La Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
hizo público el día de hoy su Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance. Dicho informe fue presentado por el Sr. Javier Hernández Valencia, Representante en México de la ONU-DH y contó con
la participación y comentarios del Dr. Raúl Plascencia Villanueva,
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Mtra. Lía
Limón, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación; el Dr. José de Jesús Orozco Henríquez, Relator sobre
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; y el Sr. Edgar Cortez Moralez,
Miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Este Informe prosigue el trabajo presentado en el Informe temático sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México publicado en 2009 y la subsecuente actualización de 2010; ambos enfocados a llamar la atención e invocar la pronta y eficaz implementación de políticas públicas de prevención y protección en favor de los activistas mexicanos. La particularidad del presente documento es incluir además un balance de las recomendaciones contenidas en el primer documento y una primera evaluación del funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al cumplirse un año de la publicación de la Ley que lo creó.
En este sentido, el Informe toma como base 89 agresiones contra defensores de derechos humanos registradas por la ONU-DH entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, en las que 38% son amenazas, 13% injerencias arbitrarias, 12% hostigamientos, 11% privación arbitraria de la vida, 11% detenciones arbitrarias, 6% atentados, 7% uso arbitrario del sistema penal y 2% desaparición forzada. Respecto a los presuntos responsables de las agresiones registradas se encontró que en un 39% de los casos no han sido identificados, en el 38% son actores estatales, 12% agentes de la Administración Pública Federal, 5% operadores de justicia y 6% autoridades municipales.
Las temáticas más recurrentes en las que los defensores agredidos trabajaban son, en orden de ocurrencia: derechos de la población migrante; derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas. Los estados con mayor incidencia de agresiones son Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal. En conjunto, todos estos datos ofrecen evidencia del alto grado de vulnerabilidad con el que las y los defensores de los derechos humanos aún continúan realizando sus tareas.
Las respuestas institucionales requieren todavía de redoblados esfuerzos para ser cabalmente eficaces, como se revela en el limitado número de casos para los cuales existe noticia oficial del inicio de investigaciones penal es, que alcanza a 37 agresiones, respecto de las cuales en cinco casos se identificó a los presuntos responsables y en ninguno se había dictado una sentencia firme.
Asimismo, el Informe también analiza el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 2009 por la ONU-DH, incluyendo los avances logrados y los retos pendientes. Entre los avances registrados están la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos en 2011; y la entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la posterior instalación del Mecanismo de protección. Como retos en estos temas se encuentran emitir las leyes secundarias que permitan la implementación legislativa del cambio constitucional y superar algunas debilidades en la implementación del Mecanismo de protección, tales como la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar las medidas de protección, la oportuna difusión del Mecanismo y la dotación adecuada de personal al propio Mecanismo.
También la ONU-DH valora las directivas y normativa emitida para regular el uso de la fuerza, que al ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación adquirieron plena obligatoriedad para las instituciones. Está pendiente aún emitir una legislación sobre el uso de la fuerza en plena concordancia con la normativa internacional aplicable al tema.
En 2012 las comisiones del Senado avanzaron en la aprobación de un proyecto de decreto por el que se reformaba el Código de Justicia Militar para restringir el alcance del fuero militar y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la justicia penal militar no es competente para conocer violaciones a los derechos humanos. La ONU-DH espera que estos avances se consoliden con la emisión de una nueva legislación sobre la materia.
Finalmente, el Informe ratifica el compromiso de la ONU-DH de continuar abogando por la adopción e implementación de las recomendaciones emitidas desde 2009, profundizando y perfeccionando aquellas en las cuales ya existen y se reconocen esfuerzos y acciones por parte del Estado mexicano. Todo ello sin olvidar que, mientras persistan elevados índices de impunidad respecto a los ataques contra las y los defensores de derechos humanos, el efecto de cualquier política o mecanismo de protección será limitado.
Este Informe prosigue el trabajo presentado en el Informe temático sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México publicado en 2009 y la subsecuente actualización de 2010; ambos enfocados a llamar la atención e invocar la pronta y eficaz implementación de políticas públicas de prevención y protección en favor de los activistas mexicanos. La particularidad del presente documento es incluir además un balance de las recomendaciones contenidas en el primer documento y una primera evaluación del funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al cumplirse un año de la publicación de la Ley que lo creó.
En este sentido, el Informe toma como base 89 agresiones contra defensores de derechos humanos registradas por la ONU-DH entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, en las que 38% son amenazas, 13% injerencias arbitrarias, 12% hostigamientos, 11% privación arbitraria de la vida, 11% detenciones arbitrarias, 6% atentados, 7% uso arbitrario del sistema penal y 2% desaparición forzada. Respecto a los presuntos responsables de las agresiones registradas se encontró que en un 39% de los casos no han sido identificados, en el 38% son actores estatales, 12% agentes de la Administración Pública Federal, 5% operadores de justicia y 6% autoridades municipales.
Las temáticas más recurrentes en las que los defensores agredidos trabajaban son, en orden de ocurrencia: derechos de la población migrante; derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas. Los estados con mayor incidencia de agresiones son Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal. En conjunto, todos estos datos ofrecen evidencia del alto grado de vulnerabilidad con el que las y los defensores de los derechos humanos aún continúan realizando sus tareas.
Las respuestas institucionales requieren todavía de redoblados esfuerzos para ser cabalmente eficaces, como se revela en el limitado número de casos para los cuales existe noticia oficial del inicio de investigaciones penal es, que alcanza a 37 agresiones, respecto de las cuales en cinco casos se identificó a los presuntos responsables y en ninguno se había dictado una sentencia firme.
Asimismo, el Informe también analiza el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 2009 por la ONU-DH, incluyendo los avances logrados y los retos pendientes. Entre los avances registrados están la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos en 2011; y la entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la posterior instalación del Mecanismo de protección. Como retos en estos temas se encuentran emitir las leyes secundarias que permitan la implementación legislativa del cambio constitucional y superar algunas debilidades en la implementación del Mecanismo de protección, tales como la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar las medidas de protección, la oportuna difusión del Mecanismo y la dotación adecuada de personal al propio Mecanismo.
También la ONU-DH valora las directivas y normativa emitida para regular el uso de la fuerza, que al ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación adquirieron plena obligatoriedad para las instituciones. Está pendiente aún emitir una legislación sobre el uso de la fuerza en plena concordancia con la normativa internacional aplicable al tema.
En 2012 las comisiones del Senado avanzaron en la aprobación de un proyecto de decreto por el que se reformaba el Código de Justicia Militar para restringir el alcance del fuero militar y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la justicia penal militar no es competente para conocer violaciones a los derechos humanos. La ONU-DH espera que estos avances se consoliden con la emisión de una nueva legislación sobre la materia.
Finalmente, el Informe ratifica el compromiso de la ONU-DH de continuar abogando por la adopción e implementación de las recomendaciones emitidas desde 2009, profundizando y perfeccionando aquellas en las cuales ya existen y se reconocen esfuerzos y acciones por parte del Estado mexicano. Todo ello sin olvidar que, mientras persistan elevados índices de impunidad respecto a los ataques contra las y los defensores de derechos humanos, el efecto de cualquier política o mecanismo de protección será limitado.
