EXIGE CONGRESO DE GUERRERO ACLARAR ASESINATO DEL DIPUTADO ARMANDO CHAVARRÍA

Chilpancingo, Guerrero 20 de agosto de 2009 América Multimedios Agencia de Noticias Zeferino Torreblanca Galindo se reunió con una comisión de diputados del Congreso local, quienes le exigieron el pronto esclarecimiento del homicidio del presidente de la Comisión de Gobierno, Armando Chavarría Barrera El procurador de Justicia de Guerrero, Eduardo Murueta, negó que existieran amenazas contra el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de ese estado, Armando Chavarría, y descartó que su asesinato sea una acción del crimen organizado. Entrevistado en Mérida, Yucatán, en donde asistió a la Conferencia Nacional de Proicuracion de Justicia informó que la Procuraduría General de la República (PGR) coadyuvará en las investigaciones para esclarecer este homicidio, ocurrido la mañana del jueves en Chilpancingo, pero que será la procuraduría local la que estará al frente de las indagatorias. Los primeros reportes indican que en el asesinato de Chavarría Barrera participaron dos o tres personas que usaron un arma calibre nueve milímetros, "pero será la necropsia la que revele datos exactos sobre su muerte", precisó el procurador de Justicia de Guerrero. Por su parte, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se reunió con una comisión de diputados del Congreso local, quienes le exigieron el pronto esclarecimiento del homicidio del presidente de la Comisión de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, y justicia expedita. Asistieron los diputados del PRI, Guadalupe Gómez Maganda, Marco Antonio Leyva Mena y Héctor Vicario Castrejón; del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez; de Convergencia, Efraín Ramos Ramírez; del PAN, Antonio Galarza Zavaleta; del PT, Victoriano Wences Real; del Partido Verde, Luis Edgardo Palacios Díaz; de Nueva Alianza, José Natividad Calixto Díaz, además del secretario general de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos.

Estarían vinculadas al crimen casi 1,500 casas de cambio en el país: Ancectd

Culiacán, Sin., 19 de agosto. En México operan alrededor de 3 mil centros cambiarios, de los que mil 500 no cumplen las disposiciones gubernamentales y aparentemente incurren en delitos como lavado de dinero, el cual se estima en cerca de 20 mil millones de dólares, informó Germán Castro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (Ancectd).

Dijo que dicha actividad ilícita se centra en 10 regiones del país, principalmente en ciudades de la frontera norte, como Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, y en urbes de Michoacán, Jalisco y Guerrero.

El dirigente de la Ancectd anunció la realización de la doceava Convención Nacional de esta organización, la cual tendrá lugar del 27 al 29 de agosto en la ciudad de Mazatlán, donde se reunirán especialistas en lavado de dinero, labores de inteligencia y operaciones financieras de México, Estados Unidos y Colombia.

Indicó que en breve entrará en vigor el reglamento que mantiene disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, y antes de fin de año el Senado aprobará las reformas a la Ley General de Organizaciones y Entidades Auxiliares del Crédito, que contienen modificaciones planteadas desde el año pasado por esta asociación. Estos cambios implican mayor control y transparencia en las operaciones de las casas y los centros cambiarios, pero también el registro de estos establecimientos para evitar actividades ilícitas, pero también castigarlas con cárcel, consideró.

Castro Hernández criticó la espectacularidad e ilegalidad de los operativos del Ejército contra el narcotráfico, como el realizado en Culiacán el año pasado, cuando cerraron alrededor de 30 casas de cambio, acusadas de nexos con el crimen organizado.

El gremio –destacó– apoya las acciones de la milicia contra el narco, pero no cuando están plagadas de abusos, robos y homicidios, como ha ocurrido en la zona serrana de Sinaloa, con saldo de varias personas muertas a balazos.

Manifestó que el Ejército se dice víctima del rechazo de la población, pero la ciudadanía está atemorizada por los operativos ilegales y las acciones que parecen más espectáculo mediático, las cuales carecen de estrategia e investigación previa. Es una cobardía llegar encapuchados a un negocio y cerrarlo, pisoteando la Constitución, concluyó.