de Monterrey. Raquenel Villanueva se vio involucrada con los siguientes hechos: en 2001 se le acusó de portación de arma de fuego sin licencia, cargo que después fue desechado. Cinco años después estuvo detenida durante tres meses, se le acusó de estar involucrada en el secuestro y asesinato de Martín Gerardo Saldaña, un agente del Ministerio Público del estado de Guerrero. Fue arraigada en la ciudad de México por órdenes de SIEDO, quien estuvo investigándola por presuntos nexos con el narcotráfico.
También se le acusó de estar involucrada con la ejecución del director de la Agencia Estatal de Investigación, Marcelo Garza y Garza. Como abogada se caracterizo por defender a miembros de la delincuencia organizada, entre los que destacan:
Cuauhtémoc Herrera Suastegui, ex secretario técnico de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada UEDO de la PGR, acusado de nexos con el cártel de Juárez.
Los hermanos Julio y Diego Santoy Riverol, acusados de homicidio de dos niños, fue defensora y representante legal de Carlos Resendez Bertolucci, (cerebro financiero del cártel que lideraba Juan García Abrego), además de asistir jurídicamente a la familia de éste último, incluso se dijo que fue testigo protegido de la DEA para lograr la detención del líder histórico del cártel del Golfo Juan García, hasta su procesamiento y condena carcelaria.
Asimismo, llevó la defensa de Homero Villasana, involucrado en el homicidio de. Leopoldo Del Real, en Monterrey, culpó al exgobernador Sócrates Rizo y al ex-Procurador David Cantú, de ser los autores intelectuales de ese homicidio. En últimas fechas litigaba la defensa de los siguientes asuntos de relevancia:por un mes llevo la defensa de Rodolfo López Ibarra, alias “el Nito” quien fue detenido el 19 de mayo de 2009 junto con 13 integrantes del cártel de los Beltrán Leyva al momento que aterrizaron en el Aeropuerto del Norte, en Apodaca Nuevo León, procedentes de Acapulco, Guerrero. El Nito presuntamente era el sucesor de Héctor Huerta Ríos, alias ‘La Burra’ o El Junior’.
El 9 de agosto la Procuraduría General de la Republica cumplimento la orden de aprehensión dictada por el juez sexto de distrito en materia de procesos penales federales del estado de México dentro de la causa penal 93/2009. Ingresando a los detenidos al CEFERESO número 3, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. El caso de Javier Herrera Valles, excoordinador de la PFP, dentro de la A.P. PGR/SIEDO/ UEIDICS/348/08, a quien se le relaciona con la recepción de pagos para proteger actividades delictivas de integrantes de grupos de la delincuencia organizada.
El asunto de las 17 personas (entonces agentes federales de investigación) presuntamente involucrados en el intento de rescate de Gerónimo Gámez García o Jerónimo Gámez García, cerebro financiero de los Beltrán Leyva en el Estado de México, estas personas junto con ocho más fueron consignadas dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/144/2009, obteniendo la orden de aprehensión correspondiente por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, homicidio calificado en grado de tentativa y evasión de presos.
Llevo la defensa legal de algunos de los 12 detenidos integrantes vinculados con los Zetas, entre ellos el expresidente del PRD de Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quienes se dedicaban al robo de hidrocarburos en los ductos de Pemex ubicados en esa entidad.
Estos hechos se dieron como resultado de la operación “Aceites” y a los cuales el juez III de distrito en el estado de Nayarit dicto les dicto auto de formal prisión dentro del proceso penal 110/2009.

El gobierno de Calderón debe rechazar certificación de EU, señala el PAN

MEXICO.-La presidenta de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, Yadhira Tamayo Herrera, se pronunció porque el gobierno mexicano rechace cualquier pretensión de Estados Unidos por imponer un esquema de “certificación” en la lucha contra el narcotráfico, porque, de aceptarlo, sería regresar a esquemas ya superados y significaría un retroceso en la relación bilateral.
La legisladora federal del PAN dijo que en momentos en que el gobierno mexicano está librando una guerra contra los cárteles de la droga, en nada ayudaría regresar “a los tiempos de la certificación”.
Recordó que en su visita a México, el zar Antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, sugirió que su gobierno certifique las operaciones de las autoridades mexicanas en el combate a la delincuencia, en lo relativo a los derechos humanos.
“Regresar a la certificación significa un retroceso en la relación bilateral que recién se presentaba como una por una lucha coordinada contra el narcotráfico”, dijo a nombre de la bancada del PAN en San Lázaro.
La legisladora federal por Michoacán, añadió que el problema del combate al narcotráfico debe ser compartido. “Si caemos en la certificación caemos en la subordinación. México, como una nación soberana e independiente no puede subordinarse a ningún gobierno extranjero por muy poderoso que éste sea”.
Argumentó que si de violaciones a derechos humanos hablamos, justamente nuestros vecinos del norte son lo que menos autoridad moral tienen para hacerlo.
“Recordemos que en su lucha contra el terrorismo institucionalizaron la tortura, esa sí, como política de Estado. Además, aún no han resuelto el tema de Guantánamo, sin mencionar la muerte de civiles en Afganistán por bombardeos de marines y los mexicanos condenados a muerte en esa nación”.
Tamayo Herrera indicó que en la mesa hay dos asuntos que debemos resolver: El primero, evitar y sancionar las violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y del Ejército. Pero también debe dejarse en claro cuántas de las quejas tienen sustento y no presentarlas como hechos probados.
El segundo punto es el exhorto para que el gobierno mexicano rechace firmemente las pretensiones estadounidenses de certificarnos en la materia.
Será la cooperación y no la subordinación la vía efectiva para combatir al crimen organizado, concluyó.

