*Más de 350 personas han sido asesinadas en lo que va de año en la urbe mexico
MEXICO.-Al menos nueve personas han sido asesinadas en distintos hechos violentos registrados en las últimas horas en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos y donde esta semana se ha visto obligado a dimitir el jefe de policía, según informan fuentes de la fiscalía estatal.
El caso más reciente ocurrió en las primeras horas de este domingo, cuando dos jóvenes de entre 20 y 25 años fueron asesinados por un comando de hombres armados al sur de la ciudad y cerca del aeropuerto local. Los jóvenes fueron identificados por los vecinos como Javier Ramírez, apodado El sondo, y Miguel, a quien llamaban El vocal.
Las otras siete víctimas fueron asesinadas en distintas acciones la noche del sábado en un lapso de menos de cuatro horas, según la información oficial. Una de esas siete víctimas fue un joven, identificado como Luis Manuel Moreno, de 25 años, asesinado por hombres armados a bordo de una camioneta de color negro.
Horas después, cuatro hombres que viajaban a bordo de un vehículo fueron asesinados con ráfagas de alto calibre, en un barrio popular al sur de la urbe fronteriza. Los cuerpos quedaron en el interior del vehículo y aún no han sido identificados por los investigadores.
Finalmente se informó de la muerte de dos hombres que fueron tiroteados en el interior de una camioneta cuando intentaban huir de sus agresores.
La lucha entre bandas de narcos provoca la mayoría de los homicidios. No hay ni un solo día sin muertos en Ciudad Juárez. Según cifras oficiales, en lo que va de año han sido asesinadas en Ciudad Juárez, que pertenece al estado de Chihuahua, alrededor de 357 personas en acciones atribuidas al crimen organizado. Esta cifra a nivel nacional es de más de 1.000.
El año pasado, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron asesinadas en el estado de Chihuahua unas 1.900 personas en hechos ligados al crimen organizado, unas 1.600 en Ciudad Juárez.
*Otorga el contrato al consorcio formado por Halliburton y Servicios Profesionales Petroleros
MEXICO.-Da a conocer el fallo de la licitación pública internacional para la contratación de trabajos especializados con ese fin. La propuesta conjunta presentada por las empresas Halliburton de México, S. de R. L. de C. V. y Servicios Profesionales Petroleros, S. de R. L. de C.V., resultó ganadora
Compraron las bases cuatro empresas y tres presentaron propuestas económicas y técnicas El monto total a ejercer será de 98 millones 700 mil 679 dólares estadounidenses, más 11 millones 240 mil 315 pesos.
Con el propósito de incrementar la seguridad y la eficiencia durante la perforación, terminación y reparación de pozos, Pemex Exploración y Producción (PEP), contrató los "Trabajos de instalación, recuperación y anclaje de empacadores de producción, retenedores de cemento, empacadores recuperables y accesorios para los pozos de la Región Marina, Paquete A".
La contratación de estos trabajos especializados que se desarrollarán en la Región Marina permitirán:
a. Incrementar la seguridad del personal y preservar el medio ambiente. b. Proteger la presión del yacimiento y las operaciones de estimulación o fracturamiento de pozos. c. Evitar el contacto entre los fluidos producidos y el revestimiento. d. Aislar perforaciones recementadas. e. Mantener el flujo. f. Evaluar y controlar de forma inmediata el comportamiento de la producción de los yacimientos y probar la efectividad de las terminaciones y productividad de los pozos perforados y reparados.
La Región Marina se encuentra en aguas territoriales del Golfo de México, se divide en dos regiones (Noreste y Suroeste) y cubre una superficie de 518 mil 390 kilómetros cuadrados. En las regiones marinas se produce 80 por ciento del petróleo crudo del país.
La contratación de estos trabajos también permitirá a PEP optimizar sus recursos, le dará posibilidad de usar tecnología moderna a precios competitivos, así como reducir tiempos en sus programas operativos.
En la industria petrolera, un pozo debe ser perforado con seguridad, eficiencia y terminado con las mejores condiciones, por lo que se debe realizar una correcta selección del empacador durante las etapas de perforación, terminación y reparación.
El empacador proporciona un cierre o aislamiento entre la parte exterior de la tubería de producción y el interior de la misma para prevenir el movimiento de fluidos corrosivos indeseables y permite evaluar el comportamiento del pozo y valorar su productividad.
Para lo anterior, Pemex Exploración y Producción, en octubre pasado, convocó a las empresas interesadas a participar en la Licitación Pública Internacional T. L. C. No. 18575050-023-08, para la realización de dichos trabajos.
