 Con 44 votos a favor y 33 en contra, el Senado rechazó la propuesta del Ejecutivo federal para desaparecer las secretarías de la Función Pública, Reforma Agraria y Turismo. Luego del resultado de la votación, las tres dependencias permanecerán en el 2010 y contarán con un presupuesto conjunto de 10 mil 379.5 millones de pesos, según establece el Presupuesto de Egresos de la Federación. El dictamen en contra de la propuesta del Ejecutivo fue avalado con los sufragios de las bancadas del PRI, PVEM, PRD, PT y Convergencia, y los votos en contra de legisladores panistas, quienes hasta el último momento apoyaron la iniciativa presidencial. |
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5:58 p.m.
Senado rechaza desaparición de secretarías
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NACIONAL
10:42 p.m.
Estado fallido en materia de seguridad pública: Suárez del Real
MEXICO.-Hay un Estado fallido en una de sus principales obligaciones como es garantizar la seguridad de sus ciudadanos e instituciones, afirmó el diputado José Alfonso Suárez del Real.
Dijo que ante esta situación, es cada vez mayor el riesgo de que los ciudadanos tomen por cuenta propia la seguridad y la justicia y se establece el terreno propicio para una intervención directa de Estados Unidos.
La contratación de empresas privadas así como la adquisición de armamento son medidas desesperadas de una ciudadanía cada vez más alejada del poder público, dijo el también integrante de la Comisión de Defensa Nacional.
En este sentido, dijo, el Estado debe reformular sus planteamientos en esta materia y garantizar, de manera efectiva, la seguridad de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional.
“En caso contrario, grupos como los Matazetas, o la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) se harán presentes con mayor frecuencia, atentando en contra de los derechos humanos de la población en general”, advirtió el legislador de extracción perredista.
Suárez del Real consideró que esta situación puede derivar en “una transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”, según lo ha señalado el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
Adicionado a esto, abundó, la proliferación de compañías de seguridad privada, entre las que se encuentran aquellas que ofrecen entre sus servicios los de guardias paramilitares, presentes ya en nuestro país, constituyen la renuncia del Estado para proveer de seguridad a los ciudadanos.
Mencionó que de continuar la situación, se agravaría la ya de por sí preocupante violación cotidiana de los derechos humanos de la población y establecería un punto de coincidencia más con Colombia.
“Lo hemos dicho antes, la grave situación de violencia generada por el crimen organizado, representa un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y las autoridades de aquel país no escatimarán ningún esfuerzo en preservar sus fronteras, aún si eso significa la violación de nuestra Soberanía, como hemos sido testigos, ha ocurrido en otros países”, subrayó.
Todo lo antes señalado, junto con la promoción gubernamental de los servicios de seguridad prestados por mercenarios extranjeros, la participación de 20 mil jóvenes cadetes en la lucha contra el crimen organizado, la privatización de las cárceles federales así como el armar a los ciudadanos para asumir responsabilidades que corresponden al Estado, constituyen la abdicación del Estado.
Dijo que ante esta situación, es cada vez mayor el riesgo de que los ciudadanos tomen por cuenta propia la seguridad y la justicia y se establece el terreno propicio para una intervención directa de Estados Unidos.
La contratación de empresas privadas así como la adquisición de armamento son medidas desesperadas de una ciudadanía cada vez más alejada del poder público, dijo el también integrante de la Comisión de Defensa Nacional.
En este sentido, dijo, el Estado debe reformular sus planteamientos en esta materia y garantizar, de manera efectiva, la seguridad de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional.
“En caso contrario, grupos como los Matazetas, o la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) se harán presentes con mayor frecuencia, atentando en contra de los derechos humanos de la población en general”, advirtió el legislador de extracción perredista.
Suárez del Real consideró que esta situación puede derivar en “una transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”, según lo ha señalado el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
Adicionado a esto, abundó, la proliferación de compañías de seguridad privada, entre las que se encuentran aquellas que ofrecen entre sus servicios los de guardias paramilitares, presentes ya en nuestro país, constituyen la renuncia del Estado para proveer de seguridad a los ciudadanos.
Mencionó que de continuar la situación, se agravaría la ya de por sí preocupante violación cotidiana de los derechos humanos de la población y establecería un punto de coincidencia más con Colombia.
“Lo hemos dicho antes, la grave situación de violencia generada por el crimen organizado, representa un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y las autoridades de aquel país no escatimarán ningún esfuerzo en preservar sus fronteras, aún si eso significa la violación de nuestra Soberanía, como hemos sido testigos, ha ocurrido en otros países”, subrayó.
Todo lo antes señalado, junto con la promoción gubernamental de los servicios de seguridad prestados por mercenarios extranjeros, la participación de 20 mil jóvenes cadetes en la lucha contra el crimen organizado, la privatización de las cárceles federales así como el armar a los ciudadanos para asumir responsabilidades que corresponden al Estado, constituyen la abdicación del Estado.
10:37 p.m.
