| ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL AÑO Y MEDIO DE LA MASACRE DE SUCUMBIOS Y A UN AÑO DE LA CAMPAÑA CADA UNO POR LA JUSTICIA
Los invitamos a participar en las siguientes actividades:
ÿ 1° de Septiembre 17:00 hrs: Venta de boletines CADA UNO POR LA JUSTICIA y documentales DE LUTO VISTEN LOS HÉROES dentro de la inauguración de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de la Ciudad de México. (Plantel del Valle de la UACM)
ÿ 3 de Septiembre 13:00 hrs: Mitin de protesta CADA UNO POR LA JUSTICIA frente a la embajada de Colombia (Reforma #379, cerca del Ángel de la Independencia).
ÿ 3 de Septiembre 17:00 hrs: Participación en la charla acerca de la masacre de Sucumbíos organizada por la organización "Comunidad Universal". (Calmecac no. 94, esq. Xoloc, Col. Ruíz Cortines en la delegación Coyoacán)
ÿ 4 de Septiembre 09:00 hrs: Conferencia Magistral "Hechos en Sucumbíos" dentro de la inauguración del 1er Diplomado de Derechos Humanos de la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. (Auditorio Jesús Samper Ahumada de la Universidad Autónoma de Guerrero)
ÿ 18 de Septiembre 12:00 a 17:00 hrs: Jornada Cultural por la Justicia y la No Impunidad; a año y medio de la masacre de Sucumbíos. Con la participación de grupos de música, teatro y mesas informativas del caso Sucumbíos. Glorieta del Metro Insurgentes. **EVENTO POR CONFIRMAR** En un refugio guardado en su corazón Llevan la bandera de Bolívar. Su rostro la transmite en la sonrisa Que dejaron en las imágenes del recuerdo. Hoy desde lo alto suenan las campanas Ustedes las tocan para mostrarnos el camino. Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran Y nos recuerdan que para ser grandes Hay que saber soñar. ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE SUCUMBIOS ECUADOR (Si no deseas recibir más información, envianos un correo pidiendo se elimine tú dirección de la base de datos, gracias) |
SUCUMBIOS: Actividades al año y medio de la masacre
Nota enviada por Diario Digital
| Exhibe Acteal vicios de justicia mexicana, dice jurista |
| EFE |
Distrito Federal— El juicio por la matanza de Acteal se ha convertido en ejemplo de todos los vicios de la justicia mexicana, según el equipo de abogados que consiguió excarcelar a veinte indígenas que purgaron once años en prisión injustamente. "Hubo tortura, fabricación de culpables y un gran número de personas inocentes que pasaron once años en la cárcel", dijo hoy el letrado Javier Cruz Angulo sobre "el caso penal más largo de México". El jurista, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), tomó el caso en 2007, junto a sus colegas de la institución, que desembocó este mes en una resolución de la Suprema Corte que tacha el proceso judicial como plagado de irregularidades. Los hechos se remontan al 22 de diciembre de 1997, cuando 45 niños, mujeres y ancianos indígenas fueron masacrados brutalmente en una iglesia por un grupo de paramilitares, también indígenas, en la comunidad de Acteal (Chiapas, sur). Según Cruz Angulo, las decenas de detenidos lo fueron sin orden de aprehensión; no se hallaron las armas del crimen y la prueba pericial que determina si un sujeto ha disparado fue negativa en cuarenta casos. "Había gente que no sabía por qué estaba apresada, solo hablaban tzotzil y tzental", explicó Cruz Angulo sobre la falta de traducción al español en el juicio. "Cuando el Ministerio Público no acusaba bien, el juez le ayudaba", criticó. Los abogados del CIDE esperan ahora la resolución pendiente sobre otras 32 personas que se declararon inocentes. Entre los excarcelados no hay ningún asesino confeso ya que los nueve detenidos que admitieron su participación en los hechos continúan en prisión. La sentencia dictó también que seis de los indígenas presos deben ser juzgados de nuevo sin las pruebas consideradas ilícitas. Desde hacía nueve años, decenas de detenidos esperaban el dictamen en primera instancia de un juez, que no llegaba. El juicio no fue otra cosa que "la construcción de una historia para acallar conciencias", según el también jurista del CIDE José Antonio Caballero. "No se trata simplemente de fabricar pruebas, volver la vista hacia el otro lado y dejar que el paso del tiempo haga olvidar los acontecimientos", criticó y agregó que el sistema judicial mexicano "se está comiendo a la gente sin recursos". Ahora esperan que la fiscalía federal, que fabricó las pruebas que llevaron a prisión a los veinte inocentes, realice una investigación "pulcra" para deslindar responsabilidades, "hasta