PACHUCA, Hgo.- Los 30 diputados que integran la LX Legislatura local aprobaron, durante la sesión ordinaria de este jueves, un exhorto dirigido al Secretario de Gobernación federal, Fernando Gómez Mont para que investigue flagrantes violaciones a los derechos humanos, agresiones y actos violentos cometidos en contra de ciudadanos, por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) destacados en la región de Zimapán.
Correspondió al diputado Carlos Ortiz Rodríguez (del PRI) presentar, en tribuna la denuncia a partir de las constantes y reiteradas acusaciones generales y casos específicos en donde los agentes policiacos han agredido física y psicológicamente a la población, contrario a su obligación de brindar seguridad, protección y confianza, dijo, la PFP ha generado incertidumbre y desconcierto.
A la denuncia presentada por Ortiz Rodríguez, representante popular del Distrito local de Zimapán, se sumaron los posicionamientos en la
tribuna de 8 legisladores de 4 fracciones parlamentarias.
A solicitud del propio denunciante y por la naturaleza del caso de urgente resolución, el pleno legislativo aprobó el exhorto por unanimidad.
En tribuna se sumaron los pronunciamientos a favor los diputados José Almaquio García Cravioto (PRI), Honorato Rodríguez Murillo (PVEM), Marcelo Escamilla Martínez (PRI), Arturo Sánchez Jiménez (PRD), David Reyes Santamaría (PAN), Mario Escamilla Mejía (PRI), Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI) y María Estela Rubio Martínez (PRD).
Todos ellos coincidieron en afirmar que no es posible tolerar ese tipo de acciones violatorias, por ello la PFP debe someterse irrestrictamente a lo que marcan las garantías individuales en la Constitución General del país, ya que sus facultades no deben implicar el uso irracional de la fuerza.
Los legisladores, dentro de la denuncia pública, dieron a conocer hechos plenamente documentados ante el Ministerio Público, con fechas, personajes, lugares y situaciones claras. Los casos se agravan porque la mayoría de ellos han sucedido en comunidades rurales.
Se tienen registrados robos, revisiones abusivas, golpes y destrozos a vehículos en las comunidades de Durango, Tinaja, El Durazno, La Encarnación, Camposanto del Oro, San José del Oro, Maguey Verde, incluso en contra de taxistas, comerciantes y profesores del municipio de Zimapán.
El diputado Carlos Ortiz pidió la investigación de los casos y la aplicación irrestricta de la ley.
Se puntualizó que esta no es la primera denuncia que al respecto hace la LX Legislatura ya que el pasado 25 de junio de 2009, también se envió exhorto al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora solicitando también investigaciones y reencauzar la conducta y actitudes de los agentes federales que han sido comisionados precisamente para salvaguardar la seguridad de la
Región por diferentes conflictos sociales.
También se aprobó por unanimidad un acuerdo económico mediante el cual exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su sala regional de Toluca, estado de México, para que en la medida de sus posibilidades y conforme a Derecho, se resuelva a la brevedad posible, el dictamen que se refiere a la impugnación de las elecciones extraordinarias para el ayuntamiento del municipio de Huazalingo.
La diputada María Estela Rubio (PRD) presentó el caso en tribuna y señaló que el triunfo electoral alcanzado por el partido del sol azteca, fue impugnado ante la Sala Regional de Toluca del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Añadió que la tardanza en la resolución ha motivado desestabilización y riesgo de gobernabilidad en el municipio ya que es la segunda ocasión en que se celebran elecciones y aún no es posible establecer una autoridad municipal.
Pidió al TEPJF que resuelva con justicia el caso para que regrese la tranquilidad a Huazalingo.
A favor de este acuerdo subieron a tribuna la diputada Yarely Melo Rodríguez (PRI) y Arturo Sánchez (PRD), quienes coincidieron en que la pronta resolución al caso en la sala de Toluca, dará certidumbre al libre ejercicio de votar de los ciudadanos de Huazalingo. Alfonso Espitia Gtz.
Correspondió al diputado Carlos Ortiz Rodríguez (del PRI) presentar, en tribuna la denuncia a partir de las constantes y reiteradas acusaciones generales y casos específicos en donde los agentes policiacos han agredido física y psicológicamente a la población, contrario a su obligación de brindar seguridad, protección y confianza, dijo, la PFP ha generado incertidumbre y desconcierto.
A la denuncia presentada por Ortiz Rodríguez, representante popular del Distrito local de Zimapán, se sumaron los posicionamientos en la
tribuna de 8 legisladores de 4 fracciones parlamentarias.
A solicitud del propio denunciante y por la naturaleza del caso de urgente resolución, el pleno legislativo aprobó el exhorto por unanimidad.
En tribuna se sumaron los pronunciamientos a favor los diputados José Almaquio García Cravioto (PRI), Honorato Rodríguez Murillo (PVEM), Marcelo Escamilla Martínez (PRI), Arturo Sánchez Jiménez (PRD), David Reyes Santamaría (PAN), Mario Escamilla Mejía (PRI), Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI) y María Estela Rubio Martínez (PRD).
Todos ellos coincidieron en afirmar que no es posible tolerar ese tipo de acciones violatorias, por ello la PFP debe someterse irrestrictamente a lo que marcan las garantías individuales en la Constitución General del país, ya que sus facultades no deben implicar el uso irracional de la fuerza.
Los legisladores, dentro de la denuncia pública, dieron a conocer hechos plenamente documentados ante el Ministerio Público, con fechas, personajes, lugares y situaciones claras. Los casos se agravan porque la mayoría de ellos han sucedido en comunidades rurales.
Se tienen registrados robos, revisiones abusivas, golpes y destrozos a vehículos en las comunidades de Durango, Tinaja, El Durazno, La Encarnación, Camposanto del Oro, San José del Oro, Maguey Verde, incluso en contra de taxistas, comerciantes y profesores del municipio de Zimapán.
El diputado Carlos Ortiz pidió la investigación de los casos y la aplicación irrestricta de la ley.
Se puntualizó que esta no es la primera denuncia que al respecto hace la LX Legislatura ya que el pasado 25 de junio de 2009, también se envió exhorto al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora solicitando también investigaciones y reencauzar la conducta y actitudes de los agentes federales que han sido comisionados precisamente para salvaguardar la seguridad de la
Región por diferentes conflictos sociales.
También se aprobó por unanimidad un acuerdo económico mediante el cual exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su sala regional de Toluca, estado de México, para que en la medida de sus posibilidades y conforme a Derecho, se resuelva a la brevedad posible, el dictamen que se refiere a la impugnación de las elecciones extraordinarias para el ayuntamiento del municipio de Huazalingo.
La diputada María Estela Rubio (PRD) presentó el caso en tribuna y señaló que el triunfo electoral alcanzado por el partido del sol azteca, fue impugnado ante la Sala Regional de Toluca del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Añadió que la tardanza en la resolución ha motivado desestabilización y riesgo de gobernabilidad en el municipio ya que es la segunda ocasión en que se celebran elecciones y aún no es posible establecer una autoridad municipal.
Pidió al TEPJF que resuelva con justicia el caso para que regrese la tranquilidad a Huazalingo.
A favor de este acuerdo subieron a tribuna la diputada Yarely Melo Rodríguez (PRI) y Arturo Sánchez (PRD), quienes coincidieron en que la pronta resolución al caso en la sala de Toluca, dará certidumbre al libre ejercicio de votar de los ciudadanos de Huazalingo. Alfonso Espitia Gtz.