Las bases de licitación fueron adquiridas por cuatro empresas y se celebraron cuatro juntas de aclaraciones, durante las cuales se formularon y respondieron un total de 76 preguntas.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones se recibieron y aceptaron tres proposiciones para su posterior evaluación a detalle, cuyo resultado fue a favor de la propuesta conjunta presentada por las empresas Halliburton de México, S. de R. L. de C. V. y Servicios Profesionales Petroleros, S. de R. L. de C.V.
El monto total a ejercer será de 11 millones 240 mil 315 pesos, más 98 millones 700 mil 679 dólares estadounidenses.
Es importante mencionar que en un ejercicio de transparencia y para garantizar la imparcialidad durante el proceso licitatorio, se contó, en todo momento, con el acompañamiento preventivo de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y de representantes del Órgano Interno de Control de PEP.
MEXICO.-Lleva dos años y nueve meses en la cárcel. Habita una celda de tres metros por dos, en el módulo 3 del penal de alta seguridad del Altiplano. Purga una condena de 112 años y seis meses de prisión. Se llama Ignacio del Valle.
En su morada no hay noche ni día. La luz está encendida siempre. A veces disfruta de 35 minutos de sol diarios. Le revisan la correspondencia y los mensajes que le llegan. Lo someten a revisiones humillantes. Por su crujía se pasean 10 o 15 vigilantes encapuchados con perros. Le quitan sus escritos y los rompen. No sabe lo que sucede afuera. Puede hablar por teléfono 10 minutos a tarifas altísimas. A menudo, los guardias reducen ese tiempo a sólo siete u ocho minutos. Cuando sus parientes lo visitan, los custodios se prodigan en los malos tratos. Su padre y su hermano murieron estando él en prisión.
Nunca ha robado ni matado a nadie. No consume drogas ni las vende. No extorsionó a ninguna persona. Es un hombre honesto. Es un luchador social que defiende las tierras de su pueblo. No es delincuente. Sin embargo, comparte prisión con los más peligrosos criminales del país: asesinos, narcotraficantes y secuestradores.
Está acusado de los delitos de secuestro, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro equiparado. Fue detenido sin orden de aprehensión en una casa de la ciudad de Texcoco, estado de México, a varios kilómetros de distancia de su hogar, en San Salvador Atenco. Su verdadero delito fue protestar para defender a su pueblo; no rendirse.
Ignacio del Valle es campesino, serigrafista, carnicero y padre de familia. Durante años fue obrero en la zona industrial de Ecatepec. Laboró en empresas como Guanos y Fertilizantes. El trabajo era rudo y la paga escasa. En 1981 fue promotor de educación física en la zona de Ixtapaluca.
Hasta su detención, sembró una pequeña parcela de una hectárea de riego en su pueblo natal, San Salvador Atenco. De ella sacaba maíz, frijol, calabaza y hortalizas. A pedido, cocinaba barbacoa de borrego, res, puerco y pollo. Montó en su pueblo un taller de serigrafía, donde estampaba bermudas. Le iba bien cuando no había competencia, pero en cuanto comenzó a entrar el bordado el trabajo escaseó.
Ignacio nació el 31 de julio de 1953 en el seno de una familia como la que él formó después. Su padre era campesino y carnicero. Tuvo seis hermanas y un hermano. Con muchos sacrificios, sus padres lograron dar educación a todos: una es normalista, otra doctora; una, modista; la otra, secretaria. Él estudió sociología en la UNAM, pero no pudo terminar la carrera.
Convencido de la importancia de la educación, de joven, en su pueblo, junto a otros tres o cuatro amigos, se dedicó a alfabetizar a la gente de más edad que no sabía leer ni escribir. Se trataba de que salieran adelante. Abrieron primarias, secundarias y una preparatoria abierta. Querían llevar la cultura al pueblo. Formaron una biblioteca popular promoviendo el kilómetro de libros. Su gran sueño, establecer una universidad en su región, está pendiente.
Él y sus compañeros fundaron un grupo de apoyo comunitario. Ayudaban al pueblo y a su gente. Cuando algún vecino estaba muy grave y no tenía dinero lo metían al hospital. Para pagar la cuenta, juntaban 10 o 15 hombres y mujeres y donaban sangre. Ayudaban a gente que no conocían.
San Salvador Atenco era, a finales de la década de los 60, una comunidad rural ubicada a escasos 35 kilómetros de la ciudad de México que sufría los embates de la urbanización salvaje. Era un municipio desprovisto de servicios, cercado por la especulación urbana. Pero era, también, una localidad en la que sus habitantes, a decir de María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio, se sentían seguros. “Uno nació allí –asegura ella–. Puede caminar por donde sea sin causar problemas o que nos los causen. Somos libres. Es nuestro territorio. Sabemos lo que nos corresponde. Lo queremos y lo conocemos.”
