Pide banca fortalecer sistema judicial del país *Asegura la ABM que existe gran nivel de incumplimiento de contratos mercantiles Lino Javier calderón Ante un entorno adverso de crisis económica donde en la mayor parte de las entidades federativas del país se percibe influencia del Ejecutivo Local en la función judicial, así como insuficiencia en el número de juzgados y falta de capacitación de actuarios, sin embargo, ha mejorado lo relativo a la duración de los procedimientos mercantiles e hipotecarios, y la calidad de las instituciones judiciales locales. De acuerdo al estudio "Ejecución de Contratos Mercantiles e Hipotecas en las Entidades Federativas. Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucional local" que, por quinta ocasión, desarrolló el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la firma de abogados Gaxiola Calvo Sobrino y Asociados, y la calificadora Moody's de México, a petición del Consejo Coordinador Financiero (CCF). De acuerdo con la evaluación de Moody's, la cual parte del diagnóstico hecho por el ITAM y la firma Gaxiola, los estados mejor valorados fueron: Guanajuato, Baja California y Sinaloa. Los que resultaron con los indicadores más bajos son: Campeche, Chihuahua, Puebla y Veracruz. La mayoría de los estados se ubican en los niveles C3 y C4, un nivel promedio o inferior al promedio. Ignacio Deschamps, Presidente de la ABM y del Consejo Coordinador Financiero, resaltó que las instituciones financieras están muy comprometidas con este estudio, ya que comparten la convicción de que "en la medida que se fortalezca el estado de derecho en nuestro país, habrá una mayor actividad económica, más penetración bancaria y el otorgamiento de más créditos a menores costos", además, agregó, de que "este análisis ha contribuido con las autoridades locales en la promoción de un sistema jurídico más eficiente, autónomo e imparcial". Cabe resaltar que el objetivo del estudio, el cual se elabora desde 1999, es presentar un diagnóstico comparativo de diferentes variables institucionales estatales que inciden en la ejecución judicial de contratos, a fin de mejorar las decisiones de canalización de crédito e inversión, dar certeza jurídica a las personas físicas y empresas en la realización de sus contratos particulares, además de contribuir al desarrollo institucional local. Igualmente pretende abarcar el análisis de instituciones del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de la legislación de cada entidad federativa, sin implicar una valoración intrínseca de la justicia y los poderes judiciales locales. El estudio está sustentado principalmente en la percepción de abogados litigantes especializados en el tema a nivel nacional, así como en grupos focales, en datos oficiales obtenidos por medio de los tribunales superiores de justicia, en visitas de forma directa de los encuestadores a los tribunales de los 32 estados y en comparativos con datos de otros países. El Consejo Coordinador Financiero explicó que, a partir de los resultados del diagnóstico elaborado por el ITAM y la firma Gaxiola Calvo Sobrino y Asociados, S.C., la calificadora Moody's evaluó a las 32 entidades federativas con base a cinco categorías de eficiencia definidas por todos los involucrados y que se refieren al riesgo relacionado con la ejecución forzosa de contratos mercantiles e hipotecas, en virtud del grado de eficiencia de las instituciones locales. La escala de "Ejecutabilidad Contractual" de Moody's refleja la valoración del sistema judicial de un estado con relación a otras entidades y sólo para el año en cuestión: EC1: nivel más alto entre las entidades federativas; EC2: nivel superior al promedio; EC3: nivel promedio; EC4: nivel inferior al promedio y EC5: nivel más bajo. Las calificaciones EC2 a EC4 que presenten el modificador "+" indican una posición más favorable respecto al resto de los que integran su categoría.
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