Transparentar órganos anticorrupción
Una de las vertientes que ha generado polémica en los círculos políticos en medio del escándalo por el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, es el pleito y filtración de actos de corrupción de corrupción de los comisionados del Instituto federal de Acceso a la Información (IFAI), en la que un grupo de comisionados acusan a otros y sacan a la luz viajes de la presidenta del organismo a Macao, con supuestos recursos del organismos y del erario público.
Otra de las situaciones que se han detectado son los casos de corrupción de funcionarios federales durante la pasada administración y que han sido denunciados por la Secretaria de la Función Pública, pero sin que se actúe contra los involucrados en los fraudes en varias dependencias, como es el caso de Comisión Federal de Electricidad y la Petróleos Mexicanos, donde se ha actuado contra las anomalías pero no contra otros que tiene cuentas pendientes y que ahora se escudan en el fuero político al haberse convertido en legisladores.
No hay que olvidar el caso de los "casineros", que fueron detectados entre altos funcionarios panistas en Gobernación que dieron permisos a diestra y siniestra a amigos y conocidos para el establecimientos de casas de juegos e incluso casinos, respetando las supuestas reglas de concesión establecidas por la dependencia para operar en México.
Estos acontecimientos y otros graves como el caso Granier han exigido a los legisladores a solicitar una reforma urgente que otorgue nuevas reglas de operación tanto de la SFP y del IFAI, para transparentar recursos y decisiones.
La reforma constitucional en materia de transparencia que votará en breve la Cámara de Diputados favorecerá la documentación de todos los actos que derivan del ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los servidores públicos, lo cual no ocurre hasta ahora.
Recientemente en el Foro Nacional de Análisis y Reflexión: La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, se dijo que es frustrante que las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal (APF) respondan que no tienen un documento, porque nunca se preocuparon en hacerlo, lo que hace inútil la acción del Instituto.
Lo anterior, dijo, plantea un reto cultural: empezar a crear archivos, a crear un historial documental de la tarea burocrática, que es absolutamente digna e importante. Otro reto, dijo, es reglamentar, en términos jurídicos, qué información es reservada y cuál, confidencial. Se refirió a dos temas en los que hay debate sobre quién debe determinar cuándo hay una violación grave a los derechos humanos o cuáles son las condiciones para abrir o no el secreto fiscal.
En la medida en que la ley establezca la información que se considere reservada o confidencial, y que se haga con exactitud, tendremos muchas posibilidades de abrir muchos campos que hoy están cerrados.
Se aseguró que la integración y la designación de los comisionados y el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), corresponderá determinarlo a las cámaras del Congreso de la Unión.
Además es urgente que en el país se construye un modelo para la rendición de cuentas y que en esta materia se ha podido avanzar bien. Los cambios constitucionales puedan atentar contra la soberanía de los estados, al dar facultades al Ifai para revisar resoluciones de los órganos garantes locales.
