Lino Javier Calderón
Con la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los
Delitos en Materia de Secuestro,se podrá potenciar y articular las
capacidades del Estado en el combate a ese acto ilícito, celebró el
presidente Felipe Calder{ion Hinojosa en un mensaje sobre esta nueva
ley.
Asimismo el mandatario refrendó el compromiso de utilizar toda la
fuerza del Estado para proteger a los ciudadanos, reconstruir y
fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la
procuración de justicia, a fin de encarar con decisión el desafío de
la criminalidad y recuperar la paz ciudadana.
Con esta ley "México gana", afirmó, porque permitirá atacar con mayor
eficacia y contundencia el secuestro y dotará a los gobiernos
estatales de más herramientas para enfrentar este flagelo.
El presidente de la República comentó que la falta de acción, la
irresponsabilidad y la pasividad convirtieron a la delincuencia en el
desafío más grande.
Al recordar que hay quienes afirman que lo mejor hubiera sido "no
meterse" con los criminales, dejó claro que por el contrario, "ese ha
sido el error" que proviene de la inacción, de la facilidad y en
ciertos casos, de la complicidad.
"La violencia no se terminará ni se reducirá si el Estado se
retrotrae, si las autoridades cierran los ojos a esta realidad. Por
eso tenemos el compromiso indeclinable, un compromiso irrenunciable
con la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos", enfatizó.
En un mensaje con motivo de la publicación de la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro en el Diario
Oficial de la Federación, Calderón aseguró que particularmente en
actos ilícitos como el secuestro o la extorsión, se mantendrá el
combate sin tregua y sin cuartel a la delincuencia.
De igual forma continuará la depuración y revisión de los cuerpos
policiacos y ministeriales, externó desde la Escalinata de la
residencia Miguel Alemán de Los Pinos, donde estuvo acompañado por su
esposa Margarita Zavala y por integrantes del gabinete de seguridad.
El jefe de Estado también reconoció que el secuestro ha representado
un enorme desafío para las autoridades de las entidades federativas y
"es también un reto para el gobierno federal".
Por eso, en estrecha colaboración con líderes sociales, poderes
públicos, autoridades estatales y municipales se ha reforzado la
ofensiva contra el secuestro.
La suma de esfuerzos ha permitido en los últimos cuatro años la
detención de tres mil 300 secuestradores y la desarticulación de más
de 600 bandas, además de que de 2007 a la fecha han sido liberadas más
de cuatro mil 100 víctimas de plagio en el país.
Sin embargo, admitió que este delito "sigue siendo tema medular de
preocupación ciudadana y un reto fundamental y prioritario para todas
las autoridades".
"Por ello, hoy que el Congreso ha aprobado esta ley y que procedemos a
promulgarla con esta fecha, podremos potenciar con ella y articular
las capacidades del Estado en el combate al secuestro", externó
Calderón Hinojosa.
En su mensaje destacó algunas características de la legislación
referida, como el endurecimiento de sanciones que van de 25 a 45 años
cuando se realice con violencia, y de 40 a 70 años si la víctima fuese
asesinada; además de que la pena de prisión es definitiva, sin
libertad preparatoria ni conmutación de condena.
En segundo lugar comentó que se prevé que el delito del secuestro no
prescriba, o sea, que será sancionable sin importar el tiempo que haya
pasado entre la comisión del delito y la presentación del inculpado
ante la justicia.
En tercer lugar indicó que, la legislación mejora la coordinación
entre las autoridades federales y estatales, al establecer con
claridad los casos competencia de cada una de ellas.
Los tres órdenes de gobierno estarán estrechamente vinculados, a
través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana,
para conocer las zonas de riesgo, intercambiar información, realizar
campañas tendientes a prevenir el delito y establecer relaciones de
colaboración con autoridades y organizaciones sociales, explicó.
También se fortalece el marco legal de las unidades antisecuestro, lo
que había sido un compromiso de los gobiernos estatales en el marco
del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Indicó que la ley da más solidez a la creación de dichas unidades y se
subraya la responsabilidad de los gobiernos locales para que todas las
entidades, sin excepción, cuenten con grupos de trabajo antisecuestro
funcionando a plenitud.
Calderón Hinojosa señaló que además se apoyará a las víctimas y a los
testigos de cargo, al prever la creación de un fondo para las víctimas
y para los ofendidos por los delitos previstos en la ley.
Dicho fondo servirá, entre otras cosas, para proporcionar atención
médica y psicológica, así como diversas garantías a las víctimas y a
los testigos en las investigaciones y procesos judiciales, subrayó.
Se incluyen, abundó, mecanismos específicos para la reparación del
daño a las víctimas; por ejemplo si ha desaparecido el dinero del
rescate, el juez podrá ordenar que se repare el daño con los recursos
que provengan del patrimonio de los bienes del propio delincuente y
que puedan ser embargados.