el nivel de autoridad que haya consentido estas irregularidades", según Caballero. El jurista apuntó que es posible que en un futuro se reclamen indemnizaciones para los excarcelados, que tienen una oferta de ayuda del gobierno chiapaneco para empezar otra vida lejos de sus comunidades. La razón, prevenir un rebrote de violencia en la zona por la liberación. La tensión tenderá a desaparecer, auguró Caballero. El trasfondo situaba a los fallecidos como simpatizantes de la guerrilla zapatista y a los paramilitares como cercanos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernante en Chiapas y en México. Los liberados no tienen prohibición de volver a sus lugares de origen, pero entonces no recibirían la ayuda gubernamental. En la revisión de este caso procesal participaron alumnos de Derecho del CIDE. "Con este caso te das cuenta de lo que realmente es el sistema penal y lo que no te enseñan en las aulas", apuntó a Efe Javier Zúñiga, uno de los estudiantes colaboradores. "¿Qué pasara día a día en los juzgados penales de cualquier reclusorio?", se preguntó el joven. |
(REPRESION) Protesta social ante asesinato de Fermín MARIANO MATIAS, lo vinculan con el EPR
MEXICO.-El día miércoles 29 de julio se exhumó el cuerpo del activista social Fermín Mariano Matías, que se encontraba enterrado en la fosa común del panteón municipal de San Juan Totolac del estado de Tlaxcala, después de que fue asesinado y encontrado muerto desde el 26 de junio en un paraje conocido como “La macabrona”, del mismo municipio. Posteriormente, fue sepultado en el panteón del municipio poblano de Francisco Z. Mena, de donde era originario. La red de alerta temprana, ve con preocupación el hecho de que algunos medios de comunicación señalan a Fermin MARIANO MATIAS como integrante del Ejercito Popular Revolucionario (EPR), igualmente señalan la existencia de un informe del Centro de Información de Seguridad Nacional que lo consideraba como miembro de esa agrupación. Ésta situación propicia que se continúe la criminalización a la protesta social y conlleva un riesgo para las organizaciones, familiares personas cercanas a Fermín MARIANO MATIAS. Acción solicitada: Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades. Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título: AU-036-2009- CRIMINALIZACIÓN-PUEBLA Con copia a denuncias.limeddh@gmail.com felipe.calderon@presidencia.gob.mx, secretario@segob.gob.mx, gobernador@puebla.gob.mx, titular.segob@puebla.gob.mx, jbailleres@congresopuebla.gob.mx, procurador.pgj@puebla.gob.mx, blanca.alcala@pueblacapital.gob.mx, mario.ayon@puebla.gob.mx, cdhpuebla@cdhpuebla.org.mx, marcia.bullen@cdhpuebla.org.mx, presidencia@cdhpuebla.org.mx, beltrones@senado.gob.mx, javier.gonzalez@congreso.gob.mx, mmontesdeoca@segob.gob.mx, InfoDesk@ohchr.org, civilsocietyunit@ohchr.org, oacnudh@ohchr.org, cidhoea@oas.org, denuncias.limeddh@gmail.com. -- Área de Denuncias y Acciones Urgentes Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.
(REPRESION) Desplazan Autoridades Chiapanecas a indigenas de Montes Azules
(REPRESION)DESPLAZAN AUTORIDADES CHIAPANECAS A INDIGENAS DE MONTES AZULES
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 21 de Agosto de 2007.
AU-10
ACCIÓN URGENTE
Desplazamiento forzado de comunidades indígenas
en Montes Azules, Chiapas
· Temor por nuevos desplazamiento por parte de autoridades estatales y federales.
· Detención arbitraria de indígenas campesinos durante operativos realizados.
El día sábado 18 de agosto del 2007, se realizó un operativo simultáneo para desalojar a los pobladores de las Comunidades Buen Samaritano (sin filiación de organización), y Nuevo San Manuel (también conocida como Nuevo Salvador Allende, y que se identifican como bases de apoyo zapatistas) en el municipio de Ocosingo, dentro de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, Chiapas.
De acuerdo a fuentes gubernamentales el operativo " fue coordinado por la Secretaría de Gobierno de Chiapas y contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de la República, así como personal de la Semarnat, la Conanp y la Profepa. Se contó también con el apoyo de la Armada de México " (Boletín de prensa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, del 19 de agosto).
Ante tales eventos este Centro de Derechos Humanos entrevistó, el día domingo 19 de Agosto, al grupo de familias desplazadas que habían sido trasladadas a la cabecera municipal de La Trinitaria, Chiapas, mismas que se mostraban emocionalmente afectadas.
