Garantizar empleo y derechos a periodistas
Ante los crecientes despidos de periodistas en múltiples empleos y medios de comunicación, por fin ha surgido una iniciativa en la que se puede garantizar el empleo ante la distribución ordenada de publicidad y propaganda gubernamental en los medios de comunicación pequeños y grandes del país. La iniciativa busca apoyar a los medios medianos y pequeños para que puedan sobrevivir y mantener su funciona social que es la de informar.
El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa para fortalecer el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el país.
La propuesta, que reforma los artículos 7º y 134 constitucionales, busca impedir un mayor debilitamiento de las estructuras garantistas que debe mantener todo Estado de Derecho y responder a las necesidades surgidas por las constantes agresiones en contra de los periodistas.
Incluso, en el Pacto por México y en el Plan Nacional de Desarrollo se establece el compromiso para avanzar en estrategias que permitan frenar el fenómeno.
No obstante, se han documentado asesinatos, detenciones arbitrarias e intimidaciones a periodistas por parte de la policía y otras autoridades. Así lo denunció Amnistía Internacional, en su último informe publicado el pasado 23 de mayo.
Encima, las propias empresas periodísticas son agresoras de los comunicadores y de la libertad de expresión por motivos de orden laboral o económico.
Faltan medidas legislativas que ayuden a prevenir y solucionar el problema que aqueja a los comunicadores.
El diputado Aguilar Vega destacó que de acuerdo con el Instituto Internacional de la Prensa, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, entre Pakistán, Somalia, Filipinas, Honduras y Brasil.
Es necesario poner el ejemplo contrario, mediante las modificaciones normativas para que México sea un país que no solamente reconozca el derecho humano a la libertad de expresión y de prensa, sino que también garantice plenamente su ejercicio libre y pacífico, sin el riesgo de que la integridad física, libertad, seguridad y vida de los periodistas puedan verse amenazadas.
En este sentido, la iniciativa que se presentará mañana ante la Comisión Permanente pretende responder a esas necesidades sociales.
Se busca reformar el artículo 7º constitucional para prohibir a los gobiernos o las mismas empresas de comunicación, restringir, limitar o condicionar la actividad periodística por razones de intereses económicos o contractuales.
Ninguna persona que intervenga en el proceso de comunicación o de la información podrá ser reprimida, despedida, cesada o silenciada por la libre manifestación de sus ideas o pensamientos.
Es derecho de todos los mexicanos, recibir información veraz, responsable y oportuna, solo limitado por el derecho al honor, a la reputación, a la intimidad y a la presunción de inocencia.
La libertad de expresión y la libertad de prensa, así como la difusión de las ideas, pensamiento y de las opiniones, serán garantizados por el Estado. Por lo tanto, esta actividad tendrá como único límite lo previsto en esta Constitución.
En cuanto al artículo 134, se plantea que el gasto en propaganda gubernamental no podrá exceder del equivalente al 1% del presupuesto total asignado para el ejercicio fiscal correspondiente a la autoridad que ordene, ejerza o ejecute el recurso público destinado para tal fin.
