Agotado el fuero legislativo.
A lo largo de la historia reciente de México, múltiples son los caso de legisladores que se han visto involucrados en diversos delitos a los que no se les puede imputar por el fuero constitucional y legislativo que los protegen, mientras son diputados locales y federales y senadores de la república, incluso altos funcionarios del gobierno federal. Fuero que ha alcanzado y favorecido a gobernadores de los estados. Tan sólo como ejemplo recordar el fuero constitucional, que protegió al entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, que no pudo ser detenido durante su gestión luego de que la PGR documentó y pudo probar el involucramiento de éste con el narcotráfico.
Otros legisladores con la impunidad lograron que firmas particulares se hicieran de ostentosos contratos de obra pública y en la adquisición de bienes secundarios del gobierno estatal o federal, organismos como el INFONAVIT donde diputados y senadores se hicieron de terrenos, playas y hasta ranchos, para luego fraccionarlos a favor de las grandes desarrolladoras. Algunos otros lograron jugosas ventajas al facilitar contratos y concesiones a particulares a favor de particulares en servicios de telecomunicaciones, TV abierta, Hoteles, servicios conexos en carreteras, aeropuertos electricidad y en petróleo. Negocios bajo la impunidad e ilegales que hicieron y fomentaron el florecimiento de grandes negocios y que facilitaron el crecimiento de una clase política corrupta.
Incluso hay casos de impunidad, descaro y prepotencia por parte de los legisladores que hasta en video y en hechos bochornosos se ha registrado el uso incorrecto del fuero legislativo y constitucional. Por ello, no solamente el fuero legislativo, sino en términos generales, el fuero constitucional, se ha vuelto inmoral privilegio de políticos, en escudo para violar la ley, en acto jurídico corruptor, en figura normativa que contribuye a la concentración descarada del poder y en el mayor impedimento para fortalecer la cultura de la legalidad. La eliminación y, en todo caso, la transformación del fuero, es una exigencia de la República, para mejorar los mecanismos de impartición de justicia.
Desde hace un lustro varias han sido las propuestas en la materia y apenas en los últimos trabajos que han tratado las iniciativas se ha logrado ha tomado fuerza los limites al fuero legislativo, que se aboca solamente cuando el legislador está haciendo su trabajo legislativo y dejarlo el demás tiempo de sus funciones al régimen de ciudadano común y corriente sujeto a peso de la justicia y al desafuero. Tal han sido los casos del desafuero a Andrés Manuel López Obrador y René Bejarano del desafuero que tuvieron que vivir por sus actos involucrados con corrupción.
El caso más reciente el del diputado federal Julio César Godoy Toscano, que abiertamente se presentaron pruebas de sus vínculos con grupos del crimen organizado; en este caso la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios
Cobra relevancia en este sentido, la iniciativa de propuesta consensada en El Pacto por México, que habrá de ser avalada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, para eliminar en el corto plazo el fuero legislativo, lo que se traduciría en un logro importante para la democracia, la justicia y la legalidad.
Hay que reconocer con aseguran varios analistas políticos en los que se destaca que el "fuero" resulta incuestionablemente un resabio de un sistema político autoritario y corruptor que entregaba y dispensaba patentes para incumplir y violar flagrantemente la ley. Cuántas veces el fuero no ha servido para encubrir y proteger a legisladores y gobernantes ladrones y criminales, que han provocado daños inconmensurables a la sociedad, sin que se les pueda castigar y aplicar la fuerza de la ley, debido a que se escapan por el sendero de la impunidad.
El fuero constitucional, abarca según diversos estudios doctrinarios, por lo menos tres implicaciones y manifestaciones: 1).-la imposibilidad de proceder penalmente contra determinados servidores públicos de alta jerarquía, sin agotar previamente un procedimiento para privarlos de ese privilegio; 2).-la responsabilidad jurídica de los legisladores en cuanto a las consecuencias derivadas de la manifestación de sus opiniones en el desempeño de su cargo; y 3).-los supuestos normativos específicos y la forma de enjuiciamiento en caso de que se acuse penalmente al presidente de la República.
El fuero tiene su origen en el derecho inglés, en el siglo XIV, cuando los miembros del parlamento arrancaron al Rey la concesión de ser juzgado por sus propios pares. En el caso de nuestro país, la figura del fuero se ha hecho presente a lo largo de la historia del derecho mexicano, de 1824, a la fecha, y la actual Constitución de la República, lo contempla de manera precisa en sus artículos 61 y 111.
El reconocido constitucionalista mexicano Ignacio Burgoa señala en relación a este tema que "la finalidad del fuero no estriba tanto en proteger a la persona del funcionario, sino de mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno". Al respecto el ilustre Don Felipe Tena Ramírez precisó en su tiempo, que el fuero no tuvo, jamás, como objetivo, instituir un privilegio. Esa ha sido, por lo tanto, una perversión y deformación interpretativa del derecho. El fuero protege hoy en día, de manera privilegiada, a legisladores, regidores, síndicos, presidente de la república, gobernadores, magistrados, alcaldes y a una gran cantidad de servidores públicos de primerísimo nivel, lo que hace, entre otras cosas, que se viva en un estado de derecho de excepción, y que conduce a la existencia de una taxonomía de mexicanos de primera y de segunda.
