SIN LINEA
***Cancún: otra vez en el escándalo por sus alcaldes y policías
José SANCHEZ LOPEZ
DESDE hace lo menos 10 años, se han dado muestras de que las policías de Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, fueron infiltradas por el narcotráfico, pero no se habían dado afirmaciones tan directas y firmes como las hechas por el general ANASTASIO GARCIA RODRIGUEZ. El jefe de la 34 Zona Militar fu tajante al asegurar que las corporaciones policiacas de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen): "Están infiltradas por el narcotráfico, al menos en 90 por ciento y la infiltración es real, porque los policías figuran en las nóminas del crimen organizado; lo hemos comprobado". Precisó que ahora se puede afirmar que cualquiera que sea el número de elementos que tenga Cancún aparece en la narconómina. Los 14 sectores de esa policía están infiltrados, incluidos los de las delegaciones municipales de Puerto Morelos y Leona Vicario. Esta policía municipal se empezó a corromper desde que era jefe FRANCISCO VELASCO, ALIAS "El Vikingo", actualmente bajo proceso por delitos contra la salud y el alcalde era GREGORIO SANCHEZ MARTINEZ, alias "Greg", también detenido por presuntos nexos con el crimen y quien pretendía ser gobernador de Quintana Roo. Respecto a la corrupción en que caen los elementos de tropa, la explicación es simple, acotó el militar: "Los policías terminan cooperando con la delincuencia organizada porque son amenazados y no tienen garantías del Estado ni del Municipio. Si rechazan los sobornos de los cárteles de la droga, le dicen: "le entras o le entras, de lo contrario la primera que se muere es tu familia. En resumen dijo que toda la policía de Cancún está infiltrada por la delincuencia organizada y también la Policía Municipal de Playa del Carmen, pero no en la misma magnitud. Si bien el problema todavía no llega a los otros ocho municipios de la entidad, si advirtió que en el de Othón P. Blanco, donde está Chetumal, la capital del estado ya comenzaron a verse esa clase de situaciones por lo que es necesario hacer algo para evitar que también sea infiltrada por el narcotráfico. Los señalamientos del general GARCIA RODRIGUEZ están soportados con investigaciones reales, documentos y declaraciones ministeriales de narcotraficantes. Es decir, no fueron hechas a la ligera, como afirma el actual edil de Cancún, JULIAN RICALDE MAGAÑA, que ya advirtió haber enviado una carta a la Secretaría de la Defensa Nacional en la que, dice, pide que la SEDENA le explique (¿?) si se trata de un diagnóstico militar o una declaración personal. Mire usted, señor RICALDE, mejor debería de ordenar una investigación a fondo, de lo contrario podría repetirse la historia de algunos alcaldes de Cancún como: MAGALY ACHACH SOLIS, "La Gorda", GREGORIO SANCHEZ MARTINEZ, "El Greg" y otros, que no sólo se hundieron en el escándalo, sino fueron a la cárcel.***SI EL RIO SUENA, ES PORQUE AGUA LLEVA.****AU REVOIR.
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Nota 1.-
(EXCLUSIVA)
José SANCHEZ LOPEZ
A más de tres años de que dos Ministerios Públicos Federales, dos agentes de la desaparecida AFI, ahora Policía Federal Ministerial y cuatro policías federales preventivos; se apoderaron de miles de dólares, joyas, aparatos y demás objetos de valor, durante el cateo a un domicilio particular, además de que falsearon pruebas y testimonios para inculpar a los presuntos, la acusación contra los malos servidores públicos no prospera.
Tales señalamientos fueron hechos por el abogado Miguel Angel Luévano Villalobos, representante legal de los coacusados María de Jesús Avilés Meráz y Diego Palacio Cárdenas, quien puntualiza en el acta circunstanciada A.C./PGR/MEX1/NAU/359/2012 que los señalados los agentes del MPF: Dolores Mora Olarte y Grimaldo Guerrero Cajero Morales.
La acusación incluye a Iván Carmona Martínez y Abel Rodrigo Percastre Verde, agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como a los agentes de la Policía Federal Preventiva: Diana Ordóñez Hernández, Neftalí Estrada Aguilar, Tirzo Pérez Sánchez y Rogelio Victoria Vera.
Los hechos ocurrieron, señala la demanda presentada en la Delegación de la PGR en Naucalpan de Juárez, el 27 de agosto de 2009, cuando la titular de la Subprocuraduría de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) era Marisela Morales Ibáñez, actual procuradora general de la República.
El defensor de María de Jesús y Diego Palacio, cuyo juicio se desahoga en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federal dentro de la causa penal 95/2009, derivado de la averiguación previa UEIORPIFAM/212/2009, dijo que la causa penal se inició contra Daniel de la Garza Ruiz, Mónica Alvarez Hernández y Diego Palacio Cárdenas, mismos que fueron arraigados por 80 días.
Dentro de las diligencias, se llevaron a cabo diversos cateos a domicilios particulares, entre ellos el que se ubica en Fuente del Olivo 68-A, colonia Lomas de las Palmas, Huixquilucan, Estado de México, bajo la observancia y participación del Ministerio Público Cajero Morales y como testigos actuantes los agentes de la AFI y de la Policía Federal Preventiva.
Conforme a la denuncia, los servidores públicos se llevaron: 10 mil dólares, dos computadoras, cámaras digitales, medallas y cadenas de oro, un anillo con diamantes, argollas matrimoniales, bolsas de mano de prestigiadas marcas y hasta una vajilla de porcelana, todo ello de común acuerdo entre los participantes.
Pero además del saqueo que hicieron de la casa, señala el litigante en su acusación, los funcionarios alteraron los hechos en el acta circunstanciada, circunstancias que pueden ser debidamente probadas con los mismos videos que anexó a la indagatoria y con las diligencias de ampliación de declaraciones del propio MPF, Cajero Morales, de los agentes federales y de las declaraciones de Mariluz y Marian Palacio Avilés, hijas de sus defendidos.
Durante el cateo, los mismos agentes federales cubrieron con una sábana al señor Palacio Cárdenas, al tiempo que le propinaban de golpes, trato que se repitiera en el curso de las investigaciones e inclusive ya estando bajo arraigo.
Para el abogado Luévano Villalobos, hay evidentes contradicciones por parte de los servidores públicos que ponen en evidencia la fabricación de las acusaciones, y se pregunta dónde queda el actuar "de buena fe" del Ministerio Público, pues la ley no le concede el derecho a abusos y menos aún a delinquir, como parece ser que lo hicieron en el caso de sus defendidos.
Durante los hechos y hasta su consignación, indica el abogado Luévano, la titular de la SIEDO, ahora SEIDO porque cambiaron el orden de su nombre, era Marisela Morales Ibáñez y la denuncia no ha tenido respuesta, por lo que ahora apela a la "buena fe" de la procuradora Morales Ibáñez para que se proceda conforme a Derecho, se llegue a la verdad y se castigue a los malos funcionarios.
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