Afecta Inversión en seguridad obras y servicios de Cd Juárez


Afecta Inversión en seguridad obras y servicios de Cd Juárez
*El alcalde José Reyes Ferriz rindió su primer informe en el teatro Paso del Norte, donde se reunieron la clase política, social y religiosa de Juárez.

*Calbildos critican la creciente inseguridad y ola de asesinatos
Foto: Marisela Reyes

Ciudad Juárez, Chihuahua.-Por primera vez, en lo que va de esta crisis de inseguridad pública, el alcalde José Reyes Ferriz reconoció que la inversión en programas de Seguridad ha afectado a otras áreas de su administración, pero no enfatizó sobre el efecto real de esta crisis que se ha generalizado en todas las dependencia.
Durante su primer informe destacó la importancia en los programas de seguridad pública a la inseguridad la consideró atípica e incluso dijo que ese fenómeno delictivo opacó los pocos avances registrados en este primer año de su gobierno, y fue precisamente por haberse enfocado a luchar contra ese desorden social.
Al informe acudió el gobernador José Reyes Baeza y la representación de los poderes del Estado, además de diputados federales, ex alcaldes, miembros de agrupaciones religiosas y empresarios.
Sin embargo el jefe de la comuna juarense, mencionó que los esfuerzos realizados tanto por el gobierno del estado, el municipio y la federación para continuar con el combate frontal a la criminalidad no van a cesar y permanecerán firmes, refrendando así el apoyo al presidente de la República Felipe Calderón y del Gobernador José Reyes Baeza, al que le lo llamó "amigo de Juárez".
Un año difícil que cobró la vida de 37 servidores municipales así como de otras corporaciones policíacas, con la ayudad de los gobiernos resolvemos el problema de inseguridad.
Alabó la labor del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, frente a la representante de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Calderón fue ovacionado por los asistentes al informe.
Mencionó que "heredamos una policía contamina con la corrupción y que estamos en proceso de depuración total alrededor de 400 policías que reprobaron las pruebas de confianza muy pronto serán separados de la responsabilidad que traicionaron, no hay razón para tenerlos, el daño lo hicieron adentro de la corporación afuera se relacionan los lazos de complicidad con la delincuencia porque además quedaran registrados en el sistema de monitoreo de plataforma del gobierno federal, en esta decisión de los juarenses no hay reversa.
Reyes Ferriz, apuntó que la inversión dada en materia de seguridad pública, es una de las más importantes que se hayan dado en comparación de administraciones anteriores, ya que se invirtió en el aspecto material, en la adquisición de patrullas, armas, uniformes y equipo.
Pero sobre todo en el aspecto humano ya que se dio un aumento considerable a los salarios de los policías, incentivos con los créditos de vivienda, becas para los hijos de los policías.
Un compromiso social que es la clave del bienestar de la gente, un compromiso ético de cuerpos policíacos que es grande para alcanzar la seguridad pública, y un compromiso democrático como clave de la convivencia de una sociedad plural que debe de desarrollarse con armonía, tres compromisos que en el Plan Municipal de Desarrollo tomaron forma para llegar a niños jóvenes, mujeres, adultos mayores y emigrante repatriados.
A lo largo de un año ha desarrollado las bases iniciativas y programas precisos para edificar un modelo propio de construcción social, un esquema innovador para atender a toda la gente por igual.
En cabildo
Por la mañana, en su discurso ante el cuerpo de regidores, Reyes Ferriz dijo que "Juárez volverá a ser en pleno siglo XXI, refugio de la libertad y custodia de la patria, vamos a ser de nueva cuenta la luz y la esperanza para miles de mexicanos que encontraran aquí oportunidades que en sus lugares de origen no tienen", "Soy un convencido de que solo podremos llegar al Juárez que queremos por el camino del diálogo y de la civilidad política, y agradezco todo el trabajo que este ayuntamiento ha hecho para llegar a los consensos que Juárez necesita", manifestó al pleno del ayuntamiento.
Expresó que atrás quedaron los tiempos de pleitos entre regidores de diferentes facciones partidistas, y dijo que con orgullo hoy en día el cabildo de Juárez es un lugar en donde se exponen las ideas con altura y civilidad.
Felicitó a los regidores por la entrega y pasión que dijo tenían por esta ciudad, y los exhortó a redoblar los esfuerzos en los dos años que aún tienen por delante al frente de la comuna.