En Atenco había unidad y respeto. Sobrevivían muchas costumbres de sus antepasados. Estaba vivo el amor a la tierra, la que "les da vida", y a la que se ve como un legado que hay que cuidar y traspasar a hijos y nietos. Aunque formalmente la presidencia municipal estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la comisaría de bienes ejidales y la junta de agua potable eran controladas por los ejidatarios y el pueblo.
Como ha explicado Damián G. Camacho Guzmán, antes de que, en 2001, los pobladores de ese municipio se movilizaran para defender sus tierras del decreto expropiatorio para construir el aeropuerto y formaran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, habían vivido un largo proceso previo de luchas comunitarias, municipales y regionales. En ellas fundaron organizaciones como la Unión Social Cultural de Atenco, Habitantes Unidos de San Salvador Atenco, Frente Popular Región Texcoco y el Frente Popular del Valle de México.
La movilización social permitió arrancar a los distintos gobiernos la solución a sus demandas más sentidas: pavimentación, canchas deportivas, hospitales, biblioteca, auditorio, agua potable. Simultáneamente, se convirtió en la vía para enfrentar, con éxito desigual, aumentos en los impuestos prediales, expropiación de terrenos, construcción de carreteras sobre tierras ejidales y el trasvase de sus acuíferos a la ciudad de México.
Ignacio del Valle estuvo al frente de estas luchas. Ejerció un liderazgo genuino y desinteresado. Lejos de corromperse, se mantuvo fiel a su comunidad. Defendió las tierras de su municipio cuando unos cuantos poderosos quisieron hacer grandes negocios con ellas.
Ignacio es un artista nato. En el penal dibuja sobre papel con bolígrafo y, cuando puede, colorea sus obras. Escribe también largas cartas. En una de ellas, enviada a sus compañeros el 22 de octubre de 2008, escribió: "¡Del tamaño de nuestra sentencia, de este mismo es el miedo que nos tienen!" No le falta razón: la monstruosidad de su condena es una advertencia a todos aquellos que se atreven a decir al poder: ¡no!
A pesar de que el edil de Texcoco ha presentado una denuncia en contra de Antorcha Popular por los fraccionamientos clandestinos, aún no ha tenido respuesta.
MEXICO.-El presidente municipal de Texcoco, Alberto Martínez Miranda acusó al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de avalar el asentamiento irregular que pretende crear la organización priísta Antorcha Popular en 41 hectáreas del predio agrícola Rancho Santa Martha, localizado en la comunidad de Santiago Cuautlalpan.
Reveló que la organización priísta levantó unas 200 "casitas de madera" aunque no para ser habitadas, sino para dar esa imagen.
Las casitas fueron construidas de manera improvisada para dar la sensación de que esta zona es habitable, sin embargo ninguna familia vive ahí debido a que no existen los servicios, ni el equipamiento por ser un predio de uso agrícola, acotó.
Martínez Miranda habló de la "supuesta inauguración" del asentamiento irregular por parte del director regional del gobierno del estado de México, José Luis Mayen, acto en el que estuvieron presentes Aquiles Córdova Morán, Jesús Tolentino Román, ex alcalde de Chimalhuacán, y Gloria Brito Nájera, ex regidora del municipio de Ixtapaluca.
Ante esta situación, el edil condenó que el gobierno del Estado de México lejos de aplicar y hacer respetar la Ley, se encargue de promover los asentamientos irregulares y respaldar a grupos de fraccionadores clandestinos sólo por ser afines a su proyecto político y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Señaló que hace 15 meses se interpuso la denuncia penal AV/ FEDF/ TEX/115/2007 ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Cometidos por Fraccionadores Clandestinos con sede en la Sub Procuraduría General de Justicia del Estado de México y hasta la fecha, la demanda se encuentra congelada.
Martínez Miranda lamentó que el despacho de la Secretaría de Gobernación con sede en Texcoco, que se encarga de dirimir los conflictos sociales y políticos de la zona, haya avalado la supuesta inauguración de un asentamiento clandestino.
Y por otra parte, también cuestionó a la PGJEM, porque no ha intervenido para hacer valer la normatividad, y por el contrario brinde protección a los fraccionadores clandestinos al archivar las denuncias penales contra antorchistas, por el sólo hecho de integrar las filas priístas.
Indicó que desde el año 2004 se estableció una veda inmobiliaria por 10 años para impedir la construcción de unidades habitacionales de alto impacto urbano y ecológico.
Asimismo, destacó que no dará marcha atrás a la negativa para autorizar la construcción de desarrollos habitacionales de alto impacto, y mucho menos para asentamientos irregulares, aunque los respalde el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.
Así como a las peticiones de Antorcha de otorgar servicios y equipamiento en asentamientos irregulares, a pesar de los embates para desestabilizar al municipio que organizan el gobierno estatal de Peña Nieto y los antorchistas de la zona oriente del estado de México.
