A pesar de que el edil de Texcoco ha presentado una denuncia en contra de Antorcha Popular por los fraccionamientos clandestinos, aún no ha tenido respuesta.
MEXICO.-El presidente municipal de Texcoco, Alberto Martínez Miranda acusó al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de avalar el asentamiento irregular que pretende crear la organización priísta Antorcha Popular en 41 hectáreas del predio agrícola Rancho Santa Martha, localizado en la comunidad de Santiago Cuautlalpan.
Reveló que la organización priísta levantó unas 200 "casitas de madera" aunque no para ser habitadas, sino para dar esa imagen.
Las casitas fueron construidas de manera improvisada para dar la sensación de que esta zona es habitable, sin embargo ninguna familia vive ahí debido a que no existen los servicios, ni el equipamiento por ser un predio de uso agrícola, acotó.
Martínez Miranda habló de la "supuesta inauguración" del asentamiento irregular por parte del director regional del gobierno del estado de México, José Luis Mayen, acto en el que estuvieron presentes Aquiles Córdova Morán, Jesús Tolentino Román, ex alcalde de Chimalhuacán, y Gloria Brito Nájera, ex regidora del municipio de Ixtapaluca.
Ante esta situación, el edil condenó que el gobierno del Estado de México lejos de aplicar y hacer respetar la Ley, se encargue de promover los asentamientos irregulares y respaldar a grupos de fraccionadores clandestinos sólo por ser afines a su proyecto político y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Señaló que hace 15 meses se interpuso la denuncia penal AV/ FEDF/ TEX/115/2007 ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Cometidos por Fraccionadores Clandestinos con sede en la Sub Procuraduría General de Justicia del Estado de México y hasta la fecha, la demanda se encuentra congelada.
Martínez Miranda lamentó que el despacho de la Secretaría de Gobernación con sede en Texcoco, que se encarga de dirimir los conflictos sociales y políticos de la zona, haya avalado la supuesta inauguración de un asentamiento clandestino.
Y por otra parte, también cuestionó a la PGJEM, porque no ha intervenido para hacer valer la normatividad, y por el contrario brinde protección a los fraccionadores clandestinos al archivar las denuncias penales contra antorchistas, por el sólo hecho de integrar las filas priístas.
Indicó que desde el año 2004 se estableció una veda inmobiliaria por 10 años para impedir la construcción de unidades habitacionales de alto impacto urbano y ecológico.
Asimismo, destacó que no dará marcha atrás a la negativa para autorizar la construcción de desarrollos habitacionales de alto impacto, y mucho menos para asentamientos irregulares, aunque los respalde el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.
Así como a las peticiones de Antorcha de otorgar servicios y equipamiento en asentamientos irregulares, a pesar de los embates para desestabilizar al municipio que organizan el gobierno estatal de Peña Nieto y los antorchistas de la zona oriente del estado de México.