Según testimonios de las familias desplazadas, el día sábado 18 alrededor de las 8 de la mañana llegaron varios helicópteros (refieren que 4), de los cuales bajaron policías armados, vestidos con uniformes de color azul oscuro y de color negro. Los policías sacaron a la gente de sus casas de manera violenta, les jalaron del pelo y los aventaban para sacarlos de sus casas. Sin previo aviso, sin mostrarles ningún documento y sin explicación alguna, simplemente se los llevaron sin decirles a dónde. En las comunidades desalojadas juntaron a todas las familias, las formaron y las subieron a los helicópteros sin permitirles cargar pertenencia alguna. Posteriormente, personas vestidas de civil bajaron de los helicópteros cuando los pobladores ya estaban en ellos.
Las familias explican que después del traslado los bajaron de los helicópteros los subieron a un camión de la policía sectorial y al llegar a una "frontera" (a los alrededores de La Trinitaria) bajaron a los hombres mayores de edad y se los llevaron a otro lugar (posteriormente confirmamos que fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Tuxtla Gutiérrez). Mientras tanto a las mujeres, niños y dos hombres jóvenes los llevaron al Auditorio "Salomón González Blanco", en la cabecera municipal de La Trinitaria.
Al día siguiente, el domingo 19 de Agosto, alrededor de las 4:30 de la tarde trasladaron a todas las familias (la mayor parte son mujeres y niños) a la Quinta Santa Isabel, en el Barrio de Pamalá del municipio de La Trinitaria. Este lugar es una propiedad privada que rentan para fiestas. Ahí les llevaron alimentos, colchonetas, comida, cobijas, ropa y pañales ya que las familias desplazadas no cuentan con ninguna pertenencia. El predio quedó resguardado por la Policía de Seguridad Pública del Estado (Policía Estatal Preventiva) con apoyo de la Policía Municipal de La Trinitaria.
Las personas "resguardadas" en la Quinta Santa Isabel, Municipio de La Trinitaria son:
De la población Nuevo San Manuel (también conocido como Nuevo Salvador Allende)
1ra. Familia: 8 mujeres y 3 hombres
Jacinta Jiménez Clara (30 años)
Lázaro Ruiz Jiménez (17 años)
Fermina Ruiz Jiménez (16 años) con su hija Nicolása López Ruiz (9 meses)
María Ruiz Jiménez (14 años)
Micaela Ruiz Jiménez (13 años)
Juanita Ruiz Jiménez (10 años)
Manuela Ruiz Jiménez (8 años)
Francisca Ruiz Jiménez (7 años)
Eusebio Ruiz Jiménez (5 años)
Mariano Ruiz Jiménez (1 año)
2a. Familia: 3 mujeres y 3 hombres
Dominga Ruiz Hernández (25 años)
Domingo Jiménez Cruz (10 años)
Jacinto Jiménez Cruz (11 años)
Nicolás Jiménez Cruz (5 años)
Micaela Jiménez Cruz (8 años)
Francisca Jiménez Cruz (3 años)
3 ra. Familia: 1 mujer y 1 hombre
Nicolasa Hernández Toledo ("N años")
Manuel Fabricio López Hernández (5 años)
4ta. Familia: 2 mujeres y 1 hombre
Margarita López Hernández (20 años)
Mario López López (2 años)
Nicolasa López López (5 meses)
5ta. Familia: 1 mujer y 5 hombres
Romelia López Pérez (25 años)
Darinel García López (10 años)
Eliber García López (8 años)
Sebastián García López (6 años)
Fidencio García López (4 años)
Esteban García López (11 meses y medio)
De la Población "Buen Samaritano".
6ta. Familia: 3 mujeres y 2 hombres
María Magdalena Trejo López (40 años)
Isaías Gordillo Trejo (16 años)
Dalila Gordillo Trejo (25 años)
Rodrigo Gordillo Trejo (12 años)
Lucinda Gordillo Trejo (15 años)
De las personas detenidas en la Fiscalía General del Estado:
No fue sino hasta el domingo 19 por la noche que la Fiscalía General del Estado confirmó vía telefónica tener bajo su jurisdicción a 6 detenidos por el operativo en mención:
Averiguación Previa No. ZS96/13/2007
Mario López Gómez (30)
Feliciano López Hernández (20 años)
Juan Gómez López (38)
Tomás Gómez López (56)
De "Buen Samaritano"
Averiguación Previa No. ZS96/11/2007
Daniel Gordillo Trejo (30)
Jesús Gordillo Trejo. (21)
Los 6 detenidos que hasta el momento están en Tuxtla Gutiérrez, están acusados de daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego, (todos estos delitos en el fuero local, aunque las autoridades dicen que van a iniciar el desglose por delitos federales). Hasta el momento no habían decidido si serían consignados, arraigados o liberados. El Fiscal del Ministerio Público responsable de las averiguaciones previas abiertas es Jorge Luís Zenteno Zenteno, adscrito a la Fiscalía Regional Zona Selva.
