El 68 mexicano: del autoritarismo a la impunidad
MTI /La Jornada/Gustavo Castillo García
Publicada: Julio 21, 2008
La represión propició un cambio histórico en México
En 1968, en la capital del país se desarrolló un gran movimiento estudiantil, el más importante de la historia de México, el cual estalló ante la intransigencia y la represión gubernamentales, y –mucho se ha argumentado al respecto– fue un parteaguas que transformó la historia nacional. La movilización creció a niveles insospechados. Para contener el creciente descontento, el gobierno sacó las tropas a la calle. El Ejército tomó Ciudad Universitaria e instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En el ámbito político había una soterrada disputa entre el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), Alfonso Corona del Rosal, por la candidatura del PRI a Presidencia de la República. Desde 1956 despachaba en la embajada de Estados Unidos –según analistas y varios ex agentes, ésta era la segunda en importancia en el mundo, después de la que operaba en la ex Unión Soviética, debido a la posición geoestratégica de México– un jefe de estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), que era partidario de las dictaduras militares. Altos funcionarios gubernamentales se habían convertido en informantes de esa organización del espionaje estadunidense, entre ellos Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Fernando Gutiérrez Barrios y el propio Echeverría, de acuerdo con documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos.
El conflicto se inició en julio; de agosto a octubre el gobierno de México fue sacudido por las exigencias de jóvenes universitarios que clamaban por diálogo público, libertad para los pesos políticos y una reforma legislativa que derogara los artículos en que se sustentaba el delito de disolución social, entre otras demandas democráticas.
El 2 de octubre la represión alcanzó su punto máximo, cuando militares y francotiradores abrieron fuego contra miles de personas congregadas en un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Esto se daba en el contexto de la guerra fría. Movimientos similares por mayores libertades habían ocurrido en París, Berlín, Roma, Turín, Chicago, Londres, Barcelona y Berkeley, cuyos protagonistas también eran estudiantes.
Otra parte de ese contexto tenía que ver con que el gobierno mexicano preparaba los Juegos Olímpicos, los primeros que se celebraban en un país de América Latina.
Al cumplirse 40 años del inicio de esa irrupción estudiantil en la vida nacional, en un movimiento sin el cual no puede entenderse el desarrollo político, social y cultural de México en los años recientes, La Jornada ofrece a sus lectores, a partir de hoy, una serie en la cual contaremos la historia de lo sucedido entre el 22 de julio y el 2 de octubre de aquel año. La novedad del material que publicaremos es que mucha de la información proviene de documentos oficiales resguardados por el Archivo General de la Nación y que fueron obtenidos de la Procuraduría General de la República (PGR) mediante una solicitud de información pública.
El inicio: falta de libertades
En julio de ese año se conjuntaron intereses políticos, económicos, diplomáticos y militares para enfrentar lo que en el discurso oficial se definió como una “conjura comunista que buscaba desestabilizar al gobierno y entorpecer la justa olímpica”.
Los documentos oficiales evidencian que la movilización del 68 se inició y creció, además de por la cerrazón gubernamental y la falta de libertades democráticas que caracterizaban al régimen autoritario priísta de esos años, por las incesantes provocaciones y la represión policiaca en contra de los estudiantes, fundamentalmente universitarios y politécnicos, que se dio a partir del 23 de julio.
El Libro Blanco del 68, elaborado en aquellos años por la PGR, que contiene la versión oficial de lo sucedido, asegura que “el detonador” del conflicto fue que “algunos grupos de estudiantes y otras personas celebraban en la ciudad de México los aniversarios del 26 de julio de 1953, fecha de ataque al cuartel Moncada de La Habana, y que dio su nombre al movimiento revolucionario cubano”.
Según la autoridad, “esas conmemoraciones fueron precedidas, muy frecuentemente, por determinados disturbios o actos tumultuarios de protesta que evaden (sic) el marco de la simple celebración”.
El documento refiere que “en julio de 1966 y en julio de 1967 grupos estudiantiles y algunos miembros de organizaciones políticas de extrema izquierda, simpatizadores de la Revolución Cubana, aprovecharon la fecha para suspender temporalmente las clases en varios planteles de educación superior, capturando autobuses urbanos, provocando diversos desórdenes públicos y motivando así encuentros con la policía de la ciudad, aunque sin lograr mayores consecuencias”.
De acuerdo con dichos informes oficiales, en ese contexto ocurrieron los enfrentamientos del 22 y 23 de julio entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN contra los alumnos de la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en ellos tuvieron lugar actos de provocación perpetrados por las pandillas Los Ciudadelos y Los Araños, liderados por los porros Mario Ramírez, El Fish, y Santiago Alfonso Torres Saavedra, El Johnny, así como por la misteriosa intervención de un grupo de jóvenes ataviados con uniformes desecundaria, que más tarde se sabría que formaban parte del grupo que posteriormente se conoció como los halcones.
El 23 de julio los granaderos provocaron durante varias horas a los alumnos del Politécnico. Los uniformados lanzaron bombas de gas lacrimógeno y golpearon a estudiantes, profesores y empleados de las vocacionales. Los informes gubernamentales niegan que hayan ocurrido dichas agresiones policiacas.