El gobierno de Calderón debe rechazar certificación de EU, señala el PAN
MEXICO.-La presidenta de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, Yadhira Tamayo Herrera, se pronunció porque el gobierno mexicano rechace cualquier pretensión de Estados Unidos por imponer un esquema de “certificación” en la lucha contra el narcotráfico, porque, de aceptarlo, sería regresar a esquemas ya superados y significaría un retroceso en la relación bilateral.
La legisladora federal del PAN dijo que en momentos en que el gobierno mexicano está librando una guerra contra los cárteles de la droga, en nada ayudaría regresar “a los tiempos de la certificación”.
Recordó que en su visita a México, el zar Antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, sugirió que su gobierno certifique las operaciones de las autoridades mexicanas en el combate a la delincuencia, en lo relativo a los derechos humanos.
“Regresar a la certificación significa un retroceso en la relación bilateral que recién se presentaba como una por una lucha coordinada contra el narcotráfico”, dijo a nombre de la bancada del PAN en San Lázaro.
La legisladora federal por Michoacán, añadió que el problema del combate al narcotráfico debe ser compartido. “Si caemos en la certificación caemos en la subordinación. México, como una nación soberana e independiente no puede subordinarse a ningún gobierno extranjero por muy poderoso que éste sea”.
Argumentó que si de violaciones a derechos humanos hablamos, justamente nuestros vecinos del norte son lo que menos autoridad moral tienen para hacerlo.
“Recordemos que en su lucha contra el terrorismo institucionalizaron la tortura, esa sí, como política de Estado. Además, aún no han resuelto el tema de Guantánamo, sin mencionar la muerte de civiles en Afganistán por bombardeos de marines y los mexicanos condenados a muerte en esa nación”.
Tamayo Herrera indicó que en la mesa hay dos asuntos que debemos resolver: El primero, evitar y sancionar las violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y del Ejército. Pero también debe dejarse en claro cuántas de las quejas tienen sustento y no presentarlas como hechos probados.
El segundo punto es el exhorto para que el gobierno mexicano rechace firmemente las pretensiones estadounidenses de certificarnos en la materia.
Será la cooperación y no la subordinación la vía efectiva para combatir al crimen organizado, concluyó.
La legisladora federal del PAN dijo que en momentos en que el gobierno mexicano está librando una guerra contra los cárteles de la droga, en nada ayudaría regresar “a los tiempos de la certificación”.
Recordó que en su visita a México, el zar Antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, sugirió que su gobierno certifique las operaciones de las autoridades mexicanas en el combate a la delincuencia, en lo relativo a los derechos humanos.
“Regresar a la certificación significa un retroceso en la relación bilateral que recién se presentaba como una por una lucha coordinada contra el narcotráfico”, dijo a nombre de la bancada del PAN en San Lázaro.
La legisladora federal por Michoacán, añadió que el problema del combate al narcotráfico debe ser compartido. “Si caemos en la certificación caemos en la subordinación. México, como una nación soberana e independiente no puede subordinarse a ningún gobierno extranjero por muy poderoso que éste sea”.
Argumentó que si de violaciones a derechos humanos hablamos, justamente nuestros vecinos del norte son lo que menos autoridad moral tienen para hacerlo.
“Recordemos que en su lucha contra el terrorismo institucionalizaron la tortura, esa sí, como política de Estado. Además, aún no han resuelto el tema de Guantánamo, sin mencionar la muerte de civiles en Afganistán por bombardeos de marines y los mexicanos condenados a muerte en esa nación”.
Tamayo Herrera indicó que en la mesa hay dos asuntos que debemos resolver: El primero, evitar y sancionar las violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y del Ejército. Pero también debe dejarse en claro cuántas de las quejas tienen sustento y no presentarlas como hechos probados.
El segundo punto es el exhorto para que el gobierno mexicano rechace firmemente las pretensiones estadounidenses de certificarnos en la materia.
Será la cooperación y no la subordinación la vía efectiva para combatir al crimen organizado, concluyó.
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1:54 p.m.
Ignoró Ejecutivo robo de petrolíferos a Pemex durante un lustro
Ignoró Ejecutivo robo de petrolíferos a Pemex durante un lustro
MEXICO.-El senador Carlos Lozano de la Torre integrante de la Comisión de Energía, solicitó a la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, un informe sobre las acciones emprendidas para prevenir y sancionar el robo de combustible cometido en prejuicio de PEMEX, luego de señalar que desde hace más de cinco años el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, sabía del robo a la paraestatal.
El legislador priista recordó que en ese entonces, Felipe Calderón dijo que por falta de métodos modernos de protección en las terminales y ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el robo de combustibles superaba los mil millones de pesos mensuales. Pero no sólo eso, también había destacado que la falta de infraestructura que generaba el robo de combustibles se debía a la no aprobación de las reformas estructurales en la materia.
El senador por Aguascalientes recalcó que, “estamos frente a un caso de grave incompetencia por parte de las autoridades federales, toda vez que los actuales funcionarios sabían desde hace por lo menos un lustro, de la gravedad del robo de combustible sobre PEMEX. La falta de reformas en materia energética ya no puede ser usada como pretexto para no ejercer las acciones que sean necesarias”.