"El sueño del Juárez que queremos comenzó a tomar forma sobre sólidos cimientos. Ese Juárez en el que la justicia social sea una realidad se materializa ya en los hogares juarenses con la entrega de uniformes gratuitos para jóvenes de secundaria, con el transporte escolar dando seguridad a miles de estudiantes juarenses y con los centros de bienestar infantil", mencionó.
Expresó que también durante estos últimos doce meses se desarrolló en la localidad la campaña más grande emprendida por cualquier municipio en el país para prevenir la adicción a las drogas.
"En materia de seguridad y gracias al apoyo del cabildo, se ha hecho la inversión pública más grande de la que nuestra ciudad tenga memoria. Con el apoyo permanente del gobernador amigo de Juárez, José Reyes Baeza Terrazas", manifestó.
Dijo que había en este año tomado decisiones que por varias administraciones fueron pospuestas por temor o por desidia y que llevaron a tener en Juárez una de las policías más infiltradas por la delincuencia de todo el país.
"Hoy la depuración de nuestros cuerpos policíacos es un proceso irreversible. El siguiente paso es la profesionalización y dignificación de la carrera policíaca. La tecnología será puesta a disposición de la institución para que nuestros buenos policías puedan desempeñar su trabajo no solo con mayor eficiencia, sino con mayor seguridad", hizo saber.
Destacó que el último año ha sido difícil por los fuertes embates de la violencia criminal, la naturaleza y la crisis financiera mundial.
"(Aún así) Los juarenses podemos afirmar que seguimos de pie, y que saldremos adelante. El espíritu indomable de los juarenses triunfará una vez más. No me queda duda de que así como en otras crisis económicas en las que hemos sido líderes para la recuperación de empleos, en los próximos años vamos a ser la luz de esperanza para miles de mexicanos que encontrarán aquí oportunidad que en sus lugares de origen no tienen", expresó.
"Ese mismo espíritu indomable del que seguramente se imbuyó Benito Juárez para recuperar desde aquí a la patria invadida, nos permitirá hoy a los juarenses ser los líderes en la cruzada que nuestro gobernador y el presidente de la república han emprendido para recuperar el país de las garras de la delincuencia. Juárez volverá a ser, en pleno siglo veintiuno refugio de la libertad y custodio de la patria", dijo para concluir.
Reaccionan regidores
Luego de escuchar el informe rendido ante el ayuntamiento, Gustavo Muñoz Hepo, coordinador de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional consideró que ha concluido el primer tercio de esta administración y los resultados no han sido, por mucho, como se planearon. Dijo que trabajando y reconociendo errores, se puede enderezar el rumbo, "eso queremos en la Fracción Edilicia del PAN y a eso lo invitamos señor Presidente, si usted lo desea, encontrará en nosotros el más decidido apoyo para sacar adelante su gobierno en beneficio de nuestra querida ciudad".
Los verdaderos enemigos de Juárez son la apatía, la corrupción, la ilegalidad y la impunidad. En la lucha contra ellos debemos coincidir.
Esperamos encontrar un Informe austero, ceñido a la realidad, que no pretenda engañar a los juarenses ni a quienes conformamos este Cabildo. Si es así, habremos de reconocerlo sin reservas. No necesitamos triunfalismos infundados ni discursos sin esencia. Los juarenses confiamos en que el presidente Municipal nos diga la verdad.
En las 39 Sesiones de Cabildo que hemos celebrado, se han discutido 325 puntos de acuerdo, 274, el 84%, se han aprobado por unanimidad.
Así, es irrebatible la voluntad demostrada por esta fracción de participar en acuerdos de fondo que beneficien a los juarenses.
El Cabildo es el espacio adecuado para que, los ediles demos voz a lo que la gente quiere decir.
Hoy hemos tomado como referente objetivo el Plan Municipal de Desarrollo, analizando los avances en 3 de sus 6 ejes rectores.
Al firmar ese documento el Presidente Reyes Ferriz incluyó la siguiente oración: "Planear es escribir anticipadamente la historia del Juárez que queremos"
Nosotros señalamos que hoy de lo escrito, gran parte no se ha cumplido.
La situación que vivimos esta fuera de control, la corrupción en la policía municipal ha hecho casi imposible cualquier resultado positivo en su gestión.
La violencia es el gran pendiente en todo el país, como lo reconoció el propio Gobernador en su IV Informe de Gobierno.