De acuerdo al Boletín de Prensa de la CONANP (19 de agosto de 2007), "(u) na vez que concluyó el desalojo tomaron posesión del lugar 15 guardaparques de la Conanp, 2 inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y elementos de las fuerzas policíacas estatales (…) Los predios desalojados son los de El Buen Samaritano (invadido en 1999 ), Nuevo Salvador Allende (en 2001) y El Innominado (en 2006), donde se asentaron ilegalmente luego de que concertaron su salida de otro punto de la reserva, por lo cual recibieron 250 mil pesos); ninguno de los grupos allí asentados contaba con antecedentes agrarios (...) Este hecho ocurre en seguimiento a la denuncia que realizó la comunidad Lacandona (dueña legítima de los terrenos afectados) ante la Fiscalía General del Estado y la Profepa por los delitos de despojo y daño ambiental. "
Por la información recibida, el domingo 19 hubo otro operativo en la Comunidad "El Innominado" ( Averiguación Previa No. ZS96/12/2007) que no resultó con detenciones, sin embargo es posible que esté también resguardado como los otros dos predios.
Antecedentes:
Desde hace varios meses los gobiernos federal y estatal han anunciando públicamente y de nueva cuenta (la presión comenzó desde el inicio del sexenio anterior), la ejecución de desalojos en la región de Montes Azules, dado que estas comunidades se encontraban de manera irregular en estas tierras.
En el proceso de regularización de las tierras de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona que en buena parte (en un 70%) coinciden con la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, hubo comunidades que "negociaron" su reubicación y otras que se han negado. Una de ellas, por ejemplo, fue la Comunidad de Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, que en represalia por su negativa a negociar fue atacada el 13 de noviembre de 2006, resultando 6 muertos y hasta el momento 2 desaparecidos (a este caso le está dando seguimiento este Centro).
Estas comunidades en particular niegan que funcionarios de gobierno se hayan acercado a dialogar o hayan recibido alguna notificación de su ilegalidad en el territorio de la Reserva o de Los Bienes Comunales de la Selva Lacandona. El asentamiento de Buen Samaritano existe desde hace 12 años y el asentamiento de Nuevo San Manuel por lo menos desde 8 años.
De acuerdo al expediente de la Fiscalía General del Estado existe una denuncia presentada el pasado 30 de Mayo de 2007 por el Comisariado de Bienes Comunales de la Selva Lacandona cuyo presidente es Moisés Tarano González.
En la integración de esta Averiguación, con fecha 29 de julio de 2007, se presenta como testigo el señor Florencio Gómez Martínez, quien dice ser vecino de Frontera Corozal y se identificó como empleado federal, vigilante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Este testigo relata:
"que a principios de enero del año 1994 fuimos invadidos por un grupo de personas compuestas por 4 familias, encabezadas por su líder Feliciano Ruiz, llegando como personas desplazados del conflicto armado del año 1994 del EZLN, posesionándose de la reserva protegida de la Selva Lacandona MONTES AZULES que comprende 200 hectáreas y que ahora se llaman Nuevo Salvador Allende, que ahora ya no queda nada, porque lo utilizan para potrero, milpa, y con incendios sin control, tala clandestina de árboles, traficando con la palma camedor, cosa que no está permitido ya que para ello se necesita permiso de extracción mediante un estudio de impacto ambiental, y dependiendo del impacto dan el permiso por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, utilizando como parte avionetas y camiones, ya que tienen pistas clandestinas , hemos tratado de llegar a un arreglo con los invasores pero como son protegidos por organizaciones y entre ellos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., Maderas del Pueblo del Sureste, organización (sic) que sólo se dedican a crear conflictos, ya que en diferentes ocasiones que se pretende llegar a un arreglo, pero estas organizaciones mencionadas aleccionan a los invasores para que nos amenacen con armas de fuego , tanto mujeres, niños y hombres, provocando así conflicto para no salirse de los predios invadidos, posesionándose así de tierras que no les pertenecen, y que son de la comunidad lacandona."
