Nota enviada por Diario Digital

Exhibe Acteal vicios de justicia mexicana, dice jurista

EFE

Distrito Federal— El juicio por la matanza de Acteal se ha convertido en ejemplo de todos los vicios de la justicia mexicana, según el equipo de abogados que consiguió excarcelar a veinte indígenas que purgaron once años en prisión injustamente. "Hubo tortura, fabricación de culpables y un gran número de personas inocentes que pasaron once años en la cárcel", dijo hoy el letrado Javier Cruz Angulo sobre "el caso penal más largo de México". El jurista, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), tomó el caso en 2007, junto a sus colegas de la institución, que desembocó este mes en una resolución de la Suprema Corte que tacha el proceso judicial como plagado de irregularidades. Los hechos se remontan al 22 de diciembre de 1997, cuando 45 niños, mujeres y ancianos indígenas fueron masacrados brutalmente en una iglesia por un grupo de paramilitares, también indígenas, en la comunidad de Acteal (Chiapas, sur). Según Cruz Angulo, las decenas de detenidos lo fueron sin orden de aprehensión; no se hallaron las armas del crimen y la prueba pericial que determina si un sujeto ha disparado fue negativa en cuarenta casos. "Había gente que no sabía por qué estaba apresada, solo hablaban tzotzil y tzental", explicó Cruz Angulo sobre la falta de traducción al español en el juicio. "Cuando el Ministerio Público no acusaba bien, el juez le ayudaba", criticó. Los abogados del CIDE esperan ahora la resolución pendiente sobre otras 32 personas que se declararon inocentes. Entre los excarcelados no hay ningún asesino confeso ya que los nueve detenidos que admitieron su participación en los hechos continúan en prisión. La sentencia dictó también que seis de los indígenas presos deben ser juzgados de nuevo sin las pruebas consideradas ilícitas. Desde hacía nueve años, decenas de detenidos esperaban el dictamen en primera instancia de un juez, que no llegaba. El juicio no fue otra cosa que "la construcción de una historia para acallar conciencias", según el también jurista del CIDE José Antonio Caballero. "No se trata simplemente de fabricar pruebas, volver la vista hacia el otro lado y dejar que el paso del tiempo haga olvidar los acontecimientos", criticó y agregó que el sistema judicial mexicano "se está comiendo a la gente sin recursos". Ahora esperan que la fiscalía federal, que fabricó las pruebas que llevaron a prisión a los veinte inocentes, realice una investigación "pulcra" para deslindar responsabilidades, "hasta el nivel de autoridad que haya consentido estas irregularidades", según Caballero. El jurista apuntó que es posible que en un futuro se reclamen indemnizaciones para los excarcelados, que tienen una oferta de ayuda del gobierno chiapaneco para empezar otra vida lejos de sus comunidades. La razón, prevenir un rebrote de violencia en la zona por la liberación. La tensión tenderá a desaparecer, auguró Caballero. El trasfondo situaba a los fallecidos como simpatizantes de la guerrilla zapatista y a los paramilitares como cercanos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernante en Chiapas y en México. Los liberados no tienen prohibición de volver a sus lugares de origen, pero entonces no recibirían la ayuda gubernamental. En la revisión de este caso procesal participaron alumnos de Derecho del CIDE. "Con este caso te das cuenta de lo que realmente es el sistema penal y lo que no te enseñan en las aulas", apuntó a Efe Javier Zúñiga, uno de los estudiantes colaboradores. "¿Qué pasara día a día en los juzgados penales de cualquier reclusorio?", se preguntó el joven.