Al día siguiente del enfrentamiento, el diario Excélsior publicó una nota que llamó la atención, en la cual se informaba que, mediante un boletín de prensa, la UNAM advirtió que “una revista extranjera, un periodista local y rumores de grupos con intereses manifiestos” iniciaron un “campaña contra la autonomía universitaria”, señalando, entre otras cosas, que “las universidades en Iberoamérica son como campos de entrenamiento de agentes subversivos”.
El 26 de julio, los estudiantes politécnicos agrupados en la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) realizaron una marcha para protestar por la represión de los días anteriores contra alumnos de las vocacionales 2 y 5. Ese mismo día, integrantes de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) y de la Juventud Comunista convocaron a una marcha y un mitin para conmemorar el 15 aniversario del asalto al cuartel Moncada, que dio inicio a la revolución cubana.
Según la PGR, luego de lo sucedido en la Ciudadela, “en la mañana del 26 de julio, líderes de la Juventud Comunista y de la CNED determinaron (…) enviar grupos de choque a la manifestación del Politécnico para provocar desórdenes, a fin de que tuviera que intervenir la policía y en esta forma se agravara el problema existente entre ésta y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional”.
La movilización de la FNET concluyó sin incidentes, pero algunos de sus integrantes se sumaron al acto de la CNED y exhortaron a éstos a marchar hacia el Zócalo, enfilando por las calles de Madero y 5 de Mayo. Al hacerlo estaban avanzando hacia una trampa, pues los granaderos le cerraron el paso a la vanguardia en la calle de Palma y a la retaguardia en la avenida San Juan de Letrán (hoy Eje Central Lázaro Cárdenas), mientras otros grupos de policías se lanzaban contra ellos desde calles perpendiculares a la ruta de la movilización.
En el centro de la ciudad se dieron múltiples choques entre policías y estudiantes, especialmente en los alrededores de las preparatorias 1 y 3, donde se habían refugiado algunos estudiantes que participaron en la marcha de la FNET.
Durante la noche, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y del Servicio Secreto allanaron las instalaciones del comité central del Partido Comunista. Detuvieron a varios de sus dirigentes y en otros puntos de la ciudad a una estadunidense, un puertorriqueño y un peruano. El gobierno diría más tarde que los comunistas recibían adoctrinamiento del extranjero para desestabilizar al régimen.
El Libro Blanco del 68 añade que el presidente Díaz Ordaz ordenó al Ejército, después de varios días de enfrentamientos entre estudiantes y policías, contener los “desórdenes” el 30 de julio, a solicitud de Luis Echeverría Álvarez y Alfonso Corona del Rosal, entonces titulares de Gobernación y del DDF, respectivamente.
La participación militar fue, según la versión oficial, “en auxilio de la Policía Preventiva” y en atención a “la agresividad de los estudiantes y la incapacidad de los granaderos” para controlar “los desmanes”.
Así, los mandos de las fuerzas del Estado que se involucraron en el conflicto eran mayoritariamente militares con grado de general y, aunque con distintos matices, todos eran anticomunistas:
El DDF era dirigido por el general Corona del Rosal; la policía estaba a cargo de Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero; el coronel Manuel Díaz Escobar encabezaba la Subdirección de Servicios Generales del DDF, en la cual creó un “grupo especial de vigilancia para instalaciones estratégicas como el Metro”, que luego se convertiría en los Halcones; Luis Gutiérrez Oropeza estaba al frente del Estado Mayor Presidencial (EMP) y formó el llamado Batallón Olimpia, grupo integrado por militares y policías que, vestidos de civil, al final del movimiento se encargarían de detener a estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco; Marcelino García Barragán se desempeñaba como secretario de la Defensa Nacional y Mario Ballesteros Prieto e la jefatura del estado mayor de esa dependencia; este último era uno de los encargados de las operaciones castrenses en la capital del país.
En ese entonces la radio comercial transmitía música de los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Bob Dylan, Joan Báez, Simon y Garfunkel, pero también de Rocío Durcal, Angélica María, Los Teen Tops, Los Rebeldes del Rock, Los Camisas Negras y Roberto Jordán.
En las artes plásticas se consolidaba la llamada Generación de la Ruptura, integrada, entre otros, por José Luis Cuevas, Rufino Tamayo, Manuel Felguérez, Pedro Coronel y Remedios Varo, quienes desde 1957 impulsaban un cambio en el arte del país para romper con la Escuela Mexicana de Pintura, corriente artística en la que participaban, principalmente, los muralistas.
Ataque en San Ildefonso
La madrugada del 30 de julio, soldados de la primera Zona Militar penetraron en las preparatorias 1, 2, 3 y 5 de la UNAM y en la vocacional 5 del IPN. En un hecho desmedido y sin precedente, los militares dispararon una bazuka contra el portón de San Idelfonso.
Al día siguiente se realizó un mitin frente a la rectoría de la UNAM, en el cual Javier Barros Sierra –cabeza de la institución– leyó un documento en el que condenaba la violación de la autonomía universitaria. El primero de agosto, el rector encabezó una manifestación de Ciudad Universitaria a Félix Cuevas, a la cual se sumaron estudiantes de Chapingo, del IPN y de la Normal de Maestros.