Derechos violados:
El Boletín de Prensa de la CONANP del 19 de agosto, argumenta que "(l) a Reserva de la Biosfera Montes Azules fue decretada en enero de 1978 por el gobierno federal, abarcando una superficie de 331,200 hectáreas. Constituye la mayor extensión de selva perennifolia del país; su conservación es vital para mantener la biodiversidad y servicios ambientales en la región de la Selva Lacandona como captura de agua y conservación de especies de flora y fauna (...). Este hecho ocurre en seguimiento a la denuncia que realizó la comunidad Lacandona (dueña legítima de los terrenos afectados) ante la Fiscalía General del Estado y la Profepa por los delitos de despojo y daño ambiental (...) en repetidas ocasiones se instó a los invasores (a través de la Mesa Agraria-Ambiental Interinstitucional para la Selva Lacandona y Montes Azules) a desocupar los predios de forma voluntaria, pero de manera sistemática se negaron a salir del área para ser reubicados fuera de la Reserva de la Biosfera (...) tras la negativa de estas familias a ser reubicadas, se procedió al desalojo conforme a lo que establece la ley y en pleno respeto al Estado de Derechos Humanos."
Si bien el gobierno defiende el derecho a la propiedad de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona y a razones ambientales, lo hace sin considerar que de acuerdo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo:47. "ninguna disposición del presente Pacto (incluyendo el derecho a la propiedad) deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales"
Además ha omitido de manera sistemática sus obligaciones generadas a partir de la aceptación del Convenio 169 de la OIT, particularmente:
Artículo 6
"1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (...)
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas."
Artículo 14
"1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia (...)"
Artículo 16
"1. A reserva de los dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados."
Así como las recomendaciones que el Relator Especial sobre la Situación de Los Derechos Humanos y Las Libertades Fundamentales de Los Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, realizó después de su misión a México en el 2003, en donde indica que:
"Ninguna comunidad indígena deberá ser reubicada contra su voluntad fuera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Cualquier esquema de reubicación de las comunidades asentadas en la Reserva deberá ser acordado por consenso de todas las partes.
Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios.
La creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberá hacerse previa consulta con las comunidades afectadas, y el gobierno deberá respetar y apoyar la decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en sus territorios reservas ecológicas comunitarias." [1]
Así también en su informe del 2006 y en seguimiento a estas recomendaciones recalco: " El sistema de normas y tribunales agrarios es obsoleto en relación con el reconocimiento contemporáneo de los derechos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, y las políticas medioambientales no han tomado en cuenta suficientemente a los pueblos indígenas, como en el caso de la Reserva de la Biosfera Montes Azules" [2]
Adicionalmente el Gobierno ignora los derechos sociales de las comunidades afectadas dado que en el marco del Convenio 169 y del artículo 47 del Pacto mencionado más arriba, sumado a lo dispuesto en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que en su artículo 11.1 establece:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho (...).
Por todo lo anterior resulta falso que el desalojo en particular y la política de reordenamiento territorial emprendido en la zona de Montes Azules, sea respetuoso de los derechos humanos, por el contrario, escudándose en ellos, el Estado Mexicano promueve el despojo, la incertidumbre jurídica y afecta seriamente la posibilidad de las familias indígenas a poder forjarse un plan de vida.
Es por esto que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hace un llamado para enviar cartas al Gobierno Mexicano, exigiendo:
1.- Liberar cuanto antes a Mario López Gómez, Feliciano López Hernández, Juan Gómez López, Tomás Gómez López, Daniel Gordillo Trejo y a Jesús Gordillo Trejo, y cancelar las investigaciones y acusaciones en su contra.
2.- Indemnizar y reparar el daño ocasionado a las familias por el desalojo de las comunidades Nuevo Salvador Allende (o Nuevo San Manuel), Buen Samaritano y el predio Innominado.
3.- Procurar como lo establece el artículo 11.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que las familias afectadas alcancen un nivel de vida adecuado, incluyendo la alimentación, vestido y vivienda y a una mejora continúa de sus condiciones de existencia.
4.- Cesar cualquier intento de desalojo en Montes Azules, considerando las recomendaciones del Relator Especial sobre la Situación de Los Derechos Humanos y Las Libertades Fundamentales de Los Indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, particularmente:
a. Que cualquier esquema de reubicación de las comunidades asentadas en la Reserva deberá ser acordado por consenso de todas las partes
b. Que la creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberá hacerse previa consulta con las comunidades afectadas, y el gobierno deberá respetar y apoyar la decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en sus territorios reservas ecológicas comunitarias.
5.- Modificar su política de regularización en las regiones indígenas de Chiapas, particularmente en los Montes Azules, de tal manera que procure justicia e igualdad frente a derechos e intereses enfrentados entre comunidades y organizaciones, procurando en todo momento el apego a la normatividad internacional en materia de derechos humanos.
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