Editorial/ Ley de Víctimas para reconstruir el tejido social

Ley de Víctimas para reconstruir el tejido social Luego de haberse vivido un periodo muy largo en la que se sumaban día con día el número de "levantados", desaparecidos, y asesinados, y también luego de que el Congreso de la Unión impulsó la llamada Ley General de Victimas, en la que se señalaba una larga lista de abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la Marina y la Policía Federal, también fue desaparecida la iniciativa ya aprobada el por mismo gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. La razón era darle tiempo a su administración para justificar el accionar de los cuerpos de seguridad en contra del crimen organizado pero que generó psicosis y miedo a estos grupos gubernamentales por los constantes abusos a los derechos humanos. Los casos se pierden en la noche de los tiempos de los que fue la adminstración calderonista  en la que hay documentados cientos de casos y de los cuales solo el uno por ciento de los mismos fueron atendidos por autoridades federales y estatales.  El gobierno de Felipe Calderón incluso justificó la mayoría de los casos ante el combate al crimen organizado que lo único que generó fue el aumento de desaparecidos y asesinados  de personas inocentes al confundírseles como criminales…Recientemente el caso de la miss Sinaloa comprueba los hechos, en la que los mismos criminales exigen se investigue  la muerte de una inocente  El reclamo de esta legislación se hizo  cada vez más creciente ante los más de 30 mil desaparecidos, de los cuales ni siquiera el cuerpo del ser querido ha sido recuperado. Tales son los casos de las madres de inmigrantes centroamericanas que demandan justicia ante los cientos de desaparecidos por su paso por México al tratar de lograr el "sueño americano".   El tiempo perdido por parte de Calderón y las largas para publicar esta ley busca limpiar de culpa a los cuerpos de seguridad de los abusos. Abusos que no pudieron ser dejados de lado en la culpabilidad de militares estacionados en Morelos  en lo que ahora se conoce como Caso Ramsés y donde un grupo de ellos secuestró a un jovencito confundiéndolo como narcomenudista y fue brutalmente interrogado hasta provocarle la muerte. Los militares fueron con el tiempo identificados y detenidos y ahora están sujetos a un proceso de la justicia militar. Por ello el anuncio  ha llenado de alegría y esperanza a los grupo de activistas de madres y familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y que demandan justicia e indemnización del daño a sus personas y vidas.  Llama la atención  que el presidente Enrique Peña Nieto al firmar la Ley General de Víctimas para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor al día siguiente, busca reconstruir el tejido social dañado en muchas comunidades del país como es el caso de Ciudad Juárez, y Culiacán, Sinaloa, Acapulco  y muchos pueblos  y m,unicipios de Tamaulipas y Michoacán . Con esto la administración de Peña Nieto se desiste de la controversia interpuesta contra dicha norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Esa acción del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se llevó a cabo prácticamente de inmediato y ahora sólo resta la firma del mandatario y su aplicación. Y ocurre a cinco semanas después de que Peña Nieto puso a la Ley General de Víctimas como uno de los puntos prioritarios en el mensaje que dirigió desde Palacio Nacional, tras haber rendido protesta ante el Congreso. Ante la nueva situación el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –uno de los principales colectivos que impulsaron la ley–, saludó la aprobación de la norma, a la que calificó de parteaguas en materia de derecho transicional y una oportunidad para regenerar el tejido social del país. Y han reiterado que es lamentable que se tuviera que construir una ley así, porque habla de la tragedia humanitaria (sic) de México, pero dentro de todo debemos reconocerla como un paso importante que todavía requiere mucho trabajo legislativo y la construcción de una cultura de la paz y de toda una serie de mecanismos para su puesta en marcha El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ha reiterado que la sola existencia de una nueva legislación no resuelve el problema de las víctimas de la violencia, pues no siempre dichos ordenamientos se traducen en cambios reales en la vida cotidiana de la gente o garantizan que los responsables de un ilícito sean castigados. El camino por hacer justicia es aun largo que ni un sexenio sirve para curar las terribles secuelas que dejó la guerra perdida de Calderón. Por ello esta ley debe ser un instrumento para lograr los objetivos de dignificar a las victimas de la delincuencia organizada.  Ya incluso el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, considera que la publicación de la ley es un signo positivo, pero afirmó que esta acción debe ir acompañada de otras igualmente importantes, como el diseño de una estrategia de seguridad pública que no esté basada en la militarización, y la resolución de todos los casos de violaciones de derechos humanos, incluidos los más emblemáticos. No hay que olvidar que aprovechando ese lapso en la que la ley supuestamente no estaba terminada, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa argumentó que el periodo de 30 días para presentar sus observaciones contaba a partir del primero de junio, por lo que la noche del primero de julio vetó la ley mediante una controversia constitucional, misma que fue sobreseída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de diciembre pasado, a solicitud de Peña Nieto. En conclusión un primer paso para recuperar algo de lo que hemos perdido permanentemente: la tranquilidad..