El 4 de agosto los estudiantes dieron a conocer su pliego petitorio de seis puntos, en el que exigían libertad de los presos políticos; destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea; desaparición del cuerpo de granaderos; derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, relacionados con el delito de disolución social; indemnización para los familiares de los muertos y heridos, víctimas de la agresión del 26 de julio en adelante, y el “deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades por conducto de la policía, granaderos y Ejército”.
El 5 de agosto los estudiantes politécnicos desconocieron a la FNET como su representante y constituyeron el comité de huelga del IPN. Tres días después se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), con 210 representantes, tres por cada escuela del IPN, la UNAM, Chapingo y la Nacional de Maestros. Se decidió que esa organización sería “el único interlocutor legítimo ante el Estado”.
La violencia fue en aumento, los estudiantes eran reprimidos por policías en cuanto los sorprendían realizando mítines relámpago, haciendo pintas o boteando, es decir, pidiendo ayuda económica de la población para sostener el movimiento. No obstante la pluralidad de corrientes que participaban en el CNH, se pudieron organizar movilizaciones multitudinarias a partir del 13 de agosto y se logró, además, que el Consejo Universitario apoyara sus demandas; lo mismo hicieron intelectuales, maestros y padres de familia.
El 27 de agosto las negociaciones con las autoridades no avanzaban y se realizó una manifestación que llegó al Zócalo. Los estudiantes tocaron las campanas de Catedral e izaron una bandera rojinegra en el asta bandera, frente a Palacio Nacional. Centenares de jóvenes decidieron permanecer en el Zócalo en demanda de diálogo público con el presidente Díaz Ordaz, pero la madrugada del día 28 fueron desalojados por policías y un contingente de infantería a bordo de tanquetas. Un total de 300 personas fueron detenidas. Al día siguiente, en un presunto acto de desagravio a la bandera, se dio una curiosa e inesperada rebelión de burócratas, que habían sido acarreados al Zócalo, quienes gritaban: “Somos borregos, beee, beee”.
El primero de septiembre, durante su cuarto Informe de gobierno, Díaz Ordaz advirtió que utilizaría “mano dura” contra el movimiento. El día 13 los estudiantes organizaron la que se conoció como la Marcha del Silencio, del Museo de Antropología al Zócalo, en la cual se calcula que participaron 300 mil personas, número insólito para una movilización en esos tiempos.
Cinco días después, el Ejército tomó Ciudad Universitaria y para el día 24 los militares se apoderan de los principales planteles del IPN ubicados en el casco de Santo Tomás y Zacatenco. El Libro Blanco del 68 de la PGR agrega que si el IPN hubiera sido “ocupado por sorpresa, como aconteció en Ciudad Universitaria, no hubieran tenido que lamentarse muertos y heridos”.
El gobierno consideró que esa acción había sido “justa, y que permitir que las escuelas se convirtieran en arsenales y reductos de motineros sólo daba ocasión a que aquéllos se sintieran fuertes y prolongaran el conflicto”.
El 22 de septiembre el rector Barros Sierra presentó su renuncia ante el Consejo Universitario debido a la ocupación militar de Ciudad Universitaria y de otras escuelas de la UNAM. El 27, la retiró y tres días después el Ejército entregó Ciudad Universitaria.
Una vez reabierta la máxima casa de estudios, el CNH ofreció una conferencia de prensa en la cual reiteró que el movimiento nunca se había propuesto boicotear los Juegos Olímpicos y que continuaría la huelga estudiantil hasta ver cumplido su pliego petitorio.
El primero de octubre se acordó realizar un mitin al día siguiente en Tlatelolco y luego marchar hacia el casco de Santo Tomás con la intención de pedir la salida del Ejército de las instalaciones del IPN.
A las cinco de la tarde del 2 de octubre se inició el mitin. Se calcula que había más de 8 mil personas en la Plaza de las Tres Culturas. Entre las 18:10 y las 18:15 horas, “dos helicópteros sobrevuelan el lugar y son disparadas dos luces de bengala. Casi al mismo tiempo, desde el edificio Chihuahua un francotirador dispara una ráfaga de arma semiautomática”. Comenzó la matanza. Aún hoy no se conoce con precisión el número de muertos. Centenares de estudiantes fueron llevados, entre otros lugares de detención, al Campo Militar número uno y luego consignados por diversos delitos.
En 1969, Díaz Ordaz se responsabilizó de lo sucedido, durante la lectura de su quinto Informe de gobierno. Luis Echeverría lo sucedería en el cargo.
Ya durante el gobierno de Vicente Fox, en 2000, se creó la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El 4 de enero de 2002 se iniciaron las investigaciones encaminadas a esclarecer, entre otros asuntos, los sucesos del 68.
A la fecha únicamente se encuentra sujeto a proceso penal por el delito de genocidio el ex presidente Luis Echeverría. Sin embargo, está en trámite una petición de amparo contra esa determinación judicial.
Artículo publicado en www.jornada.unam.mx
