Aplica gobierno espurio política de despojo social en Vivienda
La política habitacional promovida por el gobierno espurio relega las necesidades sociales para orientarse hacia objetivos financieros.
1.-No obstante la propaganda oficial en materia habitacional, durante el sexenio anterior la inversión pública federal aplicada en forma directa a la vivienda fue menor a los 12 mil millones de pesos, lo que representó en términos reales menos de $20.00 por habitante anualmente. La Organización de Naciones Unidas considera que debe destinarse a este rubro el 6% del PIB; es decir, alrededor de 500 mil millones de pesos.
2.-La vivienda construida en mayor medida a partir de la década de los 70 ha correspondido al Infonavit. Se debe recordar que esta Institución promueve acciones de vivienda con las aportaciones de los trabajadores, por lo que es falso que el gobierno federal invierta recursos públicos en este rubro en la proporción que cotidianamente propaga. Cabe señalar que a esta dependencia sólo ha atendido al 14% de los derecho-habientes; es decir, ha concedido crédito a menos de 2 millones de trabajadores de los más de 14 millones que tiene registrados.
3.-Fonhapo, institución que, como su nombre indica, tiene como función promover habitaciones populares, cuenta con un presupuesto para este año de alrededor de 2 mil millones de pesos para otorgar poco más de 100 mil subsidios. Cabe recordar que este organismo cambió sus reglas de operación a partir del año 2000 con el objeto de convertirse en una banca de segundo piso y solamente otorgar créditos mediante un organismo intermediario financiero. Hay que señalar que esta dependencia se ha mantenido con sub-ejercicio durante los últimos años.
4. A la Conavi, antes Conafovi, la remiten este año al Ramo 6, sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no a Desarrollo Social que es a donde deberían asignarse recursos de subsidio para la población que percibe menos de 4 salarios mínimos. No obstante, le otorgan alrededor de 4 mil millones de pesos, 33 veces más que su presupuesto anterior, con el objeto de otorgar más de 100 mil subsidios para que en teoría las familias de escasos recursos puedan darlo como enganche para un crédito hipotecario a pagar durante más de 20 años. Evidentemente el enganche con recursos fiscales es para pagar sólo una mínima parte de los intereses, a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, con la intención de favorecer a los desarrolladores inmobiliarios privados y no a los sectores marginados de la sociedad. Los organismos nacionales de vivienda, cuya función debiera ser dotar de viviendas accesibles y decorosas a los mexicanos, como lo señala la Constitución Política, en realidad vienen haciendo lo contrario.
El Infonavit, principal institución nacional en la materia, obligada a proveer vivienda de utilidad social, como lo establece el Art. 1 de la ley que lo rige, y a fomentar la vivienda para los trabajadores, como su propio nombre lo señala, ha auspiciado el despojo del patrimonio de cientos de familias mexicanas en todo el país a través de despachos privados. Mediante la firma de contratos ventajosos, primero, y a través de presión judicial, después, este órgano ha lucrado con la necesidad de techo de la gente de menos recursos.
Tal situación se hace patente en los convenios judiciales promovidos por los representantes legales del Infonavit en los que se pretende que el demandado, nuevamente refrende la obligación de que en caso de quedar desempleado, el monto de sus mensualidades pase de un 25% del total de su salario a un 35% de último salario integrado. Es decir, el INFONAVIT, un organismo del Estado, lejos de velar por los intereses del trabajador, castiga el desempleo, producto de la política económica neoliberal implementada durante más de dos décadas.
Basados en el Artículo 49 de la Ley de Infonavit, dichos convenios judiciales establecen que el acreditado tiene que aceptar que de no pagar tres mensualidades consecutivamente o tres discontinuas en un año, el Instituto inicia un proceso de cancelación de su crédito, con el consecuente “riesgo de perder su patrimonio y todo lo que ha invertido en él”.A los trabajadores desempleados se les demanda, mediante despachos particulares como SCRAP 2 y Recuperadora de Deuda Hipotecaria y Grupo Acser; entre otros, el pago inmediato de la deuda total del inmueble objeto del crédito o su desalojo, sin tomar en cuenta los recursos que con base en el ahorro aportaron previamente para la adquisición de dicho patrimonio, ni las mensualidades erogadas.
Estos son algunos ejemplos de la política social que ejerce el gobierno espurio. El riesgo ahora es aún mayor al tener contemplado a un sector de la población que gana 2 salarios mínimos - de acuerdo con las Reglas de Operación de la Conavi, publicadas en el Diario Oficial el 19 de febrero pasado - que por lo tanto es más vulnerable frente al desempleo y la política económica. Ahora con los recursos fiscales, producto de los impuestos que pagamos millones de mexicanos, se va a subsidiar a la oferta de vivienda de las empresas inmobiliarias para enganchar a la población más pobre que tendrá que pagar el crédito mensualmente durante 2 décadas y si queda desempleada en el camino, despojarla del inmueble, no tomar en cuenta lo erogado y volver a vender el bien a otro posible acreedor del nuevo subsidio.
Con los recursos fiscales asignados en el presupuesto de egresos podrían realizase miles de acciones de vivienda en todo el país mediante un esquema financiero solidario que tome en cuenta la capacidad de pago del acreditado. Con el fin de abordar esta problemática y presentar alternativas de solución se realizarán las siguientes acciones:
1.-La Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda (SAHUVI) celebrará Foros de Discusión y Análisis sobre esta situación.
2.- La Convención Nacional Democrática, a realizarse del 21 al 25 de marzo, instalará una Mesa de Trabajo relativa al Estado de Bienestar donde se discutirá el tema de la Vivienda.
3.- El correo electrónico al que se pueden dirigir es el siguiente: humanosyvivienda@gobiernolegítimo.org.mx