Carlos Lozano de la Torre expuso que durante los próximos tres años las finanzas de PEMEX sufrirán una pérdida equivalente a por lo menos 60 mil millones de pesos, lo que representa casi cuatro veces el presupuesto asignado a PROCAMPO durante este año, esto si esperamos a que sea otro el gobierno el que venga a solucionar el problema como ha sugerido Georgina Kessel Martínez.
La solicitud de el legislador –que fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente - menciona que el pasado 29 de julio, el gobierno federal dio a conocer la existencia de una investigación por la presunta complicidad de servidores públicos, vinculados con el robo de combustible a PEMEX, con el fin de deslindar responsabilidades administrativas y penales en contra de quienes resulten responsables.
La solicitud expone también que si la incapacidad de la actual administración para castigar esta actividad resulta gravísima, la lentitud para querer resolver el problema es aún mayor. Señala que Kessel Martínez ha indicado que será hasta el 2012 cuando el transporte de petrolíferos y crudo disponga de un mecanismo avanzado de medición, el denominado Sistema Supervisor de Control y Adquisición de Datos (SCADA) ya que actualmente no dispone de éste.
También se destaca que la titular de la SENER, admitió que la delincuencia organizada está utilizando tecnología cada vez más sofisticada, mientras que la petrolera tendrá no sólo que introducir nueva tecnología, sino realizar un análisis integral de la forma como funciona los sistemas para tener mejores herramientas y poder enfrentar este tipo de crimen.
“Es indispensable que el actual gobierno informe sobre la manera en la que ha venido enfrentando a las mafias que trafican de manera ilegal con PEMEX, que nos digan de una buena vez si está o no en posibilidad de proteger el mayor recurso natural que posee nuestro país. Es imperativo que la sociedad sepa si puede confiar en sus autoridades o de plano debe resignarse a ver cómo la criminalidad, coludida con malos servidores públicos, ha conquistado un espacio más de nuestra economía en detrimento del desarrollo nacional” finalizó Lozano de la Torre.( con datos de la Jornada Aguascalientes)
MEXICO.-El senador Carlos Lozano de la Torre integrante de la Comisión de Energía, solicitó a la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, un informe sobre las acciones emprendidas para prevenir y sancionar el robo de combustible cometido en prejuicio de PEMEX, luego de señalar que desde hace más de cinco años el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, sabía del robo a la paraestatal.
El legislador priista recordó que en ese entonces, Felipe Calderón dijo que por falta de métodos modernos de protección en las terminales y ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el robo de combustibles superaba los mil millones de pesos mensuales. Pero no sólo eso, también había destacado que la falta de infraestructura que generaba el robo de combustibles se debía a la no aprobación de las reformas estructurales en la materia.
El senador por Aguascalientes recalcó que, “estamos frente a un caso de grave incompetencia por parte de las autoridades federales, toda vez que los actuales funcionarios sabían desde hace por lo menos un lustro, de la gravedad del robo de combustible sobre PEMEX. La falta de reformas en materia energética ya no puede ser usada como pretexto para no ejercer las acciones que sean necesarias”.
Carlos Lozano de la Torre expuso que durante los próximos tres años las finanzas de PEMEX sufrirán una pérdida equivalente a por lo menos 60 mil millones de pesos, lo que representa casi cuatro veces el presupuesto asignado a PROCAMPO durante este año, esto si esperamos a que sea otro el gobierno el que venga a solucionar el problema como ha sugerido Georgina Kessel Martínez.
La solicitud de el legislador –que fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente - menciona que el pasado 29 de julio, el gobierno federal dio a conocer la existencia de una investigación por la presunta complicidad de servidores públicos, vinculados con el robo de combustible a PEMEX, con el fin de deslindar responsabilidades administrativas y penales en contra de quienes resulten responsables.
La solicitud expone también que si la incapacidad de la actual administración para castigar esta actividad resulta gravísima, la lentitud para querer resolver el problema es aún mayor. Señala que Kessel Martínez ha indicado que será hasta el 2012 cuando el transporte de petrolíferos y crudo disponga de un mecanismo avanzado de medición, el denominado Sistema Supervisor de Control y Adquisición de Datos (SCADA) ya que actualmente no dispone de éste.
También se destaca que la titular de la SENER, admitió que la delincuencia organizada está utilizando tecnología cada vez más sofisticada, mientras que la petrolera tendrá no sólo que introducir nueva tecnología, sino realizar un análisis integral de la forma como funciona los sistemas para tener mejores herramientas y poder enfrentar este tipo de crimen.
“Es indispensable que el actual gobierno informe sobre la manera en la que ha venido enfrentando a las mafias que trafican de manera ilegal con PEMEX, que nos digan de una buena vez si está o no en posibilidad de proteger el mayor recurso natural que posee nuestro país. Es imperativo que la sociedad sepa si puede confiar en sus autoridades o de plano debe resignarse a ver cómo la criminalidad, coludida con malos servidores públicos, ha conquistado un espacio más de nuestra economía en detrimento del desarrollo nacional” finalizó Lozano de la Torre.( con datos de la Jornada Aguascalientes)
8:01 p.m.
(NACIONAL) Entregarán premio por el concurso el Trámite más Inútil
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