México lanza amplio acuerdo contra la delincuencia
IBLNEWS, AGENCIAS
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Con el reconocimiento del presidente Felipe Calderón de que "la forma tradicional de combatir la inseguridad ha sido insuficiente", los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial aceptaron el acuerdo que establece plazos de entre 30 días y tres años para llevar a cabo 74 compromisos, y cuyo cumplimiento será vigilado por un observatorio ciudadano.
Al llamado "Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad" se sumaron gobernadores, alcaldes, medios de comunicación y organizaciones religiosas, sindicales, campesinas y ciudadanas para hacer ajustes en sus ámbitos de competencia y promover una cultura de la denuncia.
El compromiso a más corto plazo asumido es concentrar a todos los procesados por delincuencia organizada y narcotráfico en penales de alta seguridad en un plazo no mayor a 30 días, en un intento de minimizar riesgos debido a que muchos permanecen en cárceles estatales.
El de más largo plazo es la creación de un sistema único de identificación personal que se utilizará en los trámites legales más importantes, el cual se espera materializar en tres años.
También se acordó realizar evaluaciones en un plazo no mayor de un año al personal federal policial y de procuración de justicia; desarrollar en seis meses una estrategia nacional contra el secuestro, que ha visto un repunte de 9,1% en lo que va del año, y en no más de dos años crear dos nuevos penales de máxima seguridad con áreas especiales para plagiarios.
Además incluirá el desarrollo en seis meses de una base de datos de teléfonos móviles para poder detectar su uso en tiempo real por parte de posibles delincuentes, junto con el establecimiento de un solo número telefónico nacional para atender emergencias y otro para denuncias anónimas.
El Ejecutivo se comprometió a enviar diversos iniciativas de ley al Congreso durante el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre en materia de seguridad pública y contra el secuestro, mientras que el Legislativo aceptó analizarlas y aprobarlas antes de que concluya el 2008.
En un lapso de tres meses, además, la Secretaría de la Defensa autorizará equipamiento con armas automáticas y un calibre superior a cuerpos de seguridad, mientras que la Secretaría de Hacienda aceptó modernizar en un lapso no mayor a dos años todas las aduanas del país para reducir el tráfico de armas y precursores químicos.
Las autoridades también se comprometieron a establecer en un año un sistema único de información criminal, que homologue la forma de incorporar y analizar datos sobre el crimen.
En tres meses quedará creado un observatorio ciudadano que vigilará y supervisará el cumplimiento de los compromisos.
Las autoridades acordaron reunirse nuevamente en un mes y en 100 días realizar una evaluación de los avances logrados.
Alejandro Martí, un empresario que perdió a su hijo de 14 años hace unos días tras ser plagiado y asesinado, advirtió que la sociedad estará vigilante y lanzo un reto a las autoridades: "Si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada".
El secuestro y muerte de Fernando Martí fue el detonante de una ola de indignación ciudadana que llevó a las autoridades a convocar precisamente el encuentro y la firma del acuerdo.
Calderón dijo que para avanzar en el combate al crimen es fundamental progresar en un nuevo modelo de formación policial a nivel federal, estatal y municipal, algunos de cuyos miembros se han vuelto cómplices de la delincuencia.
El mandatario añadió que se busca que haya "policías que cuiden a los ciudadanos y no a los delincuentes; que combatan a la delincuencia y no se hagan cómplices".
El secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García, reconoció que existe un alto grado de impunidad que ha dado incentivos a la delincuencia, que hoy ha incrementado su capacidad de fuego y organización.
"Además, se ha creado una contracultura delictiva, donde delincuencia es sinónimo de éxito", dijo.
México cuenta con cerca de 376.000 policías, de los cuales apenas poco más de 20.000 son federales y el resto estatales y municipales, los cuales tienen bajos niveles académicos: más de la mitad de ellos apenas terminaron la primaria.
Apenas asumió el cargo en diciembre del 2006, Calderón anunció un combate frontal al crimen organizado y el narcotráfico, en el que ordenó el despliegue de miles de soldados y agentes federales por los estados más afectados por la violencia.
Pero después de casi dos años, los niveles de violencia no se han reducido e incluso han tenido varios repuntes. Los secuestros también van en aumento.
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