Sin embargo, no debemos confundirnos, la policía municipal tiene el deber de evitar la comisión de los delitos, debe evitar la alteración del orden público. Las cifras oficiales nos hablan de una cruda realidad.
11,011 robos de autos, 50 policías municipales asesinados, 71 robos a bancos, 1,630 robos a casas habitación, 20 secuestros, 963 robos a comercios, 343 violaciones y abusos sexuales. Son cifras espeluznantes que rebasan por mucho la estadística criminal de Juárez. Estos delitos son competencia absoluta de la autoridad local.
Reconocemos la decisión del Presidente Municipal al solicitar el apoyo de las fuerzas federales, pero consideramos que se ha quedado corto en el alcance de las medidas adoptadas para depurar la corporación.
Los juarenses esperan vivir seguros y en paz, este reclamo debe ser atendido de inmediato.
La policía municipal no debe seguir trabajando con más de la mitad de sus elementos bajo sospechas de confianza y sin una dirección definida.
Los gobiernos democráticos reconocen en la transparencia y en la rendición de cuentas la mejor herramienta de control que tiene la sociedad, en Acción Nacional suscribimos y practicamos plenamente esa tendencia.
En este rubro los desatinos de la administración han sido de grandes proporciones y de muy serias consecuencias.
La deuda a proveedores de la administración anterior es un gran pendiente en la transparencia del Gobierno Municipal. Todavía hoy, desconocemos todo sobre el tema.
Se han destinado más de 33 millones de pesos en donativos a diversas instituciones.
Sin juzgar la conveniencia de los proyectos, y así lo hemos señalado, esto ha llevado a la insuficiencia financiera en otros programas prioritarios. No se puede practicar la solidaridad hacia afuera sin ser solidarios primero con las propias necesidades del gobierno.
El pago de una compensación para regidores y funcionarios de extracción priísta nos llevó a lo que ha sido quizá la mayor confrontación, y es la evidencia más contundente de la falta de transparencia en el manejo de las finanzas municipales.
Nuestra solicitud formal al Tesorero de información sobre este tema, todavía espera respuesta. Los regidores del PAN rechazamos cualquier línea de subordinación política o económica hacia la Administración Municipal.
Ignorando la prohibición expresa en la Ley, esta administración ha dispuesto de más de 100 millones de pesos para gastos no aprobados dentro de la Ley de Egresos del 2008.
En respuesta a nuestros señalamientos, la administración ha decidido cerrar los canales de información financiera a esta Fracción Edilicia.
Este manejo de las finanzas, ha ocasionado que no exista obra pública importante, tales como pavimentación de calles, remodelación de banquetas, o las habilitaciones de infraestructura para el transporte masivo, tan sólo por mencionar algunas previstas en el Plan Municipal de Desarrollo.
Al no aplicarse estos recursos, se ha dejado de incentivar la generación de empleos y actividad económica en general, con todo lo que eso implica.
Es evidente la ausencia de obra pública a pesar de contar con los recursos
El programa de becas y la entrega de uniformes cumplen con una demanda social.
La educación es un valor de la sociedad que debe ser impulsado sin condición alguna.
La respuesta de la autoridad municipal ante la emergencia de las pasadas lluvias de julio fue oportuna y de gran apoyo para quienes se vieron afectados por el fenómeno climático. Reconocemos y felicitamos el buen trabajo que se realizó por los funcionarios municipales.
También el programa de la Oficina de Atención al Migrante, brindó un buen servicio a nuestros paisanos deportados, dando seguimiento al traslado a su lugar de origen y evitando que muchos de ellos se queden a deambular por las calles de la ciudad. Sin embargo, hoy está cancelado este programa.
Los Centros de Bienestar Infantil cubren una gran necesidad de la sociedad, y han sido un acierto de esta administración, pero conforme al Plan Municipal de Desarrollo, el avance que presenta tiene un retraso del 50%, ya que para concluir este año deberían estar funcionando 34 centros y hasta la fecha solo hay 15.
En resumen, creemos que es mucho lo que se ha dejado de hacer, pero más allá de buscar responsabilidades queremos invitar al gobierno a cerrar filas en torno a los grandes objetivos de la sociedad juarense.
Señor Presidente, exigimos que se reconozca a esta Fracción Edilicia la representatividad y los espacios de poder que el voto ciudadano nos otorgó para co-gobernar junto a su administración. (El Mexicano)
 
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