organizaciones nacionales internacionales
Chiapas.- Organizaciones sociales nacionales e internacionales exigieron la liberación inmediata del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez a 12 años de su encarcelamiento injusto, ahora preso en un penal de máxima seguridad en Guasave, Sinaloa.
Decenas de Organizaciones y movimientos de América, Europa y África que mantienen una campaña de solidaridad en exigencia de la libertad del maestro rural bilingüe señalan en una carta enviada al presidente Felipe Calderón, que el caso del indígena, preso político de Chiapas, representa un caso emblemático de la ineficacia y violación a los derechos humanos cometidos por parte de las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia a nivel estatal y federal.
Originario del municipio El Bosque, Alberto Patishtán está preso injustamente desde el 19 de junio del año 2000, por delitos que no cometió, acusado de: homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo del ejército y lesiones calificadas, en un juicio cargado de violaciones al debido proceso, y sentenciado a 60 años de prisión.
El pasado mes de octubre Patisthán Gómez, fue llevado por petición del gobierno de Chiapas al penal de Guasave Sinaloa, cuando sostenía una huelga de hambre de 21 días junto con otros presos indígenas en el interior del penal de San Cristóbal de las Casas en demanda de su libertad.
Meses después un juez federal le concedió un amparo 1374/2011 para que fuera trasladado de regreso a Chiapas, pero las autoridades estatales se han negado a su cumplimiento, "confirmando con ello la constante y sistemática violación a sus derechos humanos".
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), y otros organismos, el profesor Patisthán es un activista que, desde la fe, promueve la defensa de los derechos humanos. En el año 2010 recibió, en manos del obispo Samuel Ruíz García, el Reconocimiento Jcanan Lum por su trabajo como defensor de los derechos humanos.
Durante su encarcelamiento en diversos penales de Chiapas, Alberto Patishtan organizó a indígenas campesinos pobres presos en organizaciones como La Voz del Amate y Voces Inocentes, donde con huelgas de hambre en los patios de las prisiones evidenciaron la inadecuada aplicación de la justicia en Chiapas, donde a los indígenas que se encuentran en detención frecuentemente se les niega el derecho a una defensa efectiva y juicios imparciales, logrando con ello la liberación de más de 130 presos.
En distintas ocasiones Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre el caso del profesor Patishtán de quien señala que existen evidencias disponibles sobre su detención, su juicio y su condena estuvieron colmados de irregularidades y abusos, incluyendo denuncias de tortura y malos tratos.
El caso también fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2010.
El profesor está preso desde el 2000 acusado de haber encabezado una emboscada y matado a seis policías en la localidad El Bosque en el año 2000.
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Piden "enganche" en apoyos para enfrentar sequía en Coahuila
Coahuila.- El Gobierno de Coahuila forzó a campesinos de General Cepeda a regresarle la mitad del recurso que les asignaron para mitigar los embates de la sequía, mediante el pago de un "enganche".
Y es que, aunque según la reglas de operación del programa Componente Atención a Desastres Naturales (CADENA), Estado y Federación aportan "peso por peso" a los beneficiarios, las autoridades coahuilenses les piden que devuelva la mitad del recurso, a través de depósitos.
En las reglas de operación de los programas de Sagarpa publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2011, se detalla la participación de Estado y Federación en CADENA.
Según esas reglas, el proceso de entrega de apoyos debería ser el siguiente: Gobierno estatal pone 1 peso y Gobierno Federal pone 1 más; así, el campesino recibe 2 pesos.
Sin embargo, lo que en realidad sucedió con los campesinos de General Cepeda fue que los ejidatarios depositaron 1 peso al Gobierno del Estado, éste lo toma como "suyo" y el Gobierno Federal pone el otro peso. Al final el campesino recibe 2 pesos, pero 1 es de él.
Para que la Federación liberara los recursos asignados a este programa, el Gobierno del Estado depositó 38 millones que le correspondían en una cuenta de Banorte, e inició la entrega de apoyos.
Autoridades coahuilenses emitieron cheques a nombre de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, bajo el rubro de "Apoyo Contingencias Climatológicas", del 30 de mayo del 2012.
Los montos entregados a los campesinos varían entre 2 mil 600 y 8 mil 800 pesos, mismos que se entregan a cambio de una ficha de depósito, por la mitad del monto, en la cuenta 0624319214, a nombre de la dependencia estatal.
Algunos campesinos se han visto obligados a recurrir a créditos para poder acceder a los beneficios de CADENA, como es el caso de Esteban Alamillo, del Ejido Porvenir de Jalpa, quien pidió prestados 900 pesos.
José Manuel Gil, coordinador de Proyectos y encargado de entregar los cheques a los beneficiarios en General Cepeda, expuso que es requisito entregar la ficha de depósito; sin embargo, dijo que desconoce la razón del pago de ese "enganche".
"Estamos solicitando como requisito saber que el productor ya hizo el depósito previo", expuso, "ellos (los beneficiarios) lo hacen con el objeto, se les resarce, ellos depositan una cantidad y el Gobierno los apoya con un total. Ellos depositan 900 y se les da los mil 800 pesos".
