Sin solución conflicto APIBCS-Baja Ferris
*Congreso del Estado se lava las manos en caso Baja Ferries-API
*El gobierno de BCS se declara incompetente, miles de afectados entre ciudadanos y empresas
Angel Iturralde
Como un asunto federal y administrativo ha sido calificado el conflicto entre la Administración Portuaria de Baja California Sur en el Puerto de Pichilingue con la empresa Baja Ferris por el cobro de una tarifa que cobra la API BCS a los usuarios de los ferris, tarifa que saca del mercado a la empresa al encarecerse los costos de transportación.
Baja Ferris que presta servicios entre los puertos de Mazatlán, Guaymas, Topolobampo y Vallarta con los puertos de la Península de Baja California (la Paz y Topolobampo), demandó penalmente a la API y a sus directivos, problema que tendrá que resolverse en tribunales en los próximos meses. Sin embargo los usuarios y transportistas son los más afectados, ya que el servicio no se realiza con la regularidad con la que se hacía cotidianamente.
Por su parte el Congreso del Estado se declaró incompetente en el conflicto mercantil entre la par estatal Administración Portuaria Integral (API) y la naviera (Baja Ferries) por el cobro de una tarifa y un supuesto adeudo millonario.
Debo de ser muy claro en este tema: Desconocemos la legalidad, desconocemos quien tiene la razón de fondo dijo el diputado Gil Cueva Tabardillo quien se dijo a favor de que "la naviera siga trabajando" estaremos muy atentos.
Baja Ferries, anunció que había una posibilidad de que el legislativo lograse detener este cobro pero al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Gil Cueva se lavó las manos a nombre del ejecutivo.
Emitió un desplegado dirigido este día a la Opinión Pública sudcaliforniana por la empresa naviera en el que solicita que el Congreso del Estado intervenga como receptor de recursos privados para mantenerlos en custodia mientras se solucionan las diferencias entre Baja Ferries y la Administración Portuaria Integral.
Sin embargo Gil Cueva dijo que el Legislativo es incapaz de mediar en este conflicto.En la XII Legislatura manifestó en un comunicado oficial "su preocupación por los hechos que se presentan entre las instancias antes señaladas y que de no darse una solución inmediata pueden llegar a afectar a la sociedad sudcaliforniana".
El Congreso del Estado de Baja California Sur convocó en dicho mensaje a las partes que mantienen la controversia a llegar a acuerdos por el bien de nuestra entidad.
Reitera que la Comisión de Comunicaciones y Transportes y de un grupo plural de legisladores dará seguimiento a este problema, será siempre atendido en función de las competencias del Poder Legislativo Estatal.
Ante la preocupación de empresarios y cámaras comerciales, quienes se dicen afectados por el arbitrario cobro, la paraestatal protegida por el Gobierno del Estado continúa reteniendo la carga que contrata a Baja Ferries sanción que determinó porque considera que la empresa le debe 50 millones de pesos por concepto de una tarifa que la empresa se reúsa a cobrar a sus clientes.
Por lo pronto el servicio de transbordadores que presta la naviera tiene ya un desfase de 24 horas debido al operativo que ha establecido API en su terminal de Pichilingue para cobrarle a la tarifa de la discordia únicamente a los clientes de Baja Ferries.
Critican Transportistas tarifa portuaria en terminales de la APIBCS
La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) se pronunció en contra de la tarifa denominada Acceso a Terminal Portuaria por considerar que es un cobro duplicado por pesaje que causa incertidumbre y podría encarecer los precios de los productos mexicanos en todo el País.
La gravedad del problema que se suscita en la terminal portuaria de Pichilingue, es un asunto del orden "administrativo que lo han venido haciendo jurídico" y por lo tanto, el ejecutivo estatal, no intervendrá en el conflicto entre Administración Portuaria Integral (API) y Baja Ferries
En un desplegado publicado en medios locales, firmado por su director general, Leonardo Gómez, la ANTP expuso que la Administración Portuaria Integral (API-BCS) aplica una tarifa que debería ser transparente y equitativa, y en la que poco se aprecian las condiciones de calidad, seguridad y competividad.
