Sedena y la necesidad de aclarar desapariciones
Desde que la Secretaria de la Defensa Nacional, antes Secretaria de Guerra, paso de un trabajo armado directo con los enemigos de la república, principalmente internos, al pasar a la estrategia de defensa nacional no había vivido una crisi de credibilidad y descréditos hasta que llegó el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, al declarar una guerra unilateral contra el crimen organizado que amenazaba la estabilidad de la nación. Sin embargo como hemos dicho y comentado antes las políticas macroeconómicas. Los crecientes monopolios y una política monetaria errática que empobrecieron al grueso de la población provocaron el crecimiento exponencial del crimen organizado y el reclutamiento de miles de jóvenes a las filas de las mafias ante las faltas de oportunidades de trabajo y estudio canceladas por las últimas administraciones estatales y federal de todos los partidos políticos.
Un momento desventajoso para las fuerzas armadas que tuvieron que pasar de apoyadores y apoyo institucional ante la tragedia de fenómenos naturales y defensa de la patria al directo enfrentamiento con bandas muy bien organizadas de los cárteles de la droga y del crimen organizado como es el caso del Cártel de Sinaloa, Los Zetas, El cartel del Golfo, La Familia Michoacana , los Caballeros Templarios y ahora los carteles que operan en Morelos y Guerrero: Los Guerreros y el Cártel Independiente de Acapulco, asó como el Cártel Jalisco Nueva generación.
De la noche a la mañana las fuerzas armadas se vieron envueltas en una espiral de violencia y el aniquilamiento entre los miembros del crimen organizado. La creciente desaparición y "levantones" del crimen organizado obligaron a esta institución a comenzar una estrategia diferente a la llevada a cabo por los otros cuerpos de seguridad como es el caso de la Armada de México y la Policía Federal. Y ante la ola delictiva en todo el país en los primeros años del gobierno calderonista las fuerzas armadas tuvieron que entrarle al paso de la llamadas estrategias federales como los Operativo Sinaloa, Operativo Chihuahua, Operativo Tamaulipas y en su caso Operativos Michoacán y Guerrero.
En el saldo de todas y cada una de las acciones para localizar narco laboratorios y casa de seguridad de la delincuencia organizada el Ejército Mexicano no le quedó otra que aplicar en muchos de los caso de detener al sujeto y averiguar después si era culpable o inocente. En muchos caso hubo de forma comprobada algunas violaciones de los derechos humanos e incluso el involucramiento de generales y miembros de tropa en el transporte y custodia de cargamentos de droga. De ahí que han surgido acusaciones de testigos contra generales del ejército que paulatinamente se han caído una a una, aunque en otros casi, si hubo vinculación directa.
En Morelos por ejemplo hubo el caso del asesinato de un jovencito, en Puebla la violación de una Mujer, y en Sinaloa la violación sistemática de los derechos humanos de militares contra familias enteras en las que no se les comprobó delito alguno. Incluso Amnistía Internacional (AI) a acusado a las fuerzas armadas de desapariciones de inocentes y de más de 100 caso documentados y al que el Estado Mexicano no le ha dado respuesta.
Ante esta evidencia hay una evidente demanda de que las fuerzas armadas den respuestas puntuales en estas acciones tanto del presente como del pasado para que la nación y en especial los mexicanos retomen su confianza en esta institución.
El daño que ha recibido la institución en la pasada administración es más que evidente ya que se les acusa de parte de los desaparecidos de la inútil guerra contra el crimen organizado por lo que está obligada a hacerlo y para que a pesar de los 100 años de histórica continua apenas celebrada en el Senado de la República, no se les juzgue como represores y queden manchados con una culpa que no es de ellos sino de malas decisiones del poder .
