Lamenta INMUJERES sentencia contra mujeres indígenas queretanas
Lino Javier Calderón
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) lamentó la sentencia
de 21 años de cárcel contra las indígenas Teresa González Cornelio y
Alberta Alcántara Juan, acusadas de secuestrar, el 26 de marzo de
2006, a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación en la
comunidad de Santiago Mexquitatlán, Amealco, Querétaro.
En un reporte el organismo explica que el pasado 19 de febrero de
2010, el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, ratificó
la sentencia de 21 años de prisión contra las mujeres, por
encontrarlas plenamente responsables del secuestro de los agentes,
acto que a decir de organizaciones defensoras de derechos humanos,
pretende revestir de legalidad la burda fabricación de un delito tan
grave como el secuestro.
Mediante un escrito, el Inmujeres, dependiente de la Secretaría de
Gobernación, considera que derivado del análisis jurídico de los
documentos a los que tuvo acceso y desde la perspectiva de los
derechos humanos; "había elementos suficientes para que hubieran sido
liberadas por esos cargos".
Indico que atendiendo su misión de promover y proteger los derechos
humanos de las mujeres, combatir la discriminación y violencia
motivada por razones de género, el INMUJERES ha dado un puntual
seguimiento al caso de las indígenas otomíes.
Recuerda que tal como sucedió en el caso de Jacinta Francisco Marcial,
Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, encontraron también
serias dificultades para acceder a un juicio justo bajo los parámetros
del debido proceso legal y de respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales de las mujeres.
El Inmujeres revela que por su condición de ser mujeres, indígenas y
tener precarias condiciones económicas, estas circunstancias se
tradujeron en actos discriminatorios, tales como dificultades para
acceder al debido proceso, que implica el derecho a la presunción de
inocencia.
Así como a una defensa efectiva, a contar con traductores, a una
justicia pronta, expedita e imparcial, entre otros derechos
reconocidos por el sistema jurídico mexicano y los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos.
No obstante, el organismo confía que con la apelación de este caso se
pueda corregir el veredicto del juez y se incorporen los estándares
internacionales de los derechos humanos y la perspectiva de género,
pues el Poder Judicial de la Federación se ha caracterizado por
incorporar estos preceptos en su quehacer institucional, a través de
la creación de la Coordinación General del Programa de Equidad de
Género del Poder Judicial de la Federación.
Lino Javier Calderón
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) lamentó la sentencia
de 21 años de cárcel contra las indígenas Teresa González Cornelio y
Alberta Alcántara Juan, acusadas de secuestrar, el 26 de marzo de
2006, a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación en la
comunidad de Santiago Mexquitatlán, Amealco, Querétaro.
En un reporte el organismo explica que el pasado 19 de febrero de
2010, el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, ratificó
la sentencia de 21 años de prisión contra las mujeres, por
encontrarlas plenamente responsables del secuestro de los agentes,
acto que a decir de organizaciones defensoras de derechos humanos,
pretende revestir de legalidad la burda fabricación de un delito tan
grave como el secuestro.
Mediante un escrito, el Inmujeres, dependiente de la Secretaría de
Gobernación, considera que derivado del análisis jurídico de los
documentos a los que tuvo acceso y desde la perspectiva de los
derechos humanos; "había elementos suficientes para que hubieran sido
liberadas por esos cargos".
Indico que atendiendo su misión de promover y proteger los derechos
humanos de las mujeres, combatir la discriminación y violencia
motivada por razones de género, el INMUJERES ha dado un puntual
seguimiento al caso de las indígenas otomíes.
Recuerda que tal como sucedió en el caso de Jacinta Francisco Marcial,
Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, encontraron también
serias dificultades para acceder a un juicio justo bajo los parámetros
del debido proceso legal y de respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales de las mujeres.
El Inmujeres revela que por su condición de ser mujeres, indígenas y
tener precarias condiciones económicas, estas circunstancias se
tradujeron en actos discriminatorios, tales como dificultades para
acceder al debido proceso, que implica el derecho a la presunción de
inocencia.
Así como a una defensa efectiva, a contar con traductores, a una
justicia pronta, expedita e imparcial, entre otros derechos
reconocidos por el sistema jurídico mexicano y los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos.
No obstante, el organismo confía que con la apelación de este caso se
pueda corregir el veredicto del juez y se incorporen los estándares
internacionales de los derechos humanos y la perspectiva de género,
pues el Poder Judicial de la Federación se ha caracterizado por
incorporar estos preceptos en su quehacer institucional, a través de
la creación de la Coordinación General del Programa de Equidad de
Género del Poder Judicial de la Federación.