Hace unos días el gobernador Rubén Moreira Valdez declaró que necesitaban mayores recursos de la Federación para abatir los estragos de la sequía. Quince días después, Sagarpa difundió que se habían entregado mil 206.5 millones de pesos para los 38 municipios de la entidad; sin embargo, Noé Garza Flores, secretario de Desarrollo Rural del Estado lo negó.
Roberto Ruiz Silva, delegado de Sagarpa en Coahuila, sostiene que la Federación entregó el recurso para atender la sequía.
"Eso es un acuerdo del Estado con los productores", explicó, "nosotros ponemos íntegro el recurso que nos toca y el Estado es ejecutor".
Señaló que Sagarpa puso a disposición de Coahuila 66 millones de pesos, y actualmente el Estado dispone de una bolsa de 38 millones de pesos, además que se gestionan 21 millones más.
Dijo que se prevé apoyar 13 mil 136 productores de 13 municipios de Coahuila: Arteaga, Candela, Escobedo, General Cepeda, Parras, Saltillo, Sierra Mojada, Castaños, Francisco I. Madero, Ocampo, Ramos Arizpe, San Pedro y Torreón.
"Ellos (los beneficiarios) deberían estar recibiendo 600 por cabeza, hasta 45 cabezas; algo así como 28 mil pesos", profundizó, "en el caso de agricultura, son hasta mil 300 pesos por 10 hectáreas de riego temporal, ahí varía".
PIE DE FOTO: Incongruente enganche en Coahuila para apoyar a los campesinos.
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BREVES
1.-Espera Cozumel atraque de 12 cruceros
Cozumel.- Se mantiene en índices bajos la actividad de cruceros en Cozumel, a cuyos diferentes muelles estarán llegando 12 hoteles flotantes en el transcurso de la semana que comprende entre el 18 y el 24 de junio.
Se estima que de los 12 colosos de los mares estarán desembarcando unos 36 mil turistas, incluidos pasajeros y tripulación, quienes se calcula que generarán una derrama económica de 37 millones 40 mil pesos.
De acuerdo al programa de arribos difundido por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), los días más fructíferos para la actividad marítima de gran calado, serán el martes, cuando arribarán cuatro cruceros, que serán el Carnival Legend y el Carnival Conquest en la Terminal Marítima de Puerta Maya; así como el Carnival Elation y Carnival Paradise, ambos en Punta Langosta.
Además del sábado, cuando llegarán tres: el Carnival Elation y el Carnival Destiny en Puerta Maya, así como el Carnival Paradise en SSA México. El programa se complementa con un crucero el lunes, miércoles y jueves, respectivamente, además de dos el viernes. Ocho de los 12 colosos de los mares estarán atracando en el muelle Puerta Maya, así como dos en Punta Langosta e igual número en SSA México.
2.- Crece hasta 60% miedo a ser víctima de un delito en Jalisco
Un estudio del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C., arroja que en los últimos tres años el miedo a ser víctima de algún delito en el estado de Jalisco aumentó hasta en un 60 por ciento.
La investigación es avalada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y por algunas universidades y fundaciones de esta entidad.
Andrés Palomera Chávez, coordinador de la Unidad de Investigación Educativa de la Subdirección de Enseñanza e Investigación del Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca" comentó que, según el documento, la calle se percibe como el lugar más inseguro, mientras que la casa como el más seguro.
Explicó que sentirse amenazado trae consecuencias en el estado físico y mental de las personas, desde alteraciones en el sueño y en la alimentación, hasta sentir ansiedad, angustia y depresión.
"Se puede alterar la vida cotidiana, desde no querer ir a trabajar, no salir de casa, hasta dejar de visitar a las amistades, porque tienen actitudes sospechosas", explicó.
Además, "no querer ir de compras, ni alimentarse, tener problemas para dormir, pensamientos negativos, estar todo el tiempo en estado de alerta, sin descansar", mencionó.
Añadió que si la persona siente demasiado miedo y estrés, su funcionamiento general se reduce, el proceso de memoria y de pensamiento se hace más complicado para funcionar de manera adecuada. "En teoría podríamos responder más rápido, pero no de la manera adecuada", dijo.
3.- Retrasa gobierno de Calderón litigio en CIDH por Pasta de Conchos
Chihuahua.-El gobierno de Felipe Calderón solicitó una prórroga de dos meses para responder a la denuncia que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la Organización Familia Pasta de Conchos sobre la responsabilidad del Estado Mexicano en la violación de los derechos de 65 mineros que murieron hace más de 6 años en San Juan de Sabinas, Coahuila.
Con ello el organismo considera que se le quiere dar un trato electoral al caso en el que piden se finque responsabilidad al Estado por negarse al rescate de los cuerpos, casi de inmediato de ocurrido el accidente, expresó Cristina Auerbach, representante de las asociaciones civiles que presentaron la denuncia ante la CIDH.
La denuncia ante la corte internacional se interpuso en enero del presente años, y es a menos de 15 días de las elecciones que el gobierno federal determinó pedir una prórroga de dos meses, pasando las elecciones.
El organismo también emitió un comunicado en el que precisa que se trata de una estrategia de alargar el proceso para retardar el pronunciamiento de la CIDH sobre la admisibilidad del caso y el inicio del litigio sobre la responsabilidad del estado mexicano en la violación a los derechos humanos a los mineros muertos y sus familias.