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El actual gobierno
municipal integra un expediente solicitar a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM) ejercite acción penal contra el ex
alcalde Amado Acosta García y otros dos ex ediles por “el quebranto en
que dejó a la administración pública municipal, anunció la presidenta
municipal de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez”.
Ante unos 200 habitantes adelantó que ha sostenido pláticas con
funcionarios del gobierno del Estado de México, con la intención de
solicitar la intervención de la PGJEM para que deslinde
responsabilidades a ex-alcaldes.
Agregó que esta institución deberá revisar y determinar la existencia de
elementos para ejercer acción penal en contra de los tres ex
presidentes municipales; Amado Acosta García, Gustavo Ávila Ordoñez y
Arturo Martínez Alfaro, que encabezaron la anterior administración,
La profesora Delfina Gómez aseguró que la contraloría municipal recaba
las pruebas que aportó la tesorería municipal sobre el desfalco que
alcanza los 400 millones de pesos e irregularidades en el desempeño en
la función pública de los tres ex munícipes.
Irritada apuntó que los ex servidores públicos cometieron latrocinios a
la administración por más de 400 millones de pesos y “esto no puede
quedar así”, en detrimento del bienestar y desarrollo de la sociedad
texcocana.
Aún cuando la auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México (OSFEM) concluyó hace unos 20 días, aún se desconoce el
resultado, comentó.
La presidenta municipal de Texcoco resaltó que existe un adeudo a
contratistas por casi 22 millones de pesos, a proveedores por 20
millones de pesos, no cubrieron 5 millones del Impuesto Sobre Producto
de la Renta (ISR) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
Asimismo dejaron una deuda de 115 millones de pesos a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), además en laudos laborales son casi 120
millones de pesos.
Además, pidieron un préstamo por 200 millones de pesos, la banca les
cobra 28 millones de pesos, por manejo de cuenta, penalizaciones,
comisiones, anualidades, entre otros conceptos irregulares e
inexistentes, recalcó.
Explicó que gastaron 72 millones en obra pública construida al “vapor” y
cuyos costos se presumen fueron “inflados”, para justificar los montos
del préstamo. Y los otros 100 millones los reintegran a la banca.
Destacó que a pesar de estar “etiquetados esos recursos los ex
funcionarios devuelven 100 millones de pesos a la banca”, cuando esta
decisión debió ser aprobada por el Congreso Mexiquense.
La cámara de diputados nunca recibió la petición para regresar los 100
millones a la banca. Y por regresar ese recurso la banca penalizó al
ayuntamiento 2009-2012 con más de 2 millones de pesos, por este tipo de
anomalías la PGJEM debe ejercer acción penal, refirió.
Asimismo, dejaron un faltante de 10 millones de los cheques de caja que
dejaron a la entrega de la administración y que no correspondió al
dinero que estaba depositado en los bancos, acusó.
Por lo cual, informó que se cuenta con las pruebas documentales para
solicitar a la PGJEM ejerza acción penal contra los ex mandatarios
municipales.
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