Pero también los transportistas locales se han manifestado contra esta medida. Francisco Díaz, quien se dijo proveniente de una familia de transportistas y representante de un grupo de empresas afectadas por el problema de tarifas que se vive actualmente en el puerto de Pichilingue en la capital del estado, se dijo preocupado por las afectaciones al precio de los diferentes productos que entran al estado por la vía marítima ante el conflicto que estalló entre la naviera Baja Feries y Administración Portuaria Integral.
Al puerto nomás vemos como lo pintan del partido en turno, y no podemos seguir así; yo no estoy desacuerdo con pagar este tarifa impositiva dijo Francisco Díaz, quien consideró que a aduana ya hacen declaraciones del peso, motivo por el cual Administración Portuaria Integral cobra a camiones y automóviles por igual al momento de abordar a los transbordadores de una empresa: Baja Ferries.
El transportista dijo que además del cobro por el cual sus compañeros transportistas han interpuesto una denuncia por fraude dado que están cobrando algo para lo que no tienen atribuciones en API, expresó que se está cobrando el estacionamiento y se están entorpeciendo los itinerarios de entrega de productos, lo cual a su parecer pudiera provocar un efecto en el aumento de los productos que manejan las empresas de transporte privado en Baja California Sur.
Además el transportista exhibió como en otras puertos del país como en Ensenada y Topolobampo, el cobro del uso de la báscula, aspecto que API cobra en el concepto de Acceso a Terminal Portuaria, no rebasa los 40 pesos en ninguno de los dos puertos en los que el pesaje es sólo un servicio que la terminal otorga a solicitud de los transportistas.
"En cambio, en La Paz, API intenta cobrarnos una taifa muy por arriba superior de lo que cobra el resto del país y nos está obligando a pagarlo mientras su terminal es deficiente, anticuada que solo cambia la pintan del color en turno sin mejorar el servicio que ofrece" acusó.
El transportista lamentó la desaparición de un comité de usuarios del puerto como existía cuando el puerto era administrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instancia a través de la cual los afectados por esta problemática podrían hacer una denuncia en conjunto.
Sin embargo el empresario del transporte privado, a título personal no dudó en considerar una implosión el cobro que está provocando retrasos de hasta 24 horas tanto en las salidas y llegadas al puerto de Pichilingue.
"Lo que está haciendo el puerto es una imposición, en lo personal yo estoy pagando al puerto pero no estoy de acuerdo, es puerto nos obliga a pasar por la famosa báscula pero hago un llamado a través de los medios para que la Comisión Federal de Competencia venga a investigar lo que esta imposición que tiene lugar en el puerto" exhortó.
Casi paralizado el puerto de Pichilingue
La gravedad del problema que se suscita en la terminal portuaria de Pichilingue, es un asunto del orden "administrativo que lo han venido haciendo jurídico" y por lo tanto, el ejecutivo estatal, no intervendrá en el conflicto entre Administración Portuaria Integral (API) y Baja Ferries. Así lo informó el gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, al opinar sobre el delicado asunto.
La opacidad en las relaciones de ambos entes (gubernamental y empresarial) ha sumado a distintos sectores a la lucha. Algunos deciden ignorar, como es el caso del Congreso del Estado mientras otros, desean una solución ( la Confederación Patronal Mexicana).
La responsabilidad, indicó el mandatario, recae en Jesús Robles González, director de API, a quien confió su capacidad en la resolución del apremio que afecta a transportistas y a la empresa naviera.
Baja Ferries, emitió un comunicado exigiendo al Congreso del Estado convoque y coordine una reunión para "el esclarecimiento de los puntos de controversia que se han venido señalando". Del mismo modo, propone que el encuentro sea televisado para informar a la sociedad sobre la problemática que se ha experimentado en el único puerto comercial de ciudad capital.
En otro tema, Covarrubias Villaseñor recordó su negativa al ingreso de la megaminería tóxica. Con la llegada de Los Cardones – con su equipo de comunicación – atenta con quedarse con una parte de la Biósfera de Sierra La Laguna para poder conseguir el metal precioso.
Sobre el asunto de Jonathan Hernández Ascencio, el político neopanista, dijoignorar acerca del nuevo movimiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pero confía que harán su trabajo.
Covarrubias Villaseñor fue abordado durante la inauguración de la Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP), en donde acudió su esposa, "la ganadora¨ del premio Tonantzin, María Helena Hernández de Covarrubias.
