- Consideran su labor “ejemplo” para otras instituciones
- Reconocimientos obligan a IFE a impulsar esquemas más amplios en la materia: Valdés Zurita
Al respecto, el presidente del Consejo General de este organismo, Leonardo Valdés Zurita, declaró que los reconocimientos externos y las evaluaciones positivas por la transparencia con la que el Instituto conduce sus tareas obligan a éste a continuar impulsando esquemas más amplios en la materia y asumir un compromiso más claro con el cumplimiento de la ley.
El IFE está comprometido con una vocación democrática que permita desarrollar una gestión pública marcada por el principio de la máxima publicidad, dijo Valdés al referirse a la evaluación otorgada por expertos que participaron en este ejercicio de revisión.
El grupo, cuyos integrantes gozan de reconocimiento en medios académicos, de consultoría y organizaciones civiles, tuvo como encomienda hacer una Evaluación de la legislación sobre transparencia en el ámbito federal, bajo el patrocinio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Su tarea consistió en hacer una revisión metodológica de los reglamentos sobre transparencia de los sujetos obligados distintos al Poder Legislativo.
En sus conclusiones, el panel de evaluación destacó la labora del IFE, como “un ejemplo de reglamentación para dichos sujetos, e hizo la siguiente descripción sobre su Reglamento de Transparencia:
“Es el mejor evaluado en este ejercicio. Esto se explica porque dicho ordenamiento responde de manera satisfactoria a una doble necesidad impuesta por su propia Naturaleza:
“Por un lado, brindar políticas de transparencia que hagan accesible la información propia del instituto y, por el otro, ofrecer mecanismos efectivos para garantizar el derecho de acceso a la información de los partidos políticos nacionales”.
Además, indicó que se trata de un reglamento con una estructura consistente que ofrece, para cada rubro relevante, desarrollos sin parangón en los casos de las demás instituciones.
Por ejemplo, otorga un amplio catálogo de principios de interpretación en clave garantista para proteger el derecho de acceso a la información (DAI); desarrolla criterios de clasificación de la información; puntualiza indicadores de gestión específicos, y contempla la creación de instancias internas para responder a todas las necesidades de transparencia del propio instituto y de los partidos